La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), a través de su Asociación Profesional de Cuadros de Alcoa (CCP-APC), el pasado mes de octubre, contra Alcoa, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo, al considerar que puede existir un delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida que ha atentado contra la seguridad de los más de 600 trabajadores de estas dos fábricas.
A partir de este momento se inicia una investigación judicial en la que CCP-APC actúa como acusación particular contra un total de 10 personas físicas y 9 jurídicas a las que se les acusa de haber defraudado y maquinado para alterar el precio de las cosas con la grave repercusión para el mantenimiento de los puestos de trabajo, según informa la CCP.
En la querella se acusa a estas empresas de urdir un plan para hacerse con el control de las dos fábricas de Avilés y A Coruña mientras se estaba negociando una solución para evitar un Expediente de Regulación de Empleo comunicado por la dirección de Alcoa, en octubre de 2018, y que afectaba a 688 trabajadores de las dos plantas y que, a juicio de la CCP, ha resultado ser «un presunto fraude».
En este sentido, CCP-APC denuncia que fueron objeto de engaño en el transcurso de estas negociaciones, ya que las actuaciones llevadas a cabo por los querellados han hecho que las dos factorías terminen en ‘empresas pantalla’ sin capacidad para llevar a cabo el Plan de Negocios anunciado, ni el pago de los salarios de los trabajadores, ni la posibilidad de conservar sus puestos de trabajo.
En las actuaciones judiciales que ahora se inician se investigará también a los responsables del fondo de inversión suizo Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo a través de las sociedades instrumentales Blue Motion Technologies Holding AG, y la actual propietaria de las fábricas System Capital Management.
Los hechos investigados se remontan a julio de 2019, cuando Alcoa anunció la venta de las dos plantas a Parter Capital Group, que se comprometió a mantener los puestos de trabajo de todos los empleados, al menos, durante dos años. Sin embargo este fondo de inversión suizo inició una negociación para su venta a los pocos meses, incumpliendo lo acordado con Alcoa.
Con carácter previo a la compra, Parter Capital Group y su fondo Blue Motion Technologies Holding AG habían constituido dos sociedades unipersonales de cartera y tenencia de activos: Alu Holding AC Spain y Alu Holding AVL 2019 Spain, con un capital social de 3.000 euros cada una como ‘sociedades pantalla’ que protegiesen al comprador de eventuales responsabilidades patrimoniales, convirtiéndose en titular de Alu Ibérica AC (la antigua fábrica de Alcoa en A Coruña) y Alu Ibérica AVL (la fábrica de Alcoa en Avilés), con un capital social de 3 millones de euros cada una de ellas.
CCP-APC manifiesta su satisfacción por haber conseguido que se investiguen unos hechos que han provocado la insolvencia de las dos fábricas de Avilés y A Coruña con el objetivo de lucrarse por parte de los querellados mientras que han puesto en grave riesgo el futuro de las empresas y el de los trabajadores.
