Uno de los comentarios más repetidos al hablar de nuevas industrias energéticas es la creación de nuevos empleos en los pueblos y zonas rurales. Allí la llegada de una central fotovoltaica puede parecer una solución única, sobre todo porque son proyectos que exigen largo tiempo de construcción. Sin embargo los puestos que se requieren para poner en marcha estos proyectos es mucho menor a los necesarios para operación y mantenimientos.
Casos como el de la planta de Tayatuela Solar, ubicada en Cáceres, se pueden notar a primera vista: De casi 300 empleados requeridos para la construcción hasta solo 18 empleados para su mantenimiento y operación. Esto para una planta que ocupa 820 hectáreas de territorio, según su propia comparación unos 1640 campos de fútbol.
Es un punto que se le ha criticado al modelo, por figuras tan disímiles como el ecologista Pedro Belmonte Espejo, articulista de varios medios en España o políticos de extrema derecha, aunque estos últimos aprovechan para defender el modelo de minería en contrapeso al generar más puestos de trabajo.
EMPLEOS TEMPORALES Y DESPUÉS DESPOBLACIÓN
Es evidente que la comunidad autónoma donde es más evidente esta problemática es, justamente, en la comunidad autónoma donde se ha hecho una mayor inversión en este tipo de energías: Extremadura.
Según el crítico Grupo Senior, una organización de catedráticos, ingenieros y ejecutivos de la comunidad autónoma, tras la construcción de más de 160 instalaciones fotovoltaicas que tienen entre 1 y 500 MW de potencia instalada que se reparten entre 87 municipios de la comunidad autónoma que en total ocupan unas 10.470 hectáreas solo se han generado poco más de 1600 puestos de trabajo estables.
«Los grandes proyectos generan empleo mientras se instalan. Luego llega la desolación en las localidades y la despoblación», explica en su informe el coordinador del Grupo Senior de Extremadura, Julián Barriga.
Es un dato lapidario, considerando que la mayoría de las empresas de energía renovable incluyen la generación de nuevos empleos entre sus grandes beneficios. Sin embargo las fotovoltaicas cuentan solo con el 5% del empleo industrial en la comunidad, muy por debajo de opciones como la energía nuclear, la eólica o las plantas de tratamiento de hidrógeno, esto en un país como España con los índices de paro más altos de toda Europa.
Según el comunicado del grupo la solución sería la inversión en plantas más pequeñas, que no ocupen tanto territorio y que puedan generar la misma cantidad de empleos. De hecho han presentado un proyecto para limitar el tamaño de las plantas fotovoltaicas, aunque no parece que una ley como esa vaya en línea con el proyecto de la Comunidad Autónoma.
Con 160 instalaciones fotovoltaicas que tienen entre 1 y 500 MW de potencia instalada que se reparten entre 87 municipios de la comunidad autónoma que en total ocupan unas 10.470 hectáreas solo se han generado poco más de 1600 puestos de trabajo estables.
Es un argumento que también esgrime la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), una agrupación de pequeñas productoras energéticas que exigen una repartición más equitativa del territorio para evitar este tipo de problemas.
EMPLEO POR CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
Por su parte las empresas de energía que han puesto sus inversiones en fotovoltaicas aseguran que la llegada de la industria a zonas despobladas, puede servir para generar empleos de forma indirecta al facilitar la llegada de nuevas industrias.
Una disminución de los costos de energía, al tener una planta fotovoltaica cerca, puede llamar a nuevas inversiones a los pueblos donde se suelen construir las plantas tradicionalmente alejadas a los grandes centros poblacionales. Además se suma la posibilidad de integrar la construcción de las plantas con proyectos ecológicos, desde la siembra de especies autóctonas hasta el uso de ganado para mantener corta la hierba en estos espacios.
Así mismo defienden que una inversión en fotovoltaica puede ayudar como respuesta ante el aumento de la factura de la luz, al reducir la necesidad de importación energética desde otros territorios, entre ellos Rusia de donde aún se importan altas cantidades de gas.
EL CASO CATALUÑA
Mientras que en Extremadura siguen creciendo las inversiones en está área, al menos una comunidad autónoma ha seguido el consejo de Anpier, Cataluña, que ha puesto un límite al territorio que puede ser ocupado por las plantas fotovoltaicas por un decreto de la Generalitat anunciado en junio por la consejera de Acción Climática de Cataluña, Teresa Jordà.
El límite es el 10% del territorio que puede ser utilizado para la explotación agrícola. El límite ha espantado hacia otras zonas las inversión fotovoltaica, mientras que la Generalitat ha apostado más bien por inversiones más pequeñas declarando en urgencia aquellas que pudiesen hacerse rápidamente y producir una potencia igual o menor de 5MW.
