Los discursos ambiguos de la política en Cataluña tienen graves consecuencias para los ciudadanos de Barcelona. Por un lado, se permitió la regularización de los pisos turísticos con argumentos muy ambiguos, como la falta de habitaciones para absorber la demanda. Airbnb y los ‘patrones’ se han convertido en uno de los enemigos del turismo de calidad en las principales ciudades del mundo, desde Tokio a Nueva York, pasando por Barcelona o Madrid.
La permisividad de Cataluña a este tipo de alojamientos ha obligado a desplazarse a los barceloneses a otras zonas del área metropolitana, han dejado fuera del mercado a miles de viviendas de alquiler y han disparado los precios. Una gentrificación que está tensionando toda el área metropolitana de Barcelona, sin que haya una solución, al menos a corto plazo. Esta permisividad contrasta con las prohibiciones realizadas en otros sectores, como las VTC.
Escapan al control porque es muy difícil corroborar que efectivamente allí ha habido una transacción económica
En paralelo, se ha prohibido la apertura de nuevos hoteles desde el año 2017 en la Ciudad Condal, un hecho que fue aplaudido por una parte del sector hotelero, pero que dio después rienda suelta a la proliferación de pisos turísticos, muchos ellos ilegales y que operan fuera del marco legal. Ahora, con una inflación galopante y una crisis económica en ciernes, el problema se agrava con el alquiler de habitaciones para turistas, en viviendas no destinadas al turismo.
VIVIENDA TURÍSTICA SÍ, PERO REGULADA
Este problema, generado por un vacío legal y que ahora se trata de prohibir por completo, ha generado molestias por ruidos a los vecinos de las comunidades, como también la falta de viviendas de alquiler para los trabajadores de Barcelona. Al mismo tiempo, se ha creado un mercado negro y otro especulativo, generado principalmente por quienes buscaban saltarse toda normativa para conseguir unos ingresos extras, muy elevados en algunos de los casos, en muy poco tiempo.
La llegada de Airbnb a Barcelona se vendió como la «democratización de la vivienda» y «el reparto real de la riqueza». Ahora, en pleno 2022, el término «economía colaborativa» ha desaparecido por completo. Con Airbnb tampoco se reparte riqueza, sino que se engrosa los bolsillos de unos pocos -los patrones y propietarios de las viviendas- y de la propia compañía con las comisiones que cobra. Al resto de la ciudad no le llega ni un céntimo de forma directa. «El número de licencias de uso turístico y las que hay realmente en el mercado no coinciden. Hay muchas viviendas que son piratas y otras están controladas por un mismo operador», han señalado fuentes del mercado a MERCA2.
Estas viviendas, además, llegan a estar controladas por auténticas mafias, que realquilan los pisos a terceros, sin la debida vigilancia municipal. «Escapan al control porque es muy difícil corroborar que efectivamente allí ha habido una transacción económica», han sostenido. El Ayuntamiento impuso fuertes sanciones a este tipo de pisos e incluso lo intentó con los anunciantes en portales inmobiliarios, pero la Justicia dio la razón a éstos últimos.
DE LA CONVIVENCIA A LAS SANCIONES
El gobierno municipal de Barcelona de Ada Colau y Jaume Collboni multará con hasta 6.001 euros a los vecinos que compartan piso con turistas. Este régimen sancionador se prohibió en febrero y obtiene luz verde tras el rechazo de la regulación la semana pasada.
Para localizar estos pisos, el Gobierno de Colau ha puesto a rastrear Internet a la Guardia Urbana de Barcelona. Las primeras pesquisas ya tienen sus frutos, con el descubrimiento de miles de pisos de estas características. En los últimos seis años se han impuesto más de 9.000 sanciones por valor de 600.000 euros. Todo ello, tras el permiso de la Generalitat a este tipo de alquiler, pero la última palabra la tienen los Ayuntamientos.
EL VETO AL ALQUILER DE HABITACIONES EN BARCELONA
El Ayuntamiento de Barcelona ha tratado de vetar el alquiler de habitaciones a turistas. La medida tiene un buen fondo: evitar que los jóvenes o personas separadas o divorciadas tengan que aportar mayores cantidades por la falta de un techo de alquiler. La forma, sin embargo, ha puesto en pie de guerra a quienes tratan de alojar a turistas.
El Consistorio de Colau y gran parte del sector turístico en Barcelona se ha comprometido a atraer a turistas de calidad, con alto poder adquisitivo, y evitar a toda costa el denominado turismo de ‘zapatilla’. El principal motivo económico es que éstos últimos no acuden a disfrutar de la Ciudad Condal consumiendo sus servicios o museos, sino que se dedican a viajar y pasear. «La mayoría de ellos realizan las compras en los supermercados, son molestos para los vecinos y no dejan dinero en la ciudad. No les queremos», han apuntado fuentes del sector a MERCA2. «Es un modelo muy alejado al que quiere ofrecer Barcelona«, han puntualizado.
La regulación de los pisos en Barcelona se basa en un modelo híbrido, que recoge partes de la normativa vigente en países europeos y estadounidenses. Sin embargo, las empresas, como Airbnb, siempre encuentran un vacío legal para explotar el negocio.
EL SECTOR EN BARCELONA BUSCA AL TURISTA DE CALIDAD
«Se regularon las viviendas compartidas, pero han encontrado la forma para continuar operando», han puntualizado las mismas fuentes. De hecho, los pisos turísticos ilegales han encontrado un hueco ahora en este mercado. «La mayoría de los operadores son mafias, que tienen 25 pisos en Barcelona, que se explotan sin control alguno», han sostenido. «No dan garantía al cliente ni tampoco están en condiciones de dar la seguridad que se exige a otro tipo de alojamientos turísticos», han matizado.
La mayoría son mafias, que tienen 25 pisos en Barcelona, que se explotan sin control alguno
En este sentido, las mismas fuentes indican que hoteleros y apartahoteles tienen que cumplir con una estricta normativa, que en caso de incumplimiento les puede acarrear la pérdida de la licencia. Estos pisos, en cambio, no dan ninguna seguridad adicional más allá al del seguro del hogar frente a terceros. En Cataluña, la normativa impide destinar el alquiler turístico de la vivienda más de 31 seguidos a un mismo inquilino y no debe tener más inquilinos.
Los propietarios que prescindieron de estas licencias se fueron entonces al alquiler de habitaciones, como si de un piso de estudiantes se tratara. De hecho, pese a las sentencias judiciales contrarias, el Ayuntamiento mantiene el veto al alquiler de habitaciones para turistas. Con estas medidas, Colau y su inseparable concejal de Vivienda, Janet Sanz, beneficia únicamente a los grandes propietarios y empresas, mientras carga contra los propietarios minoritarios.
UNA REGULACIÓN INSUFICIENTE Y CON NUMEROSOS COLADEROS
Según los datos, Barcelona ostenta 9.434 viviendas de uso turístico, pero impide a los propietarios alquilar las habitaciones por menos de los 31 días que se establecen como máximo para el alquiler de los pisos turísticos. La medida en sí misma es incongruente y desde el sector reclaman una regulación más eficiente que provoque la práctica extinción de estos pisos.
Asimismo, el equipo de Colau tendrá que comenzar a pactar con el sector turístico medidas encaminadas para atajar esta problemática en lugar de ir por libre, como ha hecho con una campaña para denunciar el alquiler de habitaciones. En este sentido, desde el sector turístico sí le brindan la mano para acabar con el problema.
Por último, cabe destacar que el Gremi de Hotels encabeza ahora una asociación internacional para tratar de sentar las bases de una regulación a nivel mundial sobre esta cuestión. «Esta problemática se está registrando en todas las ciudades del mundo», han asegurado desde la asociación a MERCA2. De hecho, consideran que cada una de las ciudades debe contemplar su propia regulación después ya que no es lo mismo Madrid que Barcelona, París, Tokio o Nueva York.
«En Nueva York, por ejemplo, se ha prohibido el alquiler de los apartamentos y viviendas durante más de 60 días al año», han sostenido. Y es que, como consecuencia de ello, los alquileres se han disparado por la falta de oferta.
