Camisea, uno de los mayores yacimientos de gas natural en América Latina, ubicado a aproximadamente 500 kilómetros al Este de Lima (Perú), se ha convertido el epicentro de una posible batalla legal entre la SK Innovation, la mayor empresa de hidrocarburos de Corea del Sur, y el Estado de Perú.
Los hechos se remontan a septiembre de 2019, cuando la empresa coreana llegó a un acuerdo para vender el 17,6% de su participación en el proyecto a la argentina Pluspetrol, que mantiene una posición del 27%, por 1.052 millones de dólares (871 millones de euros).
Sin embargo, los involucrados se encontraron con la negativa del Gobierno de Perú ante dicho acuerdo por la falta de aprobación de una cláusula anticorrupción en el contrato.
En concreto, la Administración andina obligaba al comprador a desprenderse de sus derechos sobre el yacimiento en el caso de que la empresa u otras empresas del consorcio se vieran involucrados en algún caso de corrupción en cualquier lugar y en cualquier momento, tanto presente como futuro.
Para llevar a cabo el acuerdo, el Estado exigía la firma del documento a los demás socios del consorcio, entre los que se encuentran Hunt Oil, Repsol, Sonatrach y Tecpetrol.
Ante la postura de las autoridades peruanas, SK Innovation notificó hace un par de semanas que estaba evaluando un arbitraje internacional contra el Estado peruano.
«SK quiere vender su participación a uno de sus socios en el consorcio, pero no puede hacerlo porque el Estado peruano, que tiene que dar su aprobación para cualquier cambio, se niega a darla», explicaba en un comunicado.
En este sentido, la sociedad entendía que era «muy poco probable» que ninguna empresa esté dispuesta a firmar una cláusula de estas características. «El Estado peruano está haciendo imposible que SK pueda vender su participación, afectando severamente su derecho de propiedad», señalaba la empresa.
La compañía destacó que la postura del país en este asunto suponía una violación de la ley internacional y del tratado de Libre Comercio entre Perú y Corea del Sur, y advirtió de que el bloqueo a la operación supondría una pérdida de 1.000 millones de dólares (828 millones de euros) para el país, entre otros impactos.
«Esta decisión de considerar un arbitraje nos duele y no la tomamos a la ligera, pero SK está enfrentando la amenaza de un daño financiero significativo e irreparable y debe proteger sus derechos», apostilló la compañía.
A falta de conocer el fin del litigio, hay que destacar que el cierre de acuerdo estará sujeto a la aprobación de varias autoridades peruanas, como la empresa estatal PerúPetro, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas.
