Desde que Unidas Podemos diera el salto al Gobierno de España contra todo pronóstico, la idea de la nacionalización planea sobre diferentes sectores con fuerza. Un discurso recurrente que entra y sale de la actualidad informativa en función de los acontecimientos, si bien el sector energético ha acaparado siempre las máximas aspiraciones de la formación morada. Lejos de ser una ocurrencia más, sobrevenida por la búsqueda desesperada de soluciones en ámbitos de actividad afectados por crisis o graves oscilaciones, la intervención pública en la electricidad ya se elevaba a categoría de promesa electoral del partido de Pablo Iglesias, aún antes de ocupar cuatro ministerios y una vicepresidencia.
La irrupción del temporal Filomena devolvía a los titulares los disparados precios de la electricidad, y con ellos regresaba el discurso de los socios del PSOE en el Ejecutivo: la solución pasaba por una nacionalización de las eléctricas para garantizar unos precios accesibles de «un bien de primera necesidad».
La primera semana del año seguía la estela ascendente iniciada en diciembre con la primera subida de la luz tras 19 meses de bajadas. La ausencia de renovables y el aumento de la demanda de gas y también de carbón para generación eléctrica contribuyen al encarecimiento de la energía. Con un termómetro marcando temperaturas por debajo del cero durante días, aumenta la generación y también sus costes. El frío congela el ambiente que se calienta a fuerza de debate sobre la nacionalización o no de la energía.
Pero los ministros socialistas, primero el de Fomento, José Luis Ábalos, y más tarde la titular para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se encargaron de zanjar la polémica rápidamente. Se descartaba por completo la idea: las compañías energéticas no se nacionalizan. Pero, ¿y a la inversa? ¿funcionaría igual el sistema con una Red Eléctrica (REE) y un Enagás privatizados?
Al igual que la nacionalización es una opción defendida por una minoría política, la privatización de REE y Enagás tampoco se contempla en este momento. Tantas ganas hay de una cosa como de la otra. Tanto es así que el Ministerio para la Transición Ecológica aprovechaba la ley de Cambio Climático para vigilar de cerca todos los movimientos corporativos de los gestores de la red de transporte de electricidad y gas natural, es decir, las compras o alianzas, en el extranjero o fuera de su sector, que estas dos empresas puedan hacer.
Una disposición final en la ley introduce una nueva cláusula que les obliga a informar al Gobierno de cualquier movimiento que hagan a través de cualquier filial, y no sólo de las filiales con actividades reguladas (bajo supervisión administrativa).
El Gobierno logra así que la empresa que gestiona las redes de alta tensión y garantiza el fluido eléctrico y su homólogo en el sistema gasista se focalicen en sus respectivos negocios regulados en España. En conclusión, el control crece, por lo que la privatización no se contempla.
En cuanto a nacionalizar a las empresas eléctricas, la opinión generalizada encuentra el peligro de acabar «nacionalizándolo todo». El precio de la energía se puede abordar desde otros muchos ángulos para alcanzar costes razonables, explican expertos del sector. Se trata de replantear cómo se calcula el precio, los costes de generación, los márgenes, el número de operadores en el mercado y, a partir de ahí, marcar otras reglas del juego.
REDUCIR EL IVA DE LA FACTURA ENERGÉTICA
En este sentido se manejan varias opciones para abaratar la energía. Reducir el IVA de la factura energética es otra de las alternativas que plantean voces del sector, en línea con otros países europeos con una carga impositiva inferior al 21% sobre la electricidad. Por eso, el tema de nacionalizar o no a efectos prácticos para el consumidor no debe ser el debate y, sí medidas como sacar la cargas de la factura de la luz como déficit tarifario y otros costes fijos y regulados, que no sean los gastos propios de distribución y transporte de la energía.
En España existen otros tramos como el reducido de IVA, del 10% y que se aplica en el agua, productos sanitarios o transporte; y el superreducido, del 4% y que se ve en productos básicos como el pan y verduras, medicamentos o libros.
Diversas asociaciones de consumidores han pedido mover de tramo la luz. Una reivindicación que tampoco es nueva. Ya el año pasado la OCU pidió revolucionar la factura eléctrica para sacar conceptos y reducir el IVA del 21% al 10%.
Mientras en España se aplica el 21%, en países del entorno como Portugal, el Reino Unido, Italia o Grecia hay tipos más reducidos, del 6%, el 5%, el 10% o el 13%, respectivamente. Además, varios partidos políticos del grupo mixto del Senado, encabezados por los cántabros de PRC, Teruel Existe, Unión del Pueblo Navarro y Partido Aragonés, han solicitado al Gobierno que aplique el tipo reducido del 10% del impuesto a la electricidad y el gas natural, para equipararlo a la media europea.
LA NACIONALIZACIÓN RECURRENTE
Sectores en el punto de mira de la nacionalización ha habido varios, y situaciones para reivindicar su nacionalización, se han encontrado, más si cabe desde la declaración de la pandemia que evidenció como servicios esenciales en diferentes actividades. De hecho, uno de los primeros en referirse a esta posibilidad en la legislatura fue el ministro de Consumo, Alberto Garzón, asegurando que la nacionalización y la intervención pública en empresas, es una “herramienta disponible”, en términos abstractos, que recoge la Constitución y que están utilizando diferentes países europeos.
Sus afirmaciones llegaban, el pasado mes de junio, en alusión a una acción propuesta cuando Nissan anunció que cerraba y abandonaba sus instalaciones en Cataluña. “En términos abstractos, es una herramienta disponible no solo por la Constitución, sino, como estamos viendo, en el ámbito europeo, donde muchos países están interviniendo en el capital de muchas empresas, entre ellas, algunas aerolíneas”, explicó Garzón.
“Tenemos que implementar políticas públicas que permitan revertir esta tendencia que va más allá de un gobierno o de dos”, indicó el ministro de Consumo, que abogó por llevar a cabo una reindustrialización y hacer un “cambio estructural”, para lo que el titular de Consumo defendió entonces la importancia de contar con el apoyo de todos los partidos políticos.
Siempre habrá situaciones que deriven en el debate sobre la conveniencia de nacionalizar sectores. Llegarán nuevas propuestas, sobre todo mientras los máximos defensores de la conversión de lo privado en público estén en el Gobierno, si bien la medida no parece viable en ningún ámbito, dada la escasez de simpatizantes.
