El futuro energético español, o al menos parte, se juega durante los próximos meses. Por un lado, lo más inmediato, es que el Gobierno debe presentar la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional de energía y clima. En dichos documentos habrá una hoja de ruta para el siguiente asunto vital: qué hacer con las nucleares. Aquí se juega al despiste desde hace tiempo, sobre todo porque el Gobierno necesita el apoyo parlamentario de sus socios (antinucleares); aunque resulta que apoyan informes en los que avalan la continuidad de esta tecnología para equilibrar el mix energético.
Y es que, pese a las reticencias nucleares, el equipo de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, nunca ha querido ser demasiado tajante. Primero porque no quiere enfrentarse de manera directa a Endesa e Iberdrola, principales gestoras del parque nuclear español; y segundo, porque las renovables, a día de hoy (y en la próxima década) siguen representando un problema de suministro continuado.
Lo que resulta curioso es que el Gobierno apoye de manera clara la energía nuclear. Bueno, en realidad se alinea con un informe que lo defiende. Así, tal y como expone en redes sociales el vicepresidente de la organización Jóvenes Nucleares, Pablo García, el ministerio energético se reafirma en el documento adoptado en COP24 que reconoce el papel del grupo de expertos sobre cambio climático, IPCC, a la hora de proporcionar la base científica que sirva a los países para adoptar políticas frente al cambio climático y solicita a todos los Estados que tengan en cuenta los resultados del reciente Informe Especial sobre los 1,5ºC en las negociaciones.
Lo que explica el informe es que en la mayoría de caminos para alcanzar esa reducción de calentamiento global se necesita de las renovables, algo que nadie duda, pero también del apoyo de la nuclear dentro del mix energético. Esto, como tampoco nadie pone en duda, acompañado de la disminución de los combustibles fósiles.
VISIÓN NUCLEAR CLARA
El Gobierno todavía no se ha posicionado de forma clara. Sí lo han hecho sus socios parlamentarios, Podemos; así como la oposición, el Partido Popular, que siempre ha mostrado una actitud pronuclear. Aunque esta reafirmación del informe que sostiene lo tratado en la cumbre climática pone de manifiesto que la postura sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares empieza a ganar peso.
El informe, de hecho, aborda que la inversión económica llegará por supuesto para la tecnología renovable, pero que la nuclear también tendrá su peso. Ahora solo falta poner de acuerdo a todos los implicados, algo que no será tan sencillo, sobre todo porque los que gestionan, en la parte privada, tienen intereses contrapuestos en algunos puntos.
Mientras, el Gobierno sabe que de renovables no puede vivir y que, por ahora, la nuclear sigue siendo la tecnología menos contaminante. Así, la próxima primavera llegará el momento clave en el asunto nuclear. Y es que será cuando haya que gestionar lo que se hace con uno de los reactores de Almaraz (Extremadura), cuya licencia experia al ejercicio siguiente, pero la solicitud se debe remitir a las autoridades pertinentes un año antes.
De este modo, tanto el CSN (supervisor nuclear) como el Gobierno y Enresa -con sus empresas participadas-, deberán adoptar una decisión. Por el momento, pese a los ríos de tinta que se generan en la prensa, no hay nada decidido. Una de las claves es el suministro eléctrico, que lógicamente nunca puede faltar. Y, a la par, debe garantizarse que se siguen generando los fondos económicos necesarios para el posterior desmantelamiento de las centrales.
Todo ello sazonado con los diferentes intereses políticos. El arco parlamentario tiene las cartas bocaarriba. PSOE y Unidos Podemos entienden que el fin nuclear debe llegar; mientras que C’s y PP son más propensos a entender la energía nuclear como un respaldo necesario para el mix.
