Madrid planta cara al desafío de la vivienda: alquiler asequible y rehabilitación de edificios

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento son conscientes de que el parque de viviendas actual es insuficiente para responder a la creciente demanda actual, y además una parte de la oferta es deficitaria. Ahora toca arrimar el hombro y apostar por la colaboración público-privada, pero no solo a nivel autonómico, sino también estatal.

Los datos obtenidos por Atlas RE Analytics y Gesvalt en su último estudio sobre vivienda asequible en España, desvela que sería necesaria la creación de 1.003.064 viviendas para satisfacer la demanda de la población española con dificultades para acceder a un hogar.

El difícil acceso a la vivienda es una de las preocupaciones sociales más presentes. Si bien es un problema que se focaliza en las grandes ciudades, todo el país ha experimentado en los últimos años un fuerte crecimiento en el precio de la vivienda, lo que la ha vuelto inaccesible para una parte importante de la población.

Tanto el Gobierno central como los autonómicos tienen por delante el desafío de desbloquear suelos propios con ofertas atractivas que seduzcan a las empresas privadas con una rentabilidad suficiente para apostar por el suelo público.

LA AMBICIÓN DE MADRID

En la capital, el Plan Vive se ha convertido en el proyecto más ambicioso de la región, y apuesta por la colaboración público-privada para levantar unas 25.000 viviendas en alquiler en los próximos ocho años, 15.000 de ellas en la presente legislatura.

La Comunidad de Madrid licitó cuatro lotes de suelo repartidos en 14 municipios para promover vivienda de alquiler asequible. Estas parcelas se encuentran en estado de tramitación y las subastas públicas lograron “suficiente concurrencia” para iniciar la construcción de las primeras 6.646 viviendas, que beneficiarán a 17.000 familias, dirigidas preferentemente a menores de 35 años.

Las viviendas ofertadas generarán más de 500 millones de euros de inversión en la región y la creación de hasta 35.000 puestos de trabajo. Desde la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid explicaron a MERCA2 que, a lo largo del mes de mayo, se iniciará la valoración de las ofertas, “y confiamos en que en verano se hayan adjudicado las 43 parcelas”. Además, prevén que en el último cuatrimestre de este año se empezarán a levantar las primeras viviendas, con un periodo aproximado de construcción de un año y medio.

FONDOS PARA LA VIVIENDA USADA

Madrid apuesta por atajar el problema habitacional que sufren, sobre todo, los jóvenes, pero al Estado Central y a Europa también les preocupan los problemas ambientales y la necesidad de rehabilitar los edificios antiguos.

Hay que tener en cuenta que el parque inmobiliario español tiene de media unos 40 años de antigüedad y se sitúa como uno de los más envejecidos de Europa. Esto provoca que cada vez más propietarios opten por viviendas de obra nueva.

Para luchar contra este problema, el Gobierno ha remitido un programa a Bruselas que incluye las obras de mejora energética en viviendas y edificios, así como la regeneración urbana.

Este plan de rehabilitación será financiado con unos 300 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, que están acaparando la atención de propietarios y empresarios.

Pues bien, el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) destinará las subvenciones y deducciones a actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios construidos antes de 2007.

Los propietarios que soliciten estas bonificaciones podrán disponer de una línea de ayudas destinadas a cubrir entre el 35% y el 100% del coste de las obras. Entre las mejoras a implementar se encuentran, no sólo la rehabilitación de las propias instalaciones, ventanas, fachadas, sino también aquellas dirigidas a aumentar su accesibilidad, por ejemplo, mediante la instalación de ascensores.

El objetivo del Gobierno es llevar a cabo 500.000 actuaciones de rehabilitación de vivienda y alcanzar las 300.000 viviendas rehabilitadas anualmente en 2030. Asimismo, pretende lograr una transición verde con una reducción media del consumo de energía primaria no renovable superior al 40%.

Además, la rehabilitación de viviendas y edificios públicos tiene un impacto sobre la actividad económica, con una contribución de 13.500 millones de euros en el PIB y la creación de 188.000 empleos.