El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que permitirá a partir del año 2025 liquidar sin limitaciones las aportaciones realizadas durante al menos 10 años a los planes de pensiones. Tras la recuperación económica, el Gobierno pretende que los españoles comiencen a ahorrar de cara a un futuro en el que la garantía de las pensiones públicas está en duda.
Este Real Decreto permitirá a las personas que ahorran en planes y fondos de pensiones recuperar todo o parte de lo ahorrado a partir de los diez años de la aportación. También ha avanzado que las comisiones que los ahorradores pagan a las entidades gestoras se van a rebajar.
Sin embargo, no se eximirá del pago de IRPF que el ahorrador debe abonar una vez retire el plan de pensiones. “No se contempla que haya exenciones al respecto”, ha explicado el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo.
A pesar de las dudas sobre el sistema de pensiones público, el Gobierno no quiere que cunda el pánico. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya remarcó en un foro de ABC que el sistema de pensiones público está garantizado por el Estado y que es compatible con la iniciativa privada del ahorro.
Y en esta misma línea, Méndez ha secundado este compromiso. “Las pensiones públicas son un derecho y el Gobierno se compromete a garantizarlas”, ha asegurado. No obstante, la constante campaña del Ejecutivo por incentivar y recomendar los planes de pensiones públicas invita a pensar que el sistema público no podrá soportar el peso de las pensiones en un futuro. O al menos de la manera en la que se conocen en la actualidad.
Ocho millones de españoles tienen uno
Los planes de pensiones, ha recordado, existen en España desde hace treinta años, y más de ocho millones de personas disponen de uno en la actualidad, con un ahorro acumulado de más de 106.000 millones de euros, tal y como ha recordado el portavoz del Gobierno.
En la actualidad, tan solo se permite rescatar las aportaciones realizadas a los planes de pensiones una vez alcanzada la jubilación, o en los supuestos de enfermedad grave o paro de larga duración.
Desde el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncian que las ventajas fiscales vigentes son regresivas, puesto que disminuyen la progresividad del IRPF y concentran las mayores aportaciones en las personas con más ingresos. También critican que la nueva medida no añade nada nuevo a los supuestos por los que se puede recuperar el fondo.
