Las furibundas reacciones de algunos puntales del Gobierno de España tras conocer el borrador de la nueva ‘ley general de Comunicación Audiovisual’, destapado por El Periódico de Catalunya, imposibilitaron que el PSOE llevase esta semana la reforma legislativa al Consejo de Ministros.
Los socialistas, se supone que por descuido, no exigían a Netflix y compañía que incluyesen obras en las lenguas cooficiales del Estado a pesar de que estas son utilizadas por casi la cuarta parte de España y, tal y como señala la Constitución en su artículo 3, deben ser protegidas por las administraciones.
También resulta escandaloso, aunque en este caso parece haber sido asumido, la asimetría legislativa que beneficia a los nuevos operadores respecto a las televisiones en abierto, que agrupadas en su mayoría en la patronal UTECA ya denunciaron antes del verano esta situación.
Y, tal y como señalaron, «más aún teniendo en cuenta que son las compañías audiovisuales que más impuestos pagan en España, las que ayudan con su programación a vertebrar la identidad nacional, además de ser las grandes inversoras y creadoras de empleo del sector audiovisual nacional».
El nuevo texto mantiene un injustificable trato de favor hacia esos nuevos prestadores de servicios audiovisuales en detrimento de las televisiones en abierto, y queda muy lejos de la necesaria equiparación en derechos y obligaciones de todos los operadores de un mercado audiovisual que es único, independiente de la tecnología de emisión o la sede social», añadieron.
La patronal de las cadenas en abierto, liderada por Atresmedia e integrada por el resto de operadores a excepción de Mediaset, subraya que en el terreno de la publicidad «resulta discriminatorio el hecho de que la limitación al volumen de publicidad que se puede emitir, continúa sin aplicar a las grandes plataformas de compartición de vídeo, como YouTube, o a redes sociales de la magnitud de Facebook o Instagram».
Netflix y otros operadores, denuncia UTECA, «son ajenos a los límites a los patrocinios y a la regulación de los emplazamientos de producto, así como al número máximo de interrupciones de programas, que sí deben cumplir las televisiones. Sucede lo mismo con los límites de franjas de emisión para la publicidad de bebidas alcohólicas o la relacionada con el esoterismo y las paraciencias, de obligado cumplimiento únicamente para las televisiones lineales«.
Y, por mucho que se diga que ‘no se puede poner puertas al campo’, «en materia de protección al menor, se produce otra de las grandes desigualdades, al imponer solo franjas horarias reforzadas de protección al menor a las televisiones en abierto. Esa desigualdad de trato conlleva además la ineficacia del objetivo perseguido, dado que en esas mismas franjas de protección reforzada televisiva, los menores a los que se dice proteger pueden acceder a todo tipo de contenidos en televisiones de pago, operadores bajo demanda, redes sociales y plataformas de compartición de vídeos».
ACENTOS
La Constitución dice en su artículo 3 que las distintas modalidades lingüísticas de España son «un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». No parece haberlo tenido en cuenta el PSOE, que diseñó un borrador que obligaba a las plataformas a que un 15% de su catálogo sería reservado al castellano o «a alguna de las otras lenguas del Estado», sin limitar un porcentaje de protección al catalán, gallego y euskera.
En Ferraz se apresuraron a susurrar bajo la mesa que el descuido sería «reparado» de inmediato, pero sus socios hicieron bien en dejar clara la falta de sensibilidad del ‘Gobierno de la diversidad’ hacia las lenguas cooficiales.
Esquerra Republicana de Catalunya pidió «blindar» el catalán, Euskal Herria Bildu puso el grito en el cielo porque operadores americanos tengan que decidir sobre las lenguas oficiales en el Estado y el Bloque Nacionalista Galego expresó su malestar por el borrador.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, se apresuró a señalar que «el Gobierno está absolutamente comprometido con la protección de las lenguas cooficiales» que marca una Constitución… que según en qué temas no es invocada por los partidos más proclives a la Carta Magna.
