Pedro Sánchez suma en Celsa un nuevo fiasco en su labor de mediación entre empresas. El presidente del Gobierno presionó al presidente ejecutivo del Deutsche Bank AG, Christian Sewing, en junio a través de una llamada telefónica para aceptar una quita de deuda de casi el 100% para acceder al rescate de la SEPI. Sin embargo, los fondos acreedores se han negado en rotundo y contraatacan en sede judicial para hacerse con el control del grupo industrial catalán con el apoyo de la nueva ley concursal.
El máximo responsable del Ejecutivo telefoneó a la dirección de Deutsche Bank el pasado mes de junio. Una llamada para tratar de cambiar el rumbo tomado por los acreedores ante la gestión de la familia Rubiralta, que podría ser desposeída de la joya de la corona debido al descomunal vencimiento de deuda que debe afrontar.
UNA PRESIÓN INFRUCTUOSA EN CELSA
La presión del Gobierno sirvió de poco a tenor de la actual situación de Celsa. La exigencia de Sánchez se centró en las concesiones que debían hacer los fondos de inversión a los Rubiralta, que buscan mantener el 100% del capital bajo su paraguas e independientemente de la deuda que deben abonar. Entre los acreedores, además del banco alemán, figuran Cross Ocean Partners, Goldman Sachs y SVP Global. Todos ellos han mostrado sus disputas con la familia Rubiralta desde el ocaso de Celsa, con la pandemia.
Estos acreedores representan el 90% de la deuda a largo plazo y el 89% de la deuda convertible de la industrial catalana y han instado al juzgado de Barcelona el nombramiento de un reestructurador independiente, una figura habilitada con la nueva reforma de la ley concursal. Así, el plan presentado tiene como objetivo hacerse con el 100% de la compañía.
APLAZAR EL VENCIMIENTO EN CINCO AÑOS
La solución propuesta reduce el endeudamiento de la entidad en 1.291 millones de euros a través de una capitalización de deuda convertible de casi 1.500 millones, casi el triple del rescate pedido a la SEPI, y parte de la deuda de un crédito Jumbo, por valor de 750 millones. De esta forma, el vencimiento de la deuda se alargaría otros cinco años.
Los acreedores han especificado que Celsa tenía que haber abonado 1.051 millones de euros, situación que la sitúa en insolvencia. Estas deuda tiene su origen en la refinanciación realizada en 2017 en el juzgado mercantil. El impago de la misma certifica, a juicio de los acreedores, el incumplimiento del plan de hace cinco años. Por esta razón y con el fin de evitar la prolongación del incumplimiento, han exigido al juez una reestructuración y que se designe a un experto de Lexaudit para iniciar el proceso.
SIN PLANES CONCRETOS, UN JUEZ DECIDIRÁ SOBRE CELSA
Con este nuevo proyecto para reflotar financieramente a la compañía, los Rubiralta dependerán ahora del juez para tratar de mantener todo el capital de Celsa bajo su propia gestión. Sin embargo, los acreedores buscan hacer realidad la deuda convertible para arrebatarles el control total de la compañía. No obstante, los actuales dueños estudian presentar ante el mismo juzgado un plan para evitar la consecución del objetivo que persiguen ahora Deutsche Bank y Goldman Sachs.
En caso de dar luz verde a este plan de los acreedores, la deuda bajaría de los 2.800 a los 1.500 millones, incluyendo el capital circulante. El balance de la empresa estaría saneado, pero la propiedad pasaría a distribuirse entre los fondos. Para este pacto, los acreedores alcanzan el 71% de la deuda total, 21 puntos más de los que exige la legislación vigente, y en un momento en el que ha entrado en vigor la nueva ley concursal, favorable a las pretensiones de los fondos.
Por ahora, los Rubiralta mantendrán el control durante medio año, tiempo estipulado para llegar a un acuerdo con los acreedores. La familia alega que los fondos compraron la deuda de Celsa a la banca con fuertes quitas debido al riesgo de impago, y su inversión es inferior a los derechos de cobro. De hecho, algunas fuentes apuntan a la usura como argumento, al entender que la rentabilidad de la deuda es muy superior a la inversión realizada inicialmente. Cabe destacar que en esta operación no ha entrado ningún banco español con deuda de Celsa.
LA SEPI Y UN RESCATE INNECESARIO PARA CELSA
Los Rubiralta consideraron que el rescate de los 550 millones de la SEPI serviría como solución al conflicto con los fondos. De hecho, la SEPI concedió este montante, pero no facilitó el efectivo. De hecho, el plan de la empresa pública no se ha concretado, pese a estar aprobado desde junio.
Para el plan, los fondos han dejado fuera de la reestructuración este rescate público al entender que es innecesario. Si los jueces aplican la nueva ley concursal, las empresas deudoras, insolventes o en alto riesgo, como es el caso de Celsa, deben negociar con los acreedores financieros un plan de pagos sin llegar al concurso. No obstante, también permite que sean los acreedores quienes pueden proponer una solución, más cuando la nueva normativa señala a los accionistas antes que a los acreedores a la hora de afrontar los deberes. Celsa, por su parte, puede proponer su propia solución, pero será el juez quien tome la decisión final.
La última propuesta de la siderúrgica catalana pasaba por una quita de deuda de más de 1.000 millones de euros sin realizar sacrificio alguno. Los acreedores, sin embargo, tacharon de «injusta y desproporcionada» esta solución de los Rubiralta al no ofrecer nada a cambio. De hecho, los acreedores pretenden estabilizar la sociedad y dar visibilidad, negando la deslocalización industrial. No obstante, los sindicatos creen que los propios fondos cerrarán los centros en España y que las decisiones se adoptarán desde el extranjero. De hecho, durante estos meses, los trabajadores se han concentrado y movilizado contra los fondos.
