Edificios públicos y espacios comerciales se someterán a unas estrictas medidas dirigidas a reducir el consumo energético. El Gobierno ha formalizado su primer plan de contención del gasto de las reservas de gas en previsión de un otoño convulso. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado junto a estas condiciones un régimen sancionador para los que incumplan la norma y una tutela territorial específica a cargo de las Comunidades Autónomas, pero ¿se puede aplicar un seguimiento tan pormenorizado y efectivo en un terreno tan voluble como la temperatura? ¿Reducir el confort de los clientes impactará en la facturación de pequeños y grandes negocios? La intención es implementar estas medidas de manera inmediata pero, ¿se puede permitir España el lujo de hacer sudar a los turistas en un mes de agosto que empieza con una nueva ola de calor?
España se aprieta el cinturón en materia energética. Y no será la última vez porque en septiembre Europa tensará aún más la cuerda y obligará a los Estados miembros a imponer más medidas. Las provisiones de gas son suficientes de cara a los próximos meses pero el compromiso que ha arrancado la Comisión Europea de nuevas inyecciones de gas a Francia, a cambio de reducir el consumo energético un 7%, frente al 15% previsto por los Veintisiete se va a traducir en restricciones para edificios públicos y establecimientos comerciales. La idea de Teresa Ribera es que el racionamiento no llegue a los usos domésticos, es decir que a los ciudadanos sólo les afecte de forma voluntaria pero, sobre todo, que no alcance a la industria, lo que desataría una recesión abrupta.
27 GRADOS EN VERANO Y 19 EN INVIERNO
El Gobierno ha aprobado un primer paquete de medidas de ahorro y eficiencia energética que recoge la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno, según anunció la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Ribera indicó que este paquete de medidas, que complementa el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), también obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas, una medida para la que tendrán siete días para su cumplimiento. En el caso de todas estas iniciativas, el periodo para su aplicación será de una semana desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.
La titular del ramo precisó también que se apagará la iluminación decorativa de fachadas a partir de las 22.00 horas, mientras que la regulación de la iluminación exterior solo afectará a los edificios de uso público, no a las «ornamentales», por ejemplo, las luces navideñas. «No hay previsión para las luces ornamentales, hoy hablamos solo de edificios», reiteró.
Respecto a las sanciones que podrían darse en el caso de no cumplirse esta normativa, Ribera indicó que «existe un régimen sancionador que se aplicaría», pero que la vigilancia corresponde a las comunidades autónomas.
Asimismo, se obligará a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior.
Igualmente, deberán incorporarse carteles para explicar estas medidas de ahorro en los establecimientos, así como para informar sobre las temperaturas y niveles de humedad. «Queremos invitar a señalar con carteles, paneles informativos y termómetros que muestren la temperatura para comprobar que se cumplan estas disposiciones», señaló.
RIBERA ANIMA A INCORPORAR EL TELETRABAJO
Ribera también animó a otras administraciones públicas e incluso a empresas a incorporar «más medidas» como el impulso al teletrabajo, que permitiría «concentrar los horarios, ahorrar en desplazamientos y en el consumo térmico de los edificios». «Fuimos capaces de hacerlo durante la pandemia y hemos aprendido mucho», recordó.
Las medidas también incluyen la exigencia de someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 2022 a aquellos edificios obligados que hayan realizado el anterior trámite antes del 1 de enero de 2021, de modo que todos los edificios con un consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los últimos dos años.
De esta forma, para ejecutar rápidamente las obras de mejora energética en los edificios de las administraciones públicas, estas podrán aplicar procedimientos de contratación de urgencia. Además, estos contratos se ejecutarán en un plazo inferior a un mes desde su formalización, según precisó la titular del ramo.
Ribera subrayó que esta primera batería de medidas se trata de un primer paquete «importante y potente» que será completado con el plan de contingencia que se presentará en septiembre y que permitirá «cumplir al 100% para poder garantizar la solidaridad con Europa». «Todos entendemos que es una situación extraordinaria y es un acuerdo razonable que debemos cumplir por solidaridad con el resto de los europeos», reiteró.
«Quiero agradecer a asociaciones empresariales, empresas y actores públicos que han expresado ya su respaldo a este esfuerzo común. Europa se juega mucho más que la energía y con esto también ahorramos en la factura y consumo», subrayó.
Ribera estimó que un grado menos permite ahorrar un 7% del consumo energético, por lo que a las empresas les permitiría alcanzar un ahorro muy considerable en un año.
