domingo, 3 julio 2022 16:42

La compensación al gas se desboca y obliga al Gobierno a activar su ‘plan B’

Las planes de ahorro en la factura eléctrica previstos por el Gobierno, gracias al tope del gas, hacen aguas. En especial, por el ‘inesperado’ aumento del coste de la compensación a las plantas de ciclo combinado. Así, las últimas cuentas del ejecutivo remitidas a Bruselas, pocos días antes de su aprobación final, detallaban un gasto medio cercano a los 47,86 euros por MWh para un total, aproximado, de 5.500 millones. Pero durante sus primeros días de funcionamiento, el precio de dicha indemnización está siendo muy superior, hasta el punto de que se dibuja un coste final real de 7.500 millones o más.

EL GOBIERNO Y LO ESPERADO

Y es que aunque el tope del gas apenas lleva unos pocos días en funcionamiento, el coste de las compensaciones a los ciclos combinados está muy por encima de lo esperado. Solo el primer día, la cifra ascendió a casi 60 euros el MWh, lo que suponía un 25% más que el precio medio esperado. Desde entonces, ese valor ha ido creciendo notablemente hasta duplicar e incluso triplicar el coste esperado. El día 16, el segundo con la normativa vigente, se disparó hasta los 93 euros/MWh y para este pasado miércoles 22 de junio ascendió hasta los 129,3 euros. Eso supone un 170% más que lo que tenía previsto el equipo de la ministra Teresa Ribera.

durante la primera semana que ha estado en marcha, el coste ha ascendido a unos 150 millones

En total, durante la primera semana que ha estado en marcha, el coste ha ascendido a unos 150 millones, algo más de 21 millones al día, según los cálculos oficiales. Una tendencia que si se extiende a los 350 días que estará en vigor, finaliza como tal el 31 de mayo de 2023 (aunque seguirá existiendo, pero con un incremento de 5 euros cada mes), supone un coste para los consumidores cercano a los 7.500 millones. Aunque esa cifra podría ser mucho más alta.

EL DESEQUILIBRIO Y LA FALTA AGUA PREOCUPAN

También podría ser más baja, al fin y al cabo, es muy difícil de pronosticar. Pero visto lo visto en los primeros días de la medida, lo que parece prácticamente improbable es que vaya a situarse en la línea prevista por el Gobierno. Y todavía más difícil será que pueda caer por debajo.

Algunas voces han defendido que ese coste por encima de la media se ha producido por la ola de calor

Algunas voces han defendido que ese coste por encima de la media se ha producido por el efecto de la ola de calor, que ha aumentado la demanda. Pero en realidad, tampoco parece haber un efecto muy marcado con los datos que se tienen, de hecho, los 129,3 euros para el día 22 de junio suponen un récord cuando las temperaturas no han sido especialmente altas.

CÁLCULOS DEL GOBIERNO

Así, lo que parece realmente determinante es el coste del gas. Tampoco es una revelación sorprendente. Pero sí ayuda a dibujar la tendencia de la futura de ese sobrecoste, sobre los cálculos del Gobierno, que desdibujará el ahorro de los consumidores. Un boceto que añade más presión, ya que las previsiones no contemplan, al menos por el momento, una caída del precio de la materia prima. Y es que a las tensiones que ya provoca la guerra y las reacciones de Rusia a las sanciones a Rusia, que está reduciendo el suministro, se le añade las caída en las reservas de gas en los almacenes de Europa y del mundo.

Además, también es un problema la falta de capacidad para incrementar la oferta cuando llegue la parte más dura del invierno. La suma de esas fuerzas económicas, más demanda y menos oferta, empujarán los precios del gas al alza y con ello el coste de las compensaciones.

Por desgracia, existen otros factores que, en principio, van a ayudar a que el pago de las indemnizaciones se mantengan altas. El más importante es la falta de agua en los pantanos españoles, con cerca de 10 puntos menos que hace un año (47% frente al 57% en 2021) que obligará a quemar más gas cuando la demanda crezca.

SÁNCHEZ ACTIVA EL ‘PLAN B’ DEL GOBIERNO

La suma de esos factores terminarán disparando los costes de compensación, convirtiéndose en una pesada losa para los consumidores. De hecho, una vez se tienen en cuenta ese escenario, los 2.000 millones extras sobre los cálculos del Gobierno, que ya se prevé que paguen los españoles a los ciclos, parecen quedarse muy cortos. Además, la falta de agua y las limitaciones técnicas de la renovables obligará a quemar más gas limitando todavía más el ahorro real respecto al precio real del pool. En otras palabras, el Gobierno se enfrenta a un nuevo fracaso en el peor momento.

Y es que el volumen de las compensaciones es un problema mayúsculo para Sánchez por muchos motivos. En primer lugar, porque elimina, prácticamente, el ahorro esperado del que se iban a beneficiar los consumidores. Después, en segundo lugar, porque al no reducir significativamente el coste de la luz para los consumidores no se consigue atajar el problema de la inflación. En tercer lugar, porque de nuevo el ejecutivo parece que vuelve a perder la partida contra la eléctricas, que no saldrán perdiendo gracias a las indemnizaciones por quemar gas.  

LA REACCIÓN RÁPIDA

De ahí, que el Gobierno haya intentado reaccionar de forma rápida. Para hacer frente a esos primeros problemas, Sánchez anunció este pasado miércoles que reducirá el IVA a la luz del 10% al 5%, en un intento desesperado por plasmar ese ahorro e intentar atacar la inflación. Una decisión controvertida porque puede ser la pescadilla que se muerde la cola, ya que precios más bajos generan mayor demanda y a su vez elevan los precios. En ese círculo el Estado sale perdiendo, obtiene menos recursos, mientras que las eléctricas aumentan beneficios al vender más electricidad.

En cuanto a los otros problemas, también ligado a esto último, el Gobierno parece ultimar una subida de impuestos a las eléctricas. Un aumento fiscal que no solo busca réditos económicos, como aumentar esa recaudación que pierde con la bajada del IVA, sino también electoral o de ganarse a la opinión pública. Así, el ejecutivo culpa a dichas compañías de beneficiarse de esa compensación al gas, en parte está reconociendo que el coste será mucho más alto todo el año, y las intenta castigar con más impuestos. Una decisión que está lejos de aprobarse y que difícilmente tendría cabida legal, ya que incumple la máxima en fiscalidad de la equidad.


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