Vox se ha pronunciado por primera vez sobre el decreto catalán ‘antiCabify’ con un rechazo rotundo a esta restrictiva normativa. No obstante, para poder impugnarla se necesita un paso más. «Vox se pone de perfil. Vota en contra del decreto, pero ha impedido su impugnación ante el Consejo de Garantías Estatutarias», según fuentes parlamentarias consultadas por MERCA2. La formación, liderada por Santiago Abascal desde Madrid, guarda silencio a preguntas de este medio.
Para poder llevar a cabo la impugnación y obtener un informe es necesaria la colaboración de al menos dos grupos parlamentarios, excluyendo el mixto, o bien la décima parte de los diputados del Parlament, es decir 13 diputados. La suma de PP y Ciudadanos se queda en nueve, por lo que era necesario el apoyo de Vox.
Ciudadanos se ha mostrado favorable a esta medida que evitaría, con un informe favorable, la práctica extinción de las VTC en Cataluña. Sin embargo, los verdes, liderados por Ignacio Garriga en Cataluña, no están a favor. «Quieren ganarse al sector del taxi«, según se señala en los pasillos del Parlament, pero los taxistas han mostrado abiertamente su rechazo a la formación conservadora. «No nos reunimos con fascistas», afirmó Alberto Álvarez, coordinador de Élite Taxi, hace pocas semanas desde el atril del Parlament.
VOX SE HA NEGADO A LLEVAR EL DECRETO AL CONSTITUCIONAL CATALÁN
Vox «se niega por completo» -señalan en el Hemiciclo catalán- a llevar el decreto ante el conocido ‘tribunal constitucional catalán’, cuyos informes no son vinculantes, pero sirven de munición para plantar la batalla judicial. De hecho, gracias a sus dictámenes se han rebajado parte de otros decretos que regulan las VTC, no sólo en Cataluña, sino también en el País Vasco. Para la impugnación era necesario este apoyo de Vox, pero debía producirse en los tres días posteriores a la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Generalitat.
Esta falta de acción deja en evidencia a la formación de Garriga, más por los argumentos esgrimidos en contra de la nueva normativa, aprobada por toda la Cámara catalana a excepción de los diputados de Vox, Ciudadanos y PP, que se han opuesto. Asimismo, estos tres grupos también han pedido que se tramite como un proyecto de Ley, pero la mayoría ha tumbado esta opción.
Pese a la inacción de Vox en Cataluña, el partido de Abascal sí podría actuar ante el Tribunal Constitucional al ostentar más de 50 diputados en el Congreso, pero también podría moverse el Partido Popular para tratar de paralizar esta medida que dejaría en el paro a 2.500 personas de forma directa a partir del próximo 1 de octubre.
LA HIPOCRESÍA DE JXCAT CONTRA CABIFY
Entre los argumentos esgrimidos, el de Alejandro Fernández, líder del PP de Cataluña, ha sido el discurso más celebrado por las plataformas y empresas con licencias de VTC. Con un lenguaje muy directo, Fernández, sobrino de un taxista jubilado, ha revelado parte el relato interno de JxCat. La manera de solucionar este problema «no es ubicar a las VTC en la inseguridad jurídica«, como tampoco convertir a Cataluña en un «protectorado iliberal» y «ajena a las sentencias europeas«, ha sentenciado.
Esta es la manera hipócrita con la que hacen política desde hace demasiado tiempo en Cataluña
Al respecto, ha denunciado la «hipocresía» en la que se ha instalado la política catalana en los últimos tiempos. Según ha relatado, una parte de JxCat reconocen en privado que este decreto «es una barbaridad», pero que se han visto obligados a hacerlo. Estos diputados de JxCat han reclamado en privado a los ‘populares’ que les rescatara de sí mismos impugnando las normativas ante el Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, estos mismos escaños acusaban públicamente al PP de judicializar la política. Todo, tras haber «rogado casi de rodillas» que el PP lo hiciera.
Fernández ha afirmado que Jordi Puigneró, vicepresidente de la Generalitat, sí ha mantenido reuniones con los defensores de la libertad económica, así como también otros diputados de JxCat. «Usted sabrá si merece la pena gobernar así, con decretos en los que ni usted mismo cree, porque ustedes mismos van a boicotearlos. Esta es la manera hipócrita con la que hacen política desde hace demasiado tiempo en Cataluña», ha cargado el líder de los ‘populares’ catalanes.
LA DURA ADVERTENCIA DEL PPC A LOS TAXISTAS
Para Fernández, este decreto incumple con todas las recomendaciones de la Comisión Europea, incluidos los viajes vacíos, la longitud de los vehículos y la geolocalización. De hecho, los taxistas esperan que la nueva aplicación móvil del Área Metropolitana de Barcelona sí permita su propia ubicación exacta en tiempo real, pero se les prohíbe a los conductores de VTC.
Asimismo, la normativa apenas hace hincapié en el pasajero, principal afectado en caso de la salida de los vehículos de alquiler con conductor. En este sentido, la Autoridad Catalana de la Competencia ha dado a conocer un durísimo informe contra este decreto por restringir la competencia y dañar la libertad del viajero a escoger su transporte. Puigneró, por otro lado, ha admitido que este decreto crea inseguridad jurídica para las VTC, como ya asegurasen los taxistas antes de la aprobación oficial del mismo.
Fernández ha remachado su intervención con una dura advertencia a los taxistas. «Aquí hay grupos que votan favorablemente a este decreto, que cuando ustedes no están presentes dicen que hay que echarles de las ciudades para sustituirles por patinetes y bicicletas. No se crean ninguna milonga de lo que les acaban de explicar«, ha incidido. Así, ha considerado que la solución al conflicto pasa por buscar una convivencia entre el taxi tradicional y la VTC, pero no con este decreto.
LOS ENDEBLES ARGUMENTOS DE PSC Y LOS ‘COMUNS’
El diputado Marc Parés (Comuns) ha afirmado que este decreto se centra en la «defensa del sector del taxi», el cual no es un «mercado», sino un servicio público de interés general. Así, han afirmado que los precios del taxi están regulados por los taxímetros -cuyas tarifas en Barcelona están impuestas por el Área Metropolitana de Barcelona- y aseguran que las VTC actúan en «competencia desleal«. Además, este decreto es «temporal» y en los próximos años se tendrá que desarrollar una nueva normativa para tratar de solucionar el conflicto.
Asimismo, ha sostenido que el mercado de compraventa de licencias de VTC es «especulativo«, debido a los bajos precios que se compraron y los precios que alcanzan ahora. De 36 a 40.000 euros. No obstante, sucede lo mismo con las licencias del taxi en este momento, si bien, en sus inicios hubo numerosos problemas.
EL PSC, EL ARTÍFICE DE LOS 4,9 METROS PARA LAS VTC
Para el PSC, señalado por ser quien impuso la exigencia de los 4,9 metros, ha asegurado que se trata de una «propuesta equilibrada para las VTC», pese a que no se exigen los mismos requisitos para los vehículos pintados de negro y amarillo.
Además, los defensores del decreto por parte de los partidos que gobiernan la Generalitat llegan a modificar el lenguaje, al asegurar que un trayecto de 15 km, como la distancia de El Prat a Barcelona, así como de Badalona a otro municipio del área metropolitana, va a ser considerado como «urbano», como si fuera de uno a otro punto de la ciudad. Un argumento que se cae por su propio peso al existir tarifas distintas en otros medios de transporte para ir desde el aeropuerto de El Prat hasta la Ciudad Condal. Así, el taxi cobra suplementos por ir al aeródromo.
