El sector eólico estima que podría llegar a verse afectado hasta un 30% del parque español actualmente en operación, a consecuencia de la corrección del dividendo de CO2 que reciben las centrales no emisoras, en el mercado de derechos de emisión. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha mostrado su «inquietud» por las consecuencias que el nuevo anteproyecto de Ley debido a su impacto en «el fomento de las nuevas inversiones renovables» necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo de energías limpias a 2030.
La patronal sectorial subraya, además, su «preocupación» por la situación de las instalaciones eólicas existentes. La propuesta del Gobierno, que prevé un recorte de unos 1.000 millones de euros anuales en la retribución que reciben las eléctricas de nucleares, hidráulicas y algunas eólicas, no afecta a ninguna planta posterior a 2005 ni a las que cuentan con marco retributivo regulado, así como tampoco a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura. También se excluyen las instalaciones de menos de 10 megavatios (MW).
El Ejecutivo estima que la medida afectará a unos 85 teravatios hora (TWh) anualmente, de los que un 67% se corresponden con generación nuclear, un 29% con hidráulica y menos de 5% a generación eólica.
AEE destaca que los parques eólicos afectados se instalaron en España desde mediados de los años noventa en un contexto de creciente alarma sobre el problema climático y gradual definición de los instrumentos y esas inversiones fueron realizadas bajo la visión de que invertir en renovables «ofrecería un valor añadido a futuro mayor que invertir en otro tipo de tecnología energética».
De esta manera, defiende que estos proyectos tuvieron que asumir «mayores riesgos tecnológicos y operativos, de gestión e integración en el territorio, y de integración en el sistema eléctrico, en una época en la que la situación de las renovables en España no se parecía en nada al escenario actual y contaba con mucha más incertidumbre».
SUFRIERON YA DIFERENTES CAMBIOS REGULATORIOS
Además, recuerda que estas instalaciones se apoyaron inicialmente para sus inversiones en un esquema retributivo regulado que les garantizaba una visibilidad de ingresos para toda la vida útil y que, posteriormente, sufrieron diferentes cambios regulatorios hasta terminar, después de tres reformas, «en una situación de total exposición a las condiciones de mercado, habiendo disminuido los ingresos percibidos en hasta un 40% sobre los ingresos inicialmente fijados en la regulación».
Por ello, considera que el nuevo anteproyecto de Ley plantea un panorama todavía más complejo para estas instalaciones, ya que muchas se verán adicionalmente afectadas por el hecho de haber gestionado el riesgo de variabilidad del precio del ‘pool’ eléctrico a través de distintos instrumentos financieros y comerciales (contratos de cobertura, acuerdos de compra de energía -PPAs -, etc.), basados en la diferencia entre el precio del mercado y el precio pactado, y que la nueva normativa no contempla.
Para ello, el sector eólico pide «trabajar para encontrar una solución consensuada» que no penalice las inversiones eólicas ni el funcionamiento de los mercados eléctricos, «a la vez que se avanza en Europa en articular las medidas para moderar los precios de los mercados de forma conjunta y coordinada.
