Medio lleno o medio vacío. Así, como el vaso, es la situación que vive en la actualidad el sector cementero. Según los últimos datos de Oficemen, el consumo de cemento en España ha crecido un 6,6% en mayo, situándose en 1,3 millones de toneladas, es decir, 82.348 toneladas más que en el mismo mes del pasado año. Pero, si lo que hacemos es comparar los datos frente al primer trimestre del año, dicho consumo en los meses de abril y mayo se ha desacelerado en torno al 6%. Todo un varapalo a los planes de la ministra de Industria, Comercio y Turismo: Reyes Maroto.
Recapitulemos: la titular del ministerio presentó a finales del pasado año la agenda sectorial de la industria del cemento. Y su hoja de ruta era de lo más clarividente. Para 2022, las cementeras deberían recuperar el nivel de actividad previo a la crisis. Hablamos de 30 millones de toneladas de producción. Para conseguir alcanzar esas previsiones, sería necesaria que España alcanzase los 1.000 o 1.200 kilos de consumo de cemento por habitante (cifras similares a las que tiene ahora China). Una labor ardua porque en la actualidad se sitúa en el entorno de los 300 kilos. De conseguirse, se traduciría en la creación de 2.000 puestos de trabajo directos, y otros 4.000 indirectos.
La ministra de Industria en funciones preveía recuperar los niveles previos a la crisis en 2022 en los próximos tres años
Sin embargo, más que aclarar, el cielo del sector cementero en lo que llevamos de 2019 se está llenando de nubarrones, lo que sin duda es una mala noticia para Reyes Maroto. Así lo ha dejado ver Bloomberg: “El elevado precio de los derechos de emisiones de CO2 aumenta el riesgo de incrementar los costes de producción de los fabricantes de cemento”.
Se trata de una carrera vertiginosa (para desgracia de las cementeras) que han visto como el precio se ha triplicado, pasando de ocho euros a 24,6 euros por tonelada. El precio más elevado de la última década. “Es probable que los fabricantes de cemento soporten un aumento adicional en dichos precios”, añaden desde Bloomberg. Por si fuera poco, la nueva regulación de la denominada como fase IV de la Comisión Europea (y que abarca desde el año 2021 hasta el 2030) requerirá que la industria del cemento racionalice todavía más su huella de capacidad de producción. “Esa nueva directiva básicamente significa que habrá menos asignaciones gratuitas atribuidas a las empresas europeas. Por tanto, las cementeras y los productores de petróleo probablemente se verán obligados a comprar estos créditos en el mercado, lo que aumentará sus costes de producción”, recalcan en Bloomberg.
MÁS PROBLEMAS PARA REYES MAROTO
No sólo las cementeras, y la ministra Reyes Maroto, deben miran a Bruselas para intentar que el plan previsto acabe llegando a buen puerto. Aparte de los derechos de emisión de CO2, y de la regulación made in EU, de puertas adentro hay una serie de circunstancias que pueden hacer de ancla. Y algunas de ellas tienen que ver con el ministerio.
“La mejoría en el porcentaje de crecimiento de esta primera parte del año es fruto de la evolución positiva de la vivienda, que en el conjunto de los últimos 12 meses ha crecido un 25%, alcanzando una cifra superior a las 107.000 viviendas visadas”, señala Jesús Ortíz, presidente de Oficemen en la nota de prensa de resultados. Pero matiza: “En paralelo no se detectan señales de reactivación en la ejecución de obra pública”. Todo un aviso a navegantes para la ministra Reyes Maroto.
Su pérdida de peso ha sido tal, que la obra pública absorbe menos de seis millones de toneladas de cemento cuando, según Oficemen, debería situarse en el entorno de los 12 millones. Además, durante los últimos 25 años, la media del presupuesto destinado a infraestructuras de la Administración General del Estado fue de unos 8.600 millones de euros. En 2018 esa cantidad se desinfló por debajo de los 6.000 millones de euros.
Otra posible solución para el sector cementero que está en manos de la ministra Reyes Maroto tiene que ver con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. De hecho, en el plan de la ministra estaba incluir a esta industria en el mismo y, así, recibir las pertinentes ayudas. De hecho, la industria española (en general) soporta uno de los costes más elevados de Europa, por encima de hasta el 30% dependiendo del país con que se compare. Sin embargo, la UE no parece estar por la labor.
Todas estas circunstancias han traído consigo una declarada pérdida de competitividad del sector. Y donde bien se puede apreciar es en las exportaciones, que encadenan dos años seguidos en números rojos, en los que se han perdido casi dos millones de toneladas. Es decir, la producción media anual de tres fábricas de cemento. “El producto que viene desde terceros países, con costes energéticos más bajos y donde no se penalizan fiscalmente las emisiones de CO2, está lastrando nuestra competitividad”, se lamenta Jesús Ortiz. Sólo durante los cinco primeros meses del año las importaciones se han incrementado un 73%.
Visto lo visto, la ministra Reyes Maroto tiene muy difícil que en el horizonte marcado se produzca la ansiada recuperación de un sector azotado por la regulación, los altos precios de la electricidad, y el precio de los derechos de emisión. Además, si se retrasa la elección del Gobierno, o si vamos a nuevas elecciones, el plan de la ministra que entre otros puntos incorporaba la construcción de carreteras con hormigón, podría verse parado en la cuneta.
