El auge de las inversiones verdes o, si lo prefieren, de la proliferación de activos financieros que, en teoría, participan en la lucha contra el cambio climático, está provocando una verdadera revolución en las agencias de calificación crediticia, cuyos analistas navegan sin rumbo fijo a la espera de lo que decidan las instituciones gubernamentales, monetarias y los grandes fondos de inversión.

Así lo confirman a MERCA2 fuentes de las principales firmas de este sector (Moody´s, Fitch Ratings y S&P) que ven con preocupación como la incertidumbre sobre la forma correcta de valorar los activos de las empresas dificulta el trabajo de sus analistas a la hora de determinar la calificación de los mismos.

El problema se extiende a los gestores de inversiones, cuyo principal reto en estos momentos a la hora de diseñar sus carteras es utilizar la métrica adecuada para anticipar cuales de los activos serán los premiados por esta ofensiva global contra el cambio climático. Aunque existen parámetros estándar como los denominados criterios ESG, el enorme terreno que abarcan dificulta la tarea de acotar los activos en función de su rentabilidad esperada. 

La cuestión se agrava si se tiene en cuenta que los criterios de sostenibilidad no sólo incluyen elementos de lucha contra el cambio climático, sino que se extienden a ámbitos tan dispares como la educación, la sanidad, la tecnología y la gestión de recursos humanos. Las fuentes consultadas admiten que la falta de parámetros para unificar y comparar las calificaciones con criterios ESG preocupan a los analistas, sobre todo cuando a la hora de auditar los aspectos fundamentales de una determinada empresa, los criterios de sostenibilidad dejan en un segundo plano las variables de evaluación tradicionales, tales como el endeudamiento, la generación de caja, el beneficio o los márgenes del negocio. 

Un ejemplo de ello se encuentra en el sector automovilístico. Kai Lehman, analista de la gestora Flossbach Von Storch, cita en el último número de la revista Forbes el caso de Tesla, que es la primera compañía en las listas de las agencias de calificación financiera atendiendo a criterios ESG, pero que si la valoración se realiza con variables tradicionales es superada ampliamente por compañías como Volskwagen AG, General Motors o Porsche Automobil Holding.

En Europa preocupa especialmente cómo se concretará la propuesta de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que pretende modificar los estatutos de la institución monetaria para incluir entre sus mandatos la lucha contra el cambio climático. El mercado espera que tarde o temprano los programas de compra de activos del BCE incluyan criterios de sostenibilidad, ampliando así las posibilidades de intervención de la entidad. 

Y en el sector privado la situación es similar, con la mayor gestora del mundo, la norteamericana BlackRock, anunciando que adoptará nuevas exigencias de “transparencia medioambiental” para fijar sus inversiones. En España han saltado todas las alarmas porque sólo un tercio de las compañías que cotizan en el Ibex 35 pasan el nuevo filtro de la firma dirigida por Larry Fink. El problema surge por la diferencia entre los índices y referencias que existen en el mercado a la hora de establecer qué es y qué no es sostenible.

En todo caso, y a pesar de la incertidumbre sobre la forma de valorar los activos, existe consenso entre inversores y analistas de que la inversión sostenible servirá para reducir la volatilidad y algunos incluso auguran la creación de una burbuja que permitirá retrasar el fin del ciclo económico expansivo que comenzó en 2013. Tan sólo en España las emisiones de bonos y concesión de préstamos verdes mueva ya casi 23.000 millones de euros, multiplicando por 20 veces las cifras de hace tan sólo un lustro, según los datos del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (Ofiso),

Precisamente la emisión de bonos verdes no terminaba de despegar en España hasta que llegó 2019, cuando firmas como Iberdrola, BBVA, Santander, CaixaBank, Telefónica o Acciona impulsaron esta nueva vía de financiación (que además se hace más atractiva teniendo en cuenta los tipos de interés en mínimos históricos). El año pasado las emisiones de estos bonos crecieron un 50%, rozando los 9.800 millones de euros y superando en casi diez veces los exiguos 1.000 millones de euros contabilizados en 2014.

Además, para aprovechar esta tendencia global hacia lo sostenible, la banca de inversión prepara en España grandes operaciones de refinanciación del pasivo de las compañías energéticas en 2020, que han visto como futuro se despeja tras el Real Decreto que blinda durante los próximos 12 años a las plantas renovables con una rentabilidad garantizada del 7,09%, que asciende al 7,39% en el caso de las construidas antes de 2013. Dos ejemplos de ello son T-Solar, la filial de renovables de la antigua Isolux, y Saeta Yield, la ex filial de ACS que ahora está en manos del fondo canadiense Brookfield.

Fuera del ámbito energético también se producirán refinanciaciones atendiendo a criterios verdes, como la que está negociando en estos momentos El Corte Inglés para rebajar el coste de la deuda. Según ha adelantado el diario Expansión el grupo que preside Marta Álvarez quiere ligar el tipo de interés de su pasivo a los avances de la compañía en los criterios ESG. Si tiene éxito conseguirá una rebaja de 2,5 puntos en el coste de su deuda. Otras firmas del sector de la distribución y de la moda están siguiendo el mismo camino, como el grupo italiano Prada o la española Camper.