El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha presentado este miércoles un proyecto de oferta de empleo público en la Administración General del Estado (AGE) que reduce en un 37,6% el número de plazas en relación a la oferta acordada en 2019, a incluir en los Presupuestos Generales del Estado, según ha informado CSIF, que denuncia que se pone en peligro la «viabilidad» de la AGE y podría suponer el «colapso» del SEPE o la Seguridad Social.
En concreto, la oferta de empleo público que ha puesto Función Pública encima de la mesa contempla 7.066 plazas de acceso libre (personas que ingresan en la Administración) y 6.247 plazas destinadas a la promoción interna, frente a las 11.338 y 8.350 contempladas, respectivamente, en 2019.
CSIF ha trasladado al Ministerio que la oferta es «insuficiente» porque es un 37,6% menos respecto a las 11.338 de acceso libre que se aprobaron el año pasado y de un 32,3% en el global de las plazas (acceso libre y promoción interna).
Además, señala que la oferta de empleo público no cubre el cien por cien de la tasa de reposición, puesto que el número de plazas de nuevo ingreso propuestas son 988 menos que las bajas producidas por fallecimientos y jubilaciones, por lo que se estaría destruyendo empleo.
El sindicato advierte de que la oferta de empleo público presentada por el Gobierno pone en peligro la «viabilidad» de esta Administración, teniendo en cuenta los «graves problemas» por los que atraviesan ámbitos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad Social en la gestión de prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital.
En este sentido, recuerda que la Administración General del Estado ha perdido en los últimos diez años, entre enero de 2010 y enero de 2020, 43.477 plazas, según datos del Registro Central de Personal, lo que supone una pérdida de 12 empleados públicos al día.
«La Administración Pública se está desangrando», alerta CSIF, que añade que a estas cifras se suma que el 19,22% de la plantilla tiene más de 60 años y por tanto está a las puertas de la jubilación.
Por ello, CSIF considera que los 800.000 nuevos empleos anunciados por el presidente del Gobierno también deben ir destinados a reforzar los servicios públicos y entiende que este plan debe de ir acompañado de un análisis sobre los recursos humanos que siempre han demandado para reforzar ámbitos que con la pandemia se encuentran «seriamente comprometidos» como son Sanidad, Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo, así como en los servicios sociales la Educación, la Justicia, Agencia Tributaria o los Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
«Entendemos que las administraciones públicas deben de ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía que, como hemos visto, se encuentran en una situación muy delicada», ha defendido.
