viernes, 1 julio 2022 12:10

El empresariado presiona a Bruselas para desbloquear la ampliación de El Prat

La ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat de Barcelona es una decisión exclusiva de Bruselas. La Generalitat, el Ayuntamiento y el Gobierno central no podrían adoptar la decisión de forma unilateral debido a que el proyecto de la tercera pista invadiría La Ricarda, una zona de especial protección natural y perteneciente a la red Natura 2000.

Bruselas protege este terreno y cualquier plan que trate de construir en la zona tiene que cumplir unos duros requisitos, así como la ausencia de cualquier otro plan alternativo. La inversión de Aena en esta ampliación serían 1.700 millones de euros y el tiempo apremia. El gestor aeroportuario, dirigido por Maurici Lucena, ha tratado de aunar a todas las fuerzas empresariales para hacer un frente común y cuyos intereses económicos superen las trabas medioambientales.

En las últimas semanas, Lucena ha mantenido encuentros con las principales patronales y asociaciones empresariales de peso de Cataluña, para mostrarles el proyecto y poder juntar los esfuerzos en una sola voz.

“SÍ” ROTUNDO A EL PRAT

Los empresarios han respondido a esta llamada con un manifiesto favorable a la ampliación de El Prat, e incluso la Cámara de Comercio de Barcelona, con una cúpula de corte independentista y contraria a una gestión externa de esta infraestructura estratégica, se ha posicionado a favor de esta inversión.

De hecho, el manifiesto es el inicio de una presión que también se trasladará a las administraciones públicas. “El objetivo es lograr un pacto para aprobar la ampliación de El Prat“, han asegurado fuentes de diversas organizaciones empresariales a MERCA2. Este miércoles habrá un acto reivindicativo para reclamar esta inversión bajo la pancarta ‘sí al acuerdo de ampliación del aeropuerto’.

Los agentes empresariales más destacados han rubricado un manifiesto en el que piden un rotundo “sí” a este proyecto. Los firmantes de esta petición han sido Foment del Treball, la Cámara de Comercio de Barcelona, el Circle d’Economia, Pimec y el RACC. En el documento se escogen muy bien las palabras para hacer una presión efectiva a Bruselas para que dé luz verde a este plan, necesario para Cataluña.

Y es que, según la directiva europea, el proyecto no sólo carecerá de un plan B, una alternativa, sino que “se considera necesario por razones imperiosas de interés público de primer orden”. Para argumentar y cargarse de razones, los empresarios han señalado que el aeropuerto de El Prat “contribuye al 7% del PIB de Cataluña”.

SE CARGAN DE RAZONES PARA SUPERAR LA DIRECTIVA EUROPEA

En este sentido, ven “imprescindible” y responde a un “imperativo interés público general, de carácter social y económico”. Es decir, Aena no tiene posibilidad de realizar la ampliación sino es a través de un terreno protegido, y además cuenta con el apoyo de los empresarios para tratar de convencer a la UE.

Pero la normativa europea para estos terrenos estipula la inclusión de medidas protectoras para mantener la biodiversidad de la zona. Por este motivo, Aena tan sólo realizó una declaración de intenciones, promesas que a Bruselas no le han valido hasta ahora. Y es que, las promesas de estas necesarias medidas en el Delta del Ebro llevan sin cumplirse tras la ampliación del mismo aeropuerto hace casi 21 años.

¿Y SI BRUSELAS NO SE FÍA? HAY INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES

Aena tendrá que presentar su plan de inversiones para el próximo lustro (2022 y 2027) este mismo mes de junio. Sin el visto bueno ni el dictamen favorable de la Comisión Europea, será prácticamente imposible poder incluir esta actuación. De esta forma, la ampliación se demorará de nuevo, cuando España ha registrado un récord de turistas extranjeros antes de la pandemia.

Por otro lado, a este manifiesto no se han adherido ninguna de las instituciones públicas. Ni Ayuntamiento ni tampoco la nueva Generalitat, que tendrá ahora, con el cambio de Gobierno, que posicionarse sobre esta inversión. Con el anterior consejero de Territori, Damià Calvet, la cuestión medioambiental era crucial para el Govern.

Ahora esta cartera se ha pasado a Jordi Puigneró, vicepresidente del Ejecutivo y con una conocida animadversión a todo lo que suponga lo español. Es decir, una postura de confrontación continua que podría romper esta unidad de las élites económicas catalanas. Con la división, Bruselas podría tener clara su postura en el dictamen.

El proyecto tendrá que ser enviado a Bruselas por parte del Ministerio de Transportes, mientras que la evaluación medioambiental correrá a cargo del Ministerio de la Transición Ecológica. La complejidad del plan y los titánicos requisitos son un hueso muy duro de perforar. Por este motivo, la operación debe tener el mayor respaldo posible, con el fin de doblegar a quien tiene en su mano la llave de la ampliación.

CONSENSO DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES: BCN, EN CONTRA

Los firmantes insisten en reclamar “el consenso de todas las administraciones y de las poblaciones implicadas“, como Gavá y El Prat de Llobregat, entre otros municipios que tendrán que soportar el tráfico aéreo y terrestre ante el más que posible aumento de operaciones.

Las patronales catalanas no entienden El Prat como parte de un modelo exclusivamente turístico. A su juicio, con la ampliación se desarrollarán actividades de alto valor añadido por las conexiones internacionales. Además, vendrían encaminadas con la intención del Gobierno de acabar con los vuelos cortos.

Respondiendo a Bruselas, los empresarios consideran que se creará un “nuevo espacio natural en el Delta del Llobregat“. Sin embargo, el curso natural de este río fue desviado con el proyecto de principios del 2000. También consideran, por otro lado, que la “superficie protegida”, una vez realizada la obra, se incrementaría por encima de un 25% respecto a la actual. Todo ello, “de acuerdo con un procedimiento exigente establecido por la Comisión Europea“. La Generalitat “tendrá que emitir el informe para modificar la Red Natura, donde se incluirían los terrenos que Aena adquiriría”.

En caso de que Bruselas deniegue el permiso, "el coste de oportunidad y de imagen para Cataluña sería altísimo, en el que se perdería competitividad y conectividad en un mundo cada vez más global". "Sería sencillamente inaceptable en momentos de tanta necesidad de recuperación económica", han asegurado los firmantes.

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