La Generalitat de Cataluña ha vuelto a dar un hachazo a las renovables, incluidos a los proyectos que aún están en tramitación. A través de un nuevo decreto, el Govern de Pere Aragonès ha antepuesto el criterio de los grupos antisistema, como la CUP, a las grandes inversiones.
De esta forma, ha primado las decisiones de los propietarios de los terrenos y a las pequeñas empresas eólicas, principalmente las locales, antes que dar luz verde a proyectos e inversiones de grandes grupos con el fin de evitar supuestos oligopolios. Una excusa más para tratar de demonizar estas energías, como lleva ocurriendo desde 2019.
Tan sólo se conceden las ayudas a quienes no hayan iniciado los trámites para conseguir un punto de acceso
En los últimos dos años, tan sólo cinco grandes proyectos han podido desarrollarse en el territorio debido a la creciente inseguridad jurídica, que está ahuyentando las inversiones y aplazando los objetivos de Bruselas.
La Generalitat ha primado la decisión de los propietarios de terrenos y a las producciones eólicas pequeñas y locales, con la participación de los Ayuntamientos, para dar luz verde a los proyectos renovables. Asimismo, ha aprobado la creación de una empresa energética pública, pese al fiasco cosechado en Barcelona.
LA GENERALITAT NO TRAMITA NI UNA SOLA AYUDA PARA EL AUTOCONSUMO
No es el único impedimento de la Generalitat a los proyectos fotovoltaicos y eólicos. La Generalitat tenía que haber implementado la plataforma para conceder las ayudas al autoconsumo en abril. «No se ha concedido ni una sola«, según han apuntado varias fuentes consultadas por este medio.
El motivo es que aún no está desarrollada ni se ha dado acceso a los particulares para poder pedir esta subvención. El principal problema que se enfrentan los que han optado por estas instalaciones es que tampoco pueden pedir los puntos de acceso. «Tan sólo se conceden las ayudas a quienes no hayan iniciado los trámites para conseguir un punto de acceso«, afirma una gran firma instaladora de proyectos fotovoltaicos destinados al autoconsumo. En total, tienen cerca de 50 clientes con la instalación hecha, pero sin punto de acceso. «Están desconectados del todo«, pero si se pide la conexión a la red se pierde el derecho de percibir la ayuda.
Por estos motivos, las grandes patronales catalanas están presionando a la Generalitat para dar marcha atrás al decreto, al tiempo que han pedido una mayor flexibilización de la normativa para evitar la pérdida de inversión. Las fuentes consultadas apuntan que se trata de una «moratoria encubierta».
UN DECRETO RESTRICTIVO QUE CREA INSEGURIDAD JURÍDICA
Ante esta situación, el sector eólico catalán ha amenazado con emprender acciones judiciales contra el Govern por la pérdida de los avales en las inversiones, invocando la responsabilidad patrimonial de la administración. A su juicio, los nuevos y perniciosos cambios normativos, respecto al restrictivo decreto de hace dos años, perjudican el desarrollo de las renovables.
Según las cifras de EolicCat, los daños podrían ascender a 150 millones de euros. Además, ha denunciado que se han paralizado proyectos, con un total de 3.000 MW. Los daños podrían afectar a otros 1.500 MW, dado que están aún en tramitación para determinar su viabilidad.
Según los datos públicos antes del decreto, en Cataluña había peticiones para instalar un total de 7.506 MW fotovoltaicos, de los que se han descartado por «inviables» 1.845. En cuanto a los parques eólicos, ha denegado la viabilidad a 1.903 MW. Cabe recordar que en Cataluña sólo hay instalados y en funcionamiento 1.269 MW, repartidos entre más de 800 aerogeneradores. Las solicitudes en trámite alcanzan los 4.429 MW. Estos datos, sin embargo, ya no son válidos, debido al cambio de criterios y requisitos en el decreto de hace tres semanas.
Para la patronal eólica, una vez que el decreto sea aprobado en el Parlament, por la mayoría independentista, se mantendrá la política de la Generalitat de aprobar moratorias encubiertas, al no tramitarse ningún proyecto.
LOS PROMOTORES PODRÍAN EXIGIR A LA GENERALITAT EL COSTE DE LOS AVALES
De esta forma, las empresas tendrán que asumir los costes de los avales, las tasas y perder parte de la inversión, con los costes de oportunidad que conllevan. En Cataluña apenas se han establecido grandes proyectos en la última década por «la presión de grupos ecologistas», según afirman varias empresas afectadas por esta normativa.
Antes la presión de los ecologistas era mediática, con acciones en los terrenos donde se habían proyectado los aerogeneradores y los huertos solares. Ahora, no es necesario. La Generalitat ha asumido estas reivindicaciones y mira con lupa las plantas que ocupan el terreno y las aves. «Nos han dicho que no a varios proyectos por la flora, mientras que tampoco nos han dejado desarrollar varios proyectos por las nidadas de pájaros«, han asegurado las fuentes consultadas por este medio.
Sin embargo, no es sólo el proyecto en sí lo que dejan de perder los productores de renovables. Los avales constituyen el gran coste de esta inversión. Para poder constituirlos es necesaria la petición de la conexión a la red y tras haber realizado los estudios previos. Si los plazos de ejecución no se cumplen, el cliente puede ejecutarlos, a unos 40.000 euros por MW. Por este motivo, EolicCat ha considerado que podría exigir la responsabilidad patrimonial. Por el momento, más de 120 millones de euros están constituidos como avales, pero los proyectos no están en marcha ni mucho menos se espera que se haga con prontitud.
ARAGÓN APROVECHA LA SITUACIÓN PARA DESARROLLAR PROYECTOS RENOVABLES
Otras comunidades autónomas están aprovechando esta falta de altura de miras de la Generalitat para acelerar la tramitación de proyectos de renovables, como está haciendo Aragón, que tiene intención de aprobar 8.000 MW. Además, si Cataluña se descarta como lugar para invertir, continuará dependiendo de la energía producida en otras zonas, que se llevan los impuestos y el empleo.
Las principales patronales catalanas han recordado el objetivo de la Generalitat para el 2030. En total, tendría que tener cubierta la mitad de la demanda energética con energías renovables. Para ello, tendría que instalar cerca de 10.000 MW eólicos y fotovoltaicos. Es decir, aprobar casi en su totalidad las peticiones realizadas hasta justo antes del decreto. Sin embargo, tan sólo hay instalados un total de 192 MW en energía fotovoltaica y menos de 227 MW en la eólica.
Tanto Foment del Treball como Pimec han unido fuerzas para tratar de mover de su posición a Aragonés. A su juicio, la Generalitat está paralizando los proyectos en tramitación. En este sentido, han pedido que el decreto pueda tramitarse como un proyecto de ley, para poder incluir enmiendas y salvar de la quema a los desarrolladores que han iniciado los trámites.
UN PROYECTO DE LEY PODRÍA ENMENDAR EL DESAGUISADO
No obstante, la Generalitat ha abrazado a la CUP para tratar de amarrar su apoyo a los presupuestos. Los antisistema se niegan a dar su brazo a torcer y han apostado por una enmienda a la totalidad.
Para Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, Cataluña tendría que recibir la inversión de unos 12.500 millones de euros anuales para cumplir con el objetivo en 2030, cifra que alcanzaría los 15.000 millones en cada uno de los veinte años siguientes. Según ha avisado, el decreto de la Generalitat pone en peligro la viabilidad financiera de los proyectos en tramitación, más cuando los inversores tienen la posibilidad de dar la espalda a la Generalitat por la inseguridad jurídica que transmite.
El máximo dirigente de los pequeños y medianos empresarios catalanes, Antoni Cañete, ve difícilalcanzar el objetivo de la «soberanía energética» debido a la falta de una «regulación inteligente».
