El Gobierno de Andorra prevé crear un precio del carbono como elemento adicional al impuesto especial sobre los hidrocarburos, según ha explicado el Ejecutivo este jueves en un comunicado sobre la presentación de medidas de transición energética.
Así se plantea una modificación de la Ley de impuestos especiales para incluir la nueva tasa relacionada con la venta de carburantes: «La imposición indirecta permite, con tipos impositivos muy moderados, lograr una gran recaudación que impacta en beneficios directos y concretos para la ciudadanía», ha explicado el ministro de Finanzas, Eric Jover.
La recaudación obtenida con esta nueva tasa se destinará a un ‘fondo verde’ que tendrá por objetivo la transición energética y la lucha contra el cambio climático, y entre otras medidas servirá para reducir las tarifas del transporte público del país.
La ministra de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad, Sílvia Calvó, ha explicado que la nueva tasa «contribuirá a reducir y a mitigar o reparar los efectos de las emisiones, y a internalizar los costes sociales y ambientales derivados del uso de combustibles fósiles para avanzar hacia la transición energética y la sostenibilidad».
CARGA IMPOSITIVA DE 30 EUROS
La modificación de la Ley de impuestos especiales prevé la implementación de una carga impositiva de 30 euros por tonelada de dióxido de carbono, 15 de los cuales los asumirá el Gobierno mediante la correspondiente reducción del tipo impositivo vigente y los 15 restantes formaran parte del nuevo impuesto al precio del carbono, según el comunicado del Gobierno.
La nueva tasa entraría en funcionamiento a partir de la aprobación de la modificación de la Ley para el sector de la locomoción; para la calefacción se prevé «una moratoria de hasta 6 años, implementando la tasa de forma progresiva, y en ningún caso entrará en vigor antes del 2022».
«El objetivo del Gobierno, en ambos casos, es que sea el mismo sector el encargado de asumir esta nueva tasa con la voluntad que no haya ninguna repercusión para el consumidor final», afirma el Ejecutivo.
COMPROMISOS INTERNACIONALES
De este modo, la medida permitirá cumplir con los compromisos internacionales contraídos con la firma del Acuerdo de París, que a nivel nacional se han trasladado a la Ley de transición energética y de cambio climático, y con la declaración del estado de emergencia climática, que fue aceptada por unanimidad del Parlamento.
