El presidente español Pedro Sánchez trata de imponer más orden entre los ministros que tuvieron dificultades para coordinar sus acciones durante las primeras semanas de un Gobierno que en su partido tomó por sorpresa a casi todos.
Con sólo dos meses en el cargo, el socialista de 46 años quiere afinar su mensaje político y garantizar que las iniciativas particulares en materia de políticas, sobre todo con respecto a los impuestos y el gasto, se ajusten a su discurso general, según fuentes cercanas al partido, que pidieron no ser citadas. El mandatario mantendrá sesiones de trabajo durante todo agosto para definir las prioridades que fijará en el proyecto de ley de los presupuestos para 2019.
Una portavoz de Sánchez dijo que el Gobierno tiene como objetivo reducir la desigualdad en España tal como lo demuestra su plan destinado a restablecer la relación entre las pensiones estatales y el coste de vida. El presidente tendrá la posibilidad de presentar sus planes con más detalle en la primera conferencia de prensa completa en Madrid desde que asumió el cargo.
Después de derrotar a Mariano Rajoy en una moción de censura el 1 de junio, Sánchez tuvo apenas una semana para armar su equipo. Si bien la designación de un Gobierno de mayoría femenina fue bien recibida, más difícil le ha resultado establecer un enfoque unificador y un mensaje congruente.
GOBIERNO EN MINORÍA
Con sólo 84 legisladores en el parlamento de 350 bancas -el Gobierno más débil de la era democrática de España- mantener a la opinión pública de su lado es crucial para que Sánchez logre hacer sancionar alguna ley.
Hasta el momento, sigue gozando de un período de luna de miel con los votantes. Los socialistas treparon al primer lugar en la mayoría de las encuestas desde que asumieron el poder y la encuestadora estatal puso al partido este jueves en un 30 por ciento, 10 puntos porcentuales de ventaja respecto de sus rivales más cercanos.
Así y todo, la semana pasada el parlamento rechazó los planes de Sánchez en materia de gasto para el año próximo, ya que el presidente encabeza un Gobierno con escaso poder real.
Desde que asumió, la administración ha lanzado una andanada de propuestas no siempre orientadas en un mismo sentido. Un gravamen al diésel podría reducir las emisiones nocivas pero también afectaría a millones de familias de clase media de cara a una elección que tendrá lugar en dos años como máximo.
Los ministros han propuesto una meta menos rigurosa para el déficit, elevar el límite de los aportes de seguridad social y nuevos impuestos a los bancos y el comercio electrónico así como a los automóviles diésel. También hay un compromiso de adaptar las pensiones al coste de vida, ampliar los servicios de salud y aumentar el financiamiento para las regiones. Ya se ha comenzado a contratar más empleados públicos.
