No corren buenos tiempos para la industria cementera. Hasta junio de 2019, su evolución fue positiva (+11%). Sin embargo, en el segundo semestre cayó (-0,2%). En el conjunto del año, se consumieron 14,2 millones de toneladas (+5,9%). Pero las previsiones de la patronal, Oficemen, apuntan a que ese porcentaje se quedará en el entorno del 2% en 2020. Los ministros Ábalos y Maroto podrían impulsar dicha cantidad. Pero las políticas del nuevo Ejecutivo parecen no ir por ahí.
El renovado Ministerio de Fomento, ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dará de lado a las infraestructuras territoriales. De hecho, José Luis Ábalos habló de no hacer promesas al respecto en su toma de posesión: “Eso no lo hace ya ningún país que tenga el desarrollo económico y de infraestructuras que tiene España”. Y añadió: “Tenemos que trabajar por una movilidad sostenible, segura y conectada”.
Malas noticias para el sector cementero en un momento en que la obra pública está paralizada y la construcción de viviendas se ralentiza. En el primero de los casos, la obra pública se mueve en parámetros del 1% del PIB, por debajo del 2% de Alemania o Francia. En el segundo, España debería construir entre 180.000 y 200.000 viviendas anuales. En 2019 se iniciaron 111.000.
La obra pública se mueve en parámetros del 1% del PIB, por debajo del 2% de Alemania o Francia
“Llevamos mucho tiempo con paralización en la obra pública. Estamos poniendo en riesgo todo lo construido. El Gobierno debería poner una solución”, señala Víctor García Brosa, presidente de Oficemen.
LICITAR Y EJECUTAR
Licitar, se sigue licitando obra pública. Pero una cosa es licitar, y otra es ejecutar. En 2018, por ejemplo, el Estado dejó de ejecutar 2.905 millones de euros (el grado de ejecución fue del 67,2%). Y en 2019, del que todavía no se tienen cifras, es más que probable que con la parálisis política ese porcentaje haya disminuido.
“La licitación es plurianual. Hay resolución de contratos y vuelta a empezar. El desajuste entre lo licitado y lo ejecutado se ha convertido en algo permanente”, se lamenta el presidente de Oficemen. Unas diferencias que hacen que, en el sector cementero, la obra pública haya bajado del 50% del total. Un estancamiento que no se corresponde con el alto potencial que presenta.
“Estamos perdiendo valor en construcción de infraestructuras”, apunta Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen. No se trata sólo de construir. También de reponer. “El concepto de reposición está muy mal tratado en nuestros presupuestos. Las canalizaciones de hormigón tienen que ser repuestas, no reformadas”, añade.
MAROTO SIGUE A ÁBALOS
Sí José Luis Ábalos es clave para el desarrollo del sector cementero, su homónima en Industria, Reyes Maroto, no le va a la zaga. En sus manos está el desbloqueo del estatuto de consumidores electrointensivos. Pieza clave ya que el coste de la electricidad que paga el sector es un 27% más caro que el de Alemania o Francia.
“Aunque se apruebe el estatuto no servirá para llegar a los precios de Alemania o Francia”, resalta Víctor García Brosa. Además, la subasta de interrumpibilidad prácticamente ha desaparecido, y el valor de la subasta no alcanza el coste. “El estatuto reduciría la diferencia, pero no la acercaría lo suficiente”, añade. Todo ello, junto al incremento de los costes de emisión de CO2, ha provocado la caída de las exportaciones durante más de 30 meses seguidos.
Frente a las propuestas de sostenibilidad de Ábalos y Maroto, Oficemen reclama inversión pública y otras medidas de apoyo. Una de ellas sería controlar en frontera las importaciones (que pagasen, por ejemplo, un coste por emisión fuera de Europa). Países como Turquía o Argelia tienen la mitad de costes de producción por el precio de su energía y los salarios que pagan. Otra medida sería la inclusión de valores medioambientales en la contratación pública, o la apuesta por infraestructuras inteligentes que requieren hormigones de altas prestaciones. El Hyperloop es un claro ejemplo.
