El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está analizando la posibilidad de tomar todas las medidas que se estimen oportunas frente a la campaña publicitaria lanzada por Cabify con referencias tanto directas al Ministerio como personales a la ministra del ramo, Raquel Sánchez.
El próximo 30 de septiembre vence el periodo transitorio fijado por el conocido como ‘decreto Ábalos’, que se traducirá en la imposibilidad de operar para los vehículos VTC en aquellas Comunidades Autónomas que no hayan legislado en este sentido.
Por eso, Cabify lanzó hace unas semanas una campaña en el municipio de nacimiento de la ministra (Gavá, en Barcelona) y donde fue alcaldesa antes de pasar al Gobierno, en el que hacía una referencia personal: «R. Sánchez, tu Cabify te espera en Madrid», región esta última donde sí se ha regulado en favor de los VTC.
Asimismo, en otro cartel publicitario gigante en la fachada de un edificio se decía: «Los mismos políticos que no quieren que uses VTC han hecho 5.437 viajes en Cabify», basándose en los realizados desde la sede del Ministerio este año.
Frente a ello, el Departamento ha emitido una nota explicativa en la que defiende que el fin del periodo transitorio ya se conocía desde hace cuatro años y que en todo este tiempo ha colaborado con el resto de administraciones para facilitar la toma de decisiones por parte de las Comunidades.
«Desde el Ministerio, y desde el Gobierno, se abordó desde el principio este reto desde una perspectiva global, con el objetivo de lograr en el ámbito urbano un equilibrio y competencia leal entre el sector del taxi y las VTC. Por ello, debían ser las CC.AA. y las entidades locales las que regularán los servicios exclusivamente urbanos», defiende el Departamento de Raquel Sánchez.
Respecto a las prórrogas solicitadas, recuerda que son las comunidades autónomas o los ayuntamientos los que deben analizar la concesión de posibles prórrogas al plazo inicial de cuatro años establecido en septiembre de 2018.
Asimismo, insiste en las medidas tomadas por el Gobierno para ayudar al sector, como las subvenciones aplicadas en el marco de la pandemia, las líneas de financiación, las prestaciones extraordinarias a autónomos o los aplazamientos de pagos tributarios, entre otros.
UNA PELEA QUE CONTINUA
La campaña de Cabify, que lleva por título ‘contradicciones’ tenía como objetivo poner la opinión pública de su parte. Un objetivo complicado en un año donde otras VTC han generado controversias importantes, en particular Uber, que ha tenido que lidiar con un par de filtraciones de datos y una controversia por abuso del Lobbying empresarial.
A pesar de todo los pasos visibles que han tomado por la energía verde, o su función como fuente de empleo, bien pueden funcionar para conectar con el público a pesar de la situación actual.
EL MINISTERIO ABOGA POR LA CONVIVENCIA
La ministra por su parte ha defendido que el ministerio debe tener un «papel de facilitador» en la búsqueda de soluciones que faciliten una convivencia «ordenada» entre el taxi y las VTC.
Así lo ha informado en un comunicado ante el fin del conocido como decreto Ábalos, que vence el próximo mes de octubre y supondrá el fin de las operaciones de los vehículos VTC en el ámbito urbano, y ante las reclamaciones hechas por algunas compañías de VTC.
«debían ser las CCAA y las entidades locales la que regularan los servicios exclusivamente urbanos»
El Ministerio ha destacado las medidas adoptadas teniendo en cuenta la crisis generada por el Covid-19 y la guerra en Ucrania, como las ayudas de 300 euros a cada vehículo VTC y la de los 20 céntimos en el coste del combustible, así como ayudas directas a autónomos y empresas, líneas de financiación ICO, con tramos especiales para el transporte o los Erte y prestaciones extraordinarias por cese de actividad.
«Desde el Ministerio se abordó desde el principio este reto desde una perspectiva global, con el objetivo de lograr en el ámbito urbano un equilibrio y competencia leal entre el sector del taxi y las VTC. Por ello, debían ser las CCAA y las entidades locales la que regularan los servicios exclusivamente urbanos», ha explicado en el comunicado
Así, ha manifestado que las comunidades autónomas o los ayuntamientos han dispuesto de tiempo «suficiente», cuatro años, para valorar y finalmente aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de los servicios, incluyendo posibles prórrogas al plazo inicial.
Además, Mitma ha aclarado que con el nuevo marco competencial establecido por el real decreto carece ya de competencias en esta cuestión, lo que «no ha impedido que se hayan impulsado diversas medidas de apoyo al sector tanto como consecuencia del efecto del Covid-19 como de las derivadas del conflicto en Ucrania».
