Iberia, Air Europa y Vueling reclaman que el Estado asuma los costes de los controles sanitarios que gestionó Aena durante la pandemia y que ascienden a 140 millones. «Siendo estos controles realizados en aeropuertos frente al Covid-19 una cuestión de salud pública, no entendemos que el Estado se desentienda de su responsabilidad de sufragar sus costes y los cargue a las compañías aéreas», ha afirmado el presidente de ALA, Javier Gándara. Aena responde que las aerolíneas se ahorrarán casi 60 millones de euros en 2022 con respecto a las tasas del año anterior si se cumplen las previsiones en cuanto al número de pasajeros.
Esta cuantía derivada de los servicios de prevención, higiene y seguridad sanitaria gestionados por Aena en 2020 y 2021, para la llegada de vuelos internacionales de las diferentes infraestructuras aeroportuarias va a acabar repercutiendo en los usuarios, ya que se traduce en una mayor presión tarifaria o, como en este caso, en un freno en la rebaja tarifaria, en un momento donde aminorar la cargar tarifaria es clave para favorecer la recuperación del sector tras varios años marcados por la pandemia, aseguran las compañías aéreas.
El reproche del sector a Aena ha llegado a través de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), organización líder del sector en España con el 85% del tráfico aéreo en nuestro país. En este sentido, la patronal de la que forman parte Iberia, Air Europa y Vueling ha valorado «con reservas» la bajada de las tarifas aeroportuarias en un 3,17% para este año 2022, a partir de marzo. Las compañías argumentan que la reducción de las tasas de la que podrían beneficiarse sería mayor de no repercutir a las aerolíneas los costes por las medidas y controles sanitarios derivados del Covid-19 realizados en los aeropuertos.
Por su parte, el gestor aeroportuario prevé que en verano de 2022 se recupere el nivel de operaciones prepandemia en su red de aeropuertos e incide en que las aerolíneas se ahorrarán casi 60 millones de euros con la rebaja de las tasas.
La rebaja tarifaria incluye los costes Covid, adoptados por Aena y encargados por el Gobierno, que se estuvieron aplicando desde el inicio de la pandemia hasta septiembre de 2021. Según Aena, estos costes suponen 0,80 euros por pasajero, y si no se hubieran introducido se hubieran reducido las tasas aeroportuarias un 10,99%.
Por otro lado, las compañías aéreas han programado 220 millones de asientos en los aeropuertos de la red de Aena para verano, lo que supone un aumento del 3,6% con respecto 2019, año previo a la pandemia, aseguran desde Aena.
En este sentido, el mayor índice de recuperación se produce en el mercado de corto radio y Latinoamérica, mientras que la recuperación es más relevante en los aeropuertos turísticos, lo que es una gran noticia.
AENA REPERCUTE ESTE COSTE A LAS COMPAÑÍAS
La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 establece en su Disposición adicional primera que los costes en los que incurra Aena por los conceptos anteriormente citados que no se cubran vía subvenciones u otro tipo de ayudas económicas que pueda percibir el gestor aeroportuario, se recuperarán a través de tarifas aeroportuarias, traspasándose por tanto a las compañías aéreas, en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).
Y así sucederá, puesto que el Gobierno ha optado por no asumir este gasto, por lo que Aena se lo repercute a las compañías aéreas a través de sus tasas aeroportuarias.
«Trasladar costes adicionales a un sector enormemente afectado por la crisis sanitaria no contribuye a su tan necesaria recuperación, clave para la economía de nuestro país», afirma el representante de ALA, quien ha reclamado que el Estado asuma la totalidad de los costes en los que haya podido incurrir Aena por estos controles en las infraestructuras aeroportuarias para que, en ningún caso, se traslade este sobrecoste a los usuarios.
Gándara ha recordado que el control de los viajeros internacionales depende de Sanidad Exterior, que es competencia exclusiva del Estado, por lo que estas medidas se circunscriben al ámbito de la protección de salud de la que es responsable el Ministerio de Sanidad y, por ende, el Estado.
En este sentido, ha incidido en que La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, recoge entre sus funciones organizar y garantizar la prestación de la atención sanitaria del tránsito internacional de viajeros, de la prevención de las enfermedades y lesiones del viajero y de los servicios de vacunación internacional, entre otras.
