martes, 22 junio 2021 18:59

La semana que cambió el alquiler de la vivienda en España

El Estado de alarma decretado tras la pandemia del coronavirus está provocando una crisis económica que azota con fuerza al tejido empresarial y la economía de los españoles. Pero en el sector del alquiler se ha producido un hito: por primera vez el Estado apuesta por medidas extraordinarias dirigidas a los inquilinos.

El Gobierno ha aprobado varios decretos en las últimas semanas con una batería de medidas para paliar los efectos de esta crisis sanitaria. Además, las tensiones internas del Ejecutivo afloran y no es fácil ponerse de acuerdo. Un claro ejemplo ha sido en materia de ayudas para el pago del alquiler.

Por un parte, Pablo Iglesias defendía en un principio una quita, o moratoria, de las mensualidades de abril y mayo para ayudar a los inquilinos. Y, más tarde, apostó por eximir del pago de las cuotas (condonación) hasta que finalizase el Estado de alarma.

Pero esta idea no gustó nada en las filas del PSOE, y Nadia Calviño mostró su temperamento. Esta idea era “insostenible”, ya que en España el 96% de los propietarios de inmuebles en alquiler son pequeños propietarios, y esta medida lastraría su economía.

Pues bien, para sorpresa de todos, el pasado martes el Consejo de Ministros acercó posturas y aprobaron el Real-Decreto-Ley de medidas urgentes, que no dejaron indiferentes a nadie.

APUESTA POR EL INQUILINO

Para llevar a cabo las medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dotado adicionalmente 100 millones de euros para el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

De este modo, el Gobierno ha aprobado una línea de microcréditos con garantía del Estado, a través del ICO, para cubrir el pago de hasta seis mensualidades. Estos avales con garantía son sin gastos ni intereses, y a pagar en 6 años, prorrogables hasta 10 años, en caso de tener dificultades.

En cuanto a los beneficiarios de estos microcréditos a “interés 0”, lo pueden solicitar las personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y los empleados que han sufrido una reducción en su jornada laboral con la consiguiente reducción del salario. Pero también se pueden acoger a esta medida los autónomos, así como las personas que se encuentren en situación de desempleo.

Pero Pablo Iglesias insistió en que “los fondos públicos se harán cargo de las deudas de los inquilinos que no pueden salir de esa situación y no puedan hacer frente a la devolución del microcrédito”. Una decisión que para muchos expertos lanza un mensaje de impunidad e incita a la morosidad.

Otras medidas adicionales aprobadas en materia de alquiler han sido la prórroga automática del contrato de arrendamiento que venzan durante los próximos seis meses. Así como la paralización de todos los desahucios y alzamientos durante un plazo de seis meses. El objetivo es asegurar el derecho a la vivienda, sobre todo, a las personas que se encuentren en una situación más vulnerable tras los efectos del Covid-19.

DISCRIMINACIÓN A LOS FONDOS BUITRE

La diferenciación entre propietarios ha levantado ampollas entre los grandes tenedores de vivienda en alquiler. De hecho, Pablo Iglesias ha explicado que “no es lo mismo un pequeño propietario que un fondo buitre”.

De este modo, el decreto aprobado este martes garantiza que los pequeños propietarios recibirán íntegras las rentas mensuales con esta ayuda finalista, mientras que los grandes tenedores deberán asumir parte del impacto.

En concreto, se les obliga o, bien ofrecer una quita del 50% de la deuda o, bien reestructurar esa deuda para que el inquilino pueda devolverlo en los próximos 3 años. Además, el inquilino que no pueda hacer frente al otro 50% podrá pedir el crédito público que ofrece el Gobierno.

Las grandes socimis tenedoras de suelo en alquiler celebran que el Estado decida apoyar a los inquilinos para evitar el impago, pero critican la “discriminación” a la que se ven sometidos.

De hecho, como ya publicamos en MERCA2, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, advirtió de que “cualquiera de las dos alternativas tendría un coste inasumible para las compañías, abocándolas a graves problemas de liquidez, y en muchos casos a la insolvencia”.

SOLIDARIDAD DE LAS SOCIMIS

Antes de conocerse las nuevas medidas en el sector del alquiler, varias empresas especializadas en alquiler de inmuebles ofrecieron una moratoria en las cuotas. Es el caso de Lazora, que permite aplazar el abono del alquiler durante el periodo en el que se alargue el Estado de alarma, y el inquilino cumplirá con la deuda de forma fraccionada durante un año.

Témpore, la socimi de creó Sareb y vendió posteriormente a TPG (aunque el ‘banco malo’ mantiene un 24% del capital), ha seguido la estela y ofrece a sus 1.810 inquilinos la opción de aplazar el pago de la renta por hasta seis meses.

Y Vivenio, la socimi de Renta Corporación que, a cierre de 2019 contaba con 4.800 viviendas, ha sido la última en anunciar que sus inquilinos tienen la posibilidad de acogerse a una moratoria en el pago de las cuotas correspondientes a los meses de abril y mayo.


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