El Ministerio de Trabajo y Economía Social cifra en más de 790 millones de euros al año el coste que tendrán que afrontar las empresas en cargas administrativas a partir de la nueva regulación del teletrabajo aprobada esta semana por el Gobierno.
Así se desprende de la memoria de impactos que acompaña al decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, a partir de la estimación de que trabajará a distancia con carácter regular uno de cada cinco trabajadores en España.
En su estimación, Trabajo señala que, conforme a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el pasado año un 8,3% de los trabajadores recurrió al teletrabajo, y según la encuesta de Eurofound, el porcentaje de los que empezaron a hacerlo con la pandemia alcanzó el 30%.
De su lado, el Banco de España cree que siete de cada diez trabajadores podría teletrabajar, al menos ocasionalmente. Por ello, Trabajo estima en el 20% de la población ocupada a efectos de los acuerdos de teletrabajo que deben ser comunicados, 3,72 millones de trabajadores conforme a la extrapolación a partir de la EPA del segundo trimestre del año.
A partir de ahí, a Trabajo le resultan 790 millones de euros de la suma del coste de los diferentes trámites, siendo el más costoso la obligación de la empresa de entregar a la representación legal de los trabajadores una copia de todos los acuerdos a distancia y de sus actualizaciones (372 millones al año, a 100 euros por cada envío, y estimándose una frecuencia de una vez al año).
Más de 14,8 millones resultarían del envío de la copia de estos acuerdos y sus modificaciones a la oficina de empleo (con un coste unitario estimado menor, de 4 euros), y 186 millones la obligación de informar a los teletrabajadores y a la representación sindical de los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial.
Para informar de las posibilidades de ascenso que se produzcan, sean presencial o a distancia, se estima un cose de 124 millones de euros, mientras que la entrega del informe escrito a la persona trabajadora y delegados de prevención que justifique la necesidad de la visita, a efectos de riesgos laborales se calcula en 93 millones.
