No se habla de otra cosa. Las medidas de ahorro energético impuestas por el Gobierno han puesto en pie de guerra al comercio y a la restauración, dos de los sectores clave de la economía española. Los empresarios apoyan a Ayuso y claman contra la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera que, una vez más, ha dado un nuevo bandazo en su deriva de improvisación, con el único fin de aparentar eficiencia y dejar los titulares necesarios antes de irse de vacaciones pasando el ‘marrón’ a las comunidades autónomas y a los negocios.
El presidente Sánchez y los suyos piden de nuevo sacrificios a los demás, pero sin mostrar ni el más mínimo esfuerzo, aunque solo sea por dar ejemplo. El Ejecutivo gobierna a golpe de restricciones y medidas intervencionistas, mientras resulta ser un 30% más caro que ningún otro de la democracia española.
Ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amenaza a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con hacerle cumplir la ley, cuando hace cuatro días alentaba a sus socios independentistas catalanes a reírse de las normas y les daba su apoyo para que no acatasen las sentencias del Tribunal Supremo. ¿A quién cree que engaña a estas alturas?
El paquete de prohibiciones, tan propio de este Gobierno, es sencillamente un racionamiento, que no se ha consensuado con ninguno de los actores implicados (comercio, restauración, comunidades autónomas y ayuntamientos) y que se ha hecho, para variar, a prisa y corriendo, para poner en marcha su propaganda y cerrar cuanto antes el curso político y salir pitando de vacaciones.
¿Es lo mismo exigir poner el aire acondicionado a 27 grados en un comercio de pocos metros y en el pegue el sol de lleno, que en un amplio despacho de abogados? Evidentemente no, pero eso parece no importar en absoluto a Sánchez, Ribera y compañía. Para qué van a pensar más, que piensen los demás por ellos, que ahora ya están de vacaciones.
SIN PENSAR EN LAS CONSECUENCIAS
¿Han calculado las pérdidas de miles de comercios que no puedan exponer sus escaparates desde las 22 horas, cuando posiblemente más gente está paseando por las calles en estas semanas, debido a las olas de calor? Pues claro que no. El ministerio de Ribera demuestra junto al resto del Ejecutivo que no gobiernan para los ciudadanos, gobiernan para cumplir su ruta ideológica, esa que no les permite replantear el cierre de las nucleares, y para contentar a quienes les apoyan, interesadamente por supuesto, para mantenerse en el poder.
La gran mayoría de comercios utilizan luces led para la iluminación de sus escaparates, una tecnología eficiente que apenas ocasiona gasto, por lo que esa medida de apagar los escaparates de los comercios a las 22 horas es populista, pero no realmente efectiva. Entre los argumentos a favor de la ocurrencia de Ribera, algunos defienden que en otros países europeos ya lo están haciendo, como si la cultura alemana, nórdica o francesa, tuviera algo que ver con la española.
En ningún otro país de Europa se trasnocha como en España, ni se pasa tanto tiempo en la calle. La iluminación exterior da respuesta también a una cuestión se seguridad. Pero este Gobierno ya ha demostrado por activa y por pasiva que no conoce las necesidades del país que tan erráticamente dirige.
AYUSO EN CONTRA DE APAGAR MADRID
Una de las primeras personalidades en mostrar su disconformidad con las medidas adoptadas por el Gobierno ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid quien vía Twitter afirmó que «por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga».
El Gobierno obligará a apagar las luces de los escaparates a las diez de la noche y dejará de iluminar los edificios públicos que no estén en uso a partir de esa. El plazo para adoptar estas medidas es de siete días desde su publicación en el BOE. Quienes no cumplan estas imposiciones estarán expuestos a sanciones, en algunos casos descomunales.
Ayuso hacía especial hincapié en el peligro de apagar las luces de comercios por la noche como propone Ribera. «Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?»
Evidentemente esa es la pregunta que se hacen muchos españoles, ya que este Gobierno no hace más que intervenir en la vida de los ciudadanos y de las empresas, pero nunca lo hace para reducir el enorme gasto que genera él mismo, con sus 22 ministerios y la inmensa lista de asesores que conlleva cada uno de ellos. Madrid respetará la ley, tal y como ha reconocido el vicepresidente, Enrique Osorio, pero dará la batalla luchando por sus empresarios y en lo que afecte a sus competencias no acatará los caprichos del Ejecutivo.
RIDÍCULO, CHORRADAS Y PELIGRO
La patronal del textil, uno de los sectores más perjudicados en los últimos tiempos, también ha cargado recientemente contra Pedro Sánchez por sus palabras sobre el uso de corbata, algo que tildan de ‘ridículo’, y que compromete seriamente las ventas para los próximos meses, sobre todo cuando llegue el otoño.
Desde Madrid Foro Empresarial su presidente, Hilario Alfaro, explica que «una ciudad con el zócalo comercial apagado, aparte de ser una ciudad muerta se convierte en peligrosa. Creo que son medidas precipitadas, sin consensuar con nadie. Estamos ante un Gobierno que hace una política de gestos, y cada diez minutos nos tiene a todos en vilo porque no sabemos qué ‘chorrada’ va a decir a las 12 de la mañana». Con estas palabras se manifestaba el representante de la patronal madrileña en declaraciones a Onda Cero, horas después de conocerse el paquete de medidas de Ribera.
Madrid Foro Empresarial pide que, hasta que el Gobierno no remita un plan de austeridad en su Ejecutivo, los comerciantes no apliquen estas medidas populistas.
Por su parte, desde la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) se rechazan las imposiciones del Gobierno por la falta de estrategia y de coordinación con los afectados y las CCAA. La organización empresarial reprocha al Ejecutivo la falta de estrategia en sus políticas y que, una vez más, no se cuente con los afectados para la elaboración de un plan, que, según los empresarios madrileños «perjudica gravemente la actividad y carece de medidas que favorezcan la producción y el empleo».
Desde CEIM se hace especial hincapié en que hace menos de dos semanas, tras el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía, celebrado el 26 de julio, la vicepresidenta tercera del Gobierno indicó que España cumpliría la reducción del 7% de consumo con medidas voluntarias. Esa voluntariedad ha pasado a ser imposición en apenas unos días y con amenazas de cuantiosas multas.
Los empresarios madrileños rechazan absolutamente que, en estos momentos, caracterizados por inflación disparada, endurecimiento de la financiación y mayor presión fiscal, se introduzcan nuevos costes para las empresas y autónomos de España, además de que se recurra una vez más a un Decreto-ley para introducir nuevas obligaciones para las empresas, que bien podrían esperar el proceso ordinario de debate y participación.
La hostelería madrileña también clama contra Teresa Ribera y contra un Gobierno que parece llevar a cabo una cruzada contra este sector y solicita formar parte de las posibles excepciones previstas en el controvertido plan de ahorro energético.
