Represión sindical en Carrefour: la empresa ‘amiga’ de Díaz caza al disidente

A pesar de que desde los poderes públicos y las cúpulas de multinacionales como Carrefour se insiste en que en España existe una adecuada representación de los trabajadores en las empresas, lo cierto es que pertenecer a sindicatos independientes es un riesgo para el mantenimiento del puesto de trabajo e incluso la salud mental. La persecución de delegados y miembros del comité de empresa es una práctica más habitual de lo que parece, sobre todo en sectores como el del comercio y la alimentación, donde organizaciones afines de las cúpulas directivas ejercen, en la práctica, como sindicatos amarillos.

PRÁCTICAS ANTISINDICALES

Lo que ya no es tan habitual es que empresas que han sido denunciadas por aplicar esta represión sindical lleguen a acuerdos con el Ministerio de Trabajo para lanzar campañas de buenas prácticas, destacando una ejemplaridad que no es real. Y eso es precisamente lo que ocurre ahora con Carrefour, la multinacional francesa con capital brasileño que –según denuncia la Confederación General del Trabajo (CGT)– lleva años realizan este tipo de prácticas antisindicales en los centros que tiene en España.

Una de las afectadas por esta represión sindical es Natacha Sánchez, que trabajaba en una subcontrata de Carrefour y que fue despedida en 2018. Pertenecía a la sección sindical de CGT en el centro de trabajo de Leganés donde llegó a formar parte del comité de empresa. Según el sindicato, su apoyo a una huelga de trabajadoras de limpieza fue determinante para que la empresa decidiera prescindir de sus servicios e incluso fue multada por la Ley Mordaza tras una intervención policial. 

CGT: «POR PARTE DE CARREFOUR EXISTE UNA ESTRATEGIA REPRESIVA, DE PERSECUCIÓN AL DISIDENTE, UN ÁNIMO DE REVANCHA Y CLARO EJERCICIO DE PERSECUCIÓN SINDICAL»

CGT considera que «detrás de toda esta estrategia represiva, hay un claro ejercicio de persecución a la disidencia y hacia los sindicatos combativos y de clase. Mientras por parte de Carrefour, entendemos que existe un ánimo claramente de revancha y un claro ejercicio de persecución sindical».

PAGAR POR ABANDONAR EL COMITÉ

Esto sucedió en 2018, pero la situación no ha cambiado mucho a tenor de las declaraciones realizadas por la afectada, que en una entrevista concedida a MERCA2 asegura que en estos momentos hay más trabajadores de la multinacional francesa en una situación similar.

«Los que no pertenecemos a los grandes sindicatos del sector sabemos que vamos a tener problemas, porque no nos plegamos a los intereses y los enjuagues que hacen estas organizaciones tanto con la empresa como con la administración que nos debería proteger. En estos momentos hay compañeros en centros a los que se les ha llegado a ofrecer dinero a los para que abandonen los comités de empresa de algunos centros de Carrefour«, afirma Sánchez.

Además, la ex delegada de CGT en Carrefour apunta a la complicidad del Ministerio de Trabajo para beneficiar los intereses de los grandes sindicatos a los que entrega subvenciones para lograr la “paz social”.

«Está claro que la multinacional estaba muy cómoda con los sindicatos amarillos Fetico, Fasga, CCOO y UGT, hasta que nuestro sindicato CGT, irrumpieron en Carrefour Leganés y en otros cuatro centros más de la Comunidad de Madrid, donde además de ella, fueron sancionados otros compañeros, miembros del comité de empresa de CGT», añade el sindicato.

YOLANDA DÍAZ Y SU RELACIÓN CON CCOO

Todo esto sucede bajo la gestión de una ministra responsable de las políticas laborales, Yolanda Díaz, que ha desarrollado su carrera bajo el ala de Comisiones Obreras (CCOO), sindicato en el que su padre Suso fue uno de los personajes más destacados y responsable de la formación en Galicia.

Un sindicato que, junto, con UGT, mantiene muy buenas relaciones con la ministra, la cual aspira a incluirlos en su proyecto político (SUMAR) desde el que está haciendo oposición al Gobierno a pesar de que ella misma es vicepresidenta tercera de ese mismo Ejecutivo.

En esta cruzada sindicalista Díaz ha escogido como uno de sus principales caballo de batalla el conseguir algún tipo de intervención de los precios de alimentos y productos básicos, una idea que surge en todo contexto inflacionario a pesar de que a lo largo de la historia este tipo de acciones siempre han provocado problemas de abastecimiento y el surgimiento de mercados negros de los bienes de primera necesidad.

EL ACUERDO DEL GOBIERNO CON CARREFOUR

Y en esta ofensiva política tiene un papel fundamental Carrefour, empresa escogida por Díaz para visibilizar su campaña eludiendo la represión sindical que, según CGT, realiza este gigante de la distribución galo-brasileño.

Cuando se produjo el anuncio de la ministra de Trabajo, planteando la necesidad de intervenir los precios de los supermercados, el director general de Carrefour España, Alexandre de Palmas vio una oportunidad para sacar ventaja y lanzó su ya famosa y polémica cesta de la compra básica, que por 30 euros ofrece una serie de productos de marca blanca de la cadena que no incluye alimentos frescos y que esconde una subida de precios encubierta.

el sector de la alimentación acusa a carrefour de sacar ventaja con su cesta de la compra y hacer competencia desleal

Todo el sector criticó esta decisión argumentando que los márgenes de venta son escasos (en torno al 3%) y que la multinacional estaba aprovechando un mensaje político para sacar ventaja realizando competencia desleal. Sobre todo después de conocerse que Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se habían reunido con De Palmas y decidido poner a Carrefour como ejemplo a seguir por el resto de cadenas de alimentación.

Sin embargo lo que nació como una campaña de márketing –tanto por el lado empresarial como por el gubernamental– ha terminado siendo un fracaso que puede llevarse por delante a parte de la directiva española de la multinacional. La matriz francesa está pidiendo responsabilidades por este fiasco y Alexandre de Palmas deshoja la margarita para evitar que las miradas inquisidoras se dirijan a su figura.

Las denuncias de represión sindical realizadas por CGT y el fracaso de la cesta de la compra para luchar contra la inflación se producen en un momento en el que el sector del comercio comienza a negociar las nuevas condiciones salariales. La voz cantante la llevan Fasga, Fetico, CCOO y UGT, que aspiran a mantener sus puestos de poder en las grandes empresas al mismo tiempo que intentan convencer a los trabajadores de que defienden sus derechos. Para ello pedirán un incremento de los sueldos del sector del 18% en los próximos cuatro años.