Fue en abril de 2014. Juan Carlos se acercó al cuartel de la Guardia Civil para poner una denuncia. En la diligencia de comparecencia se hacía constar que la mujer a la que había alquilado el piso se tenía que marchar “urgentemente por problemas personales con su marido, del que estaba separada, y que se había mudado cerca. Que estaba preocupada por su seguridad y la de sus hijos.”. Por eso, y dada la rapidez, le ingresaría en quince días en la cuenta habitual las mensualidades que le debía (tres). Incluso le dio la dirección de donde se iría. En esa denuncia aportó el contrato del alquiler, la fotocopia del NIE y la cartilla bancaria de la denunciada.
Pasados esos quince días, el denunciante la llamó. No le cogió el teléfono. Se dirigió a la dirección aportada, y allí no vivía. Desde entonces, más de cinco años después, la denuncia sigue ahí, durmiendo el sueño de los justos, y las mensualidades sin cobrar. “A partir de entonces han pasado otros dos inquilinos, que no me han dado problemas, pero para cuidarme las espaldas siempre contrato un seguro de impago”, confiesa Juan Carlos.
Su caso ya no es una aguja en un pajar. Es más, se trata de una opción que cada vez más se plantean los más de cuatro millones de propietarios que tienen alquilada algunas de sus propiedades. Si en 2018 su número creció un 30%, según las estimaciones de OESA (Observatorio Español del Seguro de Alquiler), en el primer semestre de 2019 lo hará un 35%. “Antes los seguros eran considerados como productos reservados para los alquileres más elevados, pero ante la reducción de garantías se están convirtiendo en necesarios para todo tipo de rentas, también las más reducidas”, señalan desde el Observatorio.
Las garantías de cobrar el alquiler están menguando por lo que aumentan los productos destinados a cobrar lo pactado
Pero la lentitud de la Justicia, que guarda en el ´baúl de los recuerdos´ denuncias durante más de un lustro, como ya ha quedado reflejado, no es la única ‘culpable’ del despegue del seguro del alquiler. Otro es la puesta de largo del Decreto Ley del Alquiler, una iniciativa que se puso sobre la mesa en el último Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, y que entró en vigor el pasado seis de marzo.
MENOS GARANTIAS EN EL ALQUILER
Con su puesta de largo, el Gobierno del PSOE intentaba frenar la subida del precio de los alquileres a diez millones de inquilinos, para lo que modificó la duración de los contratos de arrendamiento o las garantías adicionales a la fianza. Por ejemplo, la duración de los contratos pasó a cinco años para los particulares, la actualización de las rentas se ligaría al IPC, y propietarios como Juan Carlos únicamente podrían exigir un máximo de dos garantías adicionales, como el aval y los depósitos.
Consecuencia de este mayor atractivo, y según OESA, el precio medio del alquiler del seguro se está desinflando aunque de manera moderada. Hablamos de 661 euros, un 2,8% inferior que en 2018 (680,28 euros). El producto más contratado sigue siendo aquel que tiene como periodo de tiempo un año natural. De hecho, representa cuatro de cada cinco pólizas. A continuación, la de seis meses, la de año y medio, y la de nueve meses (en este último caso es casi insignificante, un 1,7%).
¿Y cuánto cuestan este tipo de seguros? Habitualmente hablamos del 2,8% de la renta anual. Así, para un alquiler de 600 euros mensuales, el coste anual estaría ligeramente por encima de los 200 euros. Para uno de 800 euros, se situaría en casi 270 euros.
