El Aerobús, el servicio de transporte directo entre Barcelona y el aeropuerto de El Prat, ha estado amañado desde el 2009 hasta el 2020, una década que ha terminado con una sanción de más de 3,5 millones de euros a la cooperativa Tusgsal y a la empresa pública TCC, que hicieron un pacto de no agresión en las adjudicaciones del Área Metropolitana de Barcelona.
En esta conducta colusoria participó el consejero delegado de TCC y presidente de Moventia, Miquel Martí Escursell, que ha sido multado con 39.000 euros, según la resolución del expediente de la Autoridad Catalana de Competencia (ACCO).
La ACCO ha corroborado la existencia de este «cartel» a raíz de los documentos encontrados en un registro en la sede de la empresa pública TCC. A juicio del organismo que vigila por el libre mercado, las empresas participantes habrían realizado un acuerdo por escrito para quedarse con la licitación.
Estas empresas firmaron un pacto de no competencia en las licitaciones de transporte colectivo de viajeros de la AMB para operar el primer concurso público del Aerobús en 2009, donde concurrieron mediante una UTE en vez de realizar una oferta de forma individual, pese a tener los requisitos para poder hacerlo.
Además, ha impuesto la prohibición a Tusgsal y TCC de poder concurrir en concursos públicos del área metropolitana durante dos años y tendrán que romper este pacto fehacientemente. De esta forma, se les cierra la puerta a la adjudicación de la tercera licitación del Aerobús. Las empresas recurrieron esta sanción y esperan aún la decisión de los tribunales.
DE PACTAR LA LICITACIÓN A MULTAS DE 2,5 MILLONES
La ACCO ha multado con 2,515 millones de euros a Tusgsal, mientras que TCC tendrá que abonar 1,049 millones. Las multas se han calculado en función de la facturación de 2020, año en el que este servicio ha registrado un importante descenso debido a la actividad del aeropuerto.
Esta trama fraudulenta estalló con el hallazgo de un archivo en formato PDF denominado ‘Contrato entre TUSGSAL y TCC 26_08_2009‘ durante un registro de la sede de Tusgsal el pasado noviembre de 2018. A partir de ahí, la ACCO comenzó una exhaustiva investigación.
TCC, uno de los principales operadores de Cataluña en el transporte de viajeros, está participada por Marfina, filial de Moventia, que ostenta el 66% del capital, y Transports de Barcelona, propiedad de la AMB. Además, provee el servicio de transporte de personas con movilidad reducida severa, colectivo para el que también se realizan servicios de carácter discrecional. También ofrece el servicio que conecta la estación de El Prat de Llobregat con el Puerto-Zal, conocido como PR-4, entre otros.
Esta empresa se adjudicó el primer contrato público del Aerobús en 1991, cuya concesión expiró en 2009. En 2008, la cooperativa Tusgsal, nacida en el entorno de UGT, ganó el concurso público, de forma independiente y cumpliendo los requisitos de solvencia económica y técnica. A esa misma licitación acudió TCC. Sin embargo, Tusgsal constituyó la empresa Serveis Generals de Mobilitat i Transport (SGMT) y dio entrada a TCC para repartirse el concurso.
Este contrato, que debió expirar en 2017, se mantuvo vigente hasta febrero de 2020 debido a que la AMB no licitó el concurso al participar y ganar el mismo la UTE investigada por la ACCO. Antes de resolverse definitivamente el expediente, la TCC declinó seguir explotando el negocio. En febrero del pasado año, el concurso se entregó a otra unión de empresas formada por Alcalabus, SL, Castromil, S.A., y Monforte, S.A.U.
LA LICITACIÓN DEL AEROBÚS, CON MULTA DE 3,9 MILLONES
La tercera licitación del aerobús también ha sido objeto de otra investigación. Y es que, la cooperativa Tusgsal, TCC, SGMT, Automóviles La Alcoyana y Cinesi presentaron una oferta de cobertura -ficticia- para conseguir el contrato. Es una conducta diferente a la sanción millonaria impuesta en la resolución.
El tribunal de Defensa de la Competencia de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) sancionó a estas empresas con un montante total de 3,9 millones por «coordinación en la presentación de ofertas en la licitación» del Aerobús.
Según el acuerdo, Alcoyana presentó una oferta ficticia para permitir que el cártel presentara la oferta más competitiva para salvaguardar las apariencias de una competencia efectiva. De esta forma, la oferta de cobertura no tendría opción alguna, asegurándose la ganadora el concurso. Esta licitación se realizó entre 2017 y 2019, motivo por el que se prorrogó el contrato de la UTE durante tres años.
Las sanciones fueron muy elevadas, pero a Tusgsal parece no importarle. En este caso fue sentenciada a pagar 864.245 euros. La pública TCC fue multada con 1,052 millones, mientras que la más elevada fue para la UTE, SGMT, que le cayeron 1,49 millones. Las empresas utilizadas para tratar de esquivar al vigilante de la libre competencia recibieron una menor sanción. Cinesi, 19.884 euros, y a Alcoyana, con 478.395 euros.
TUSGSAL, EN LA PICOTA POR LA NUEVA LICITACIÓN DEL AEROBÚS
Además, un directivo de Tusgsal también participaron de forma «activa y efectiva», por lo que fue sancionado con 22.800 euros. La sanción incluyó la prohibición de poder acceder a un concurso público de la AMB durante 18 meses.
Sin embargo, Tusgsal volvió a las andadas en la tercera licitación del Aerobús. En la última licitación, Tusgsal también utilizó una oferta ficticia para obtener el concurso. Esta vez, en unión con la pública TMB por un lado y con Vectalia por otro. Estas empresas habían llegado a presentar las mimas erratas y errores tipográficos en los documentos presentados para la licitación. En esta investigación participan la Oficina Antifraude y la ACCO. Según los expedientes, las empresas habrían creado otro cártel para hacerse con los 90 millones de la licitación durante los próximos seis años.
Dos de los solicitantes replicaron textos calcados para el concurso del Aerobús. Incluso la propuesta para la aplicación móvil fue exactamente la misma, sin cambiar una coma. Una de ellas es SGMT, la UTE formada ahora por Tusgsal, Moventia y de nuevo una empresa pública. Ésta última es Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y dependiente del Área Metropolitana de Barcelona. Además, Tusgsal formó alianza con el grupo Vectalia para presentar una oferta ficticia y obtener así una mayor posibilidad.
Uno de los licitantes soltó la liebre en los juzgados. La historia se repetía. La AMB debía decidir de nuevo si conceder el concurso a una empresa privada o a ella misma. Por este motivo, se investiga si realmente modificó la puntuación técnica del concurso para adjudicarla a TMB. Según los pliegos, la ganadora del concurso habría sido la gallega Monbus, pero por ahora la operativa del servicio la tiene precisamente la principal sospechosa del cártel: SGMT, al menos hasta que la justicia dicte sentencia.
