El Cabildo de Gran Canaria no solo dejó presentarse, sino que dio el primer puesto en el examen para técnico de gestión en la oposición y ha integrado en su plantilla a un funcionario sobre el que pesan no una, sino cinco condenas de inhabilitación especial para cargos públicos. Vicente Jesús Bartolomé es un ex secretario judicial cuya carrera en el Ayuntamiento de Yaiza no ha podido ser más accidentada. Su actuación en la secretaría de este municipio ha estado jalonada de denuncias, contra él y los regidores que ha tenido en los últimos años por corrupción urbanística. Pese a estar inhabilitado repetidas veces, el Cabildo de Gran Canaria le permitió acceder a sus oposiciones y le dio plaza.
La primera condena contra Bartolomé data de noviembre de 2011. Entonces su pena fue de cuatro meses de prisión y dos años y un mes de inhabilitación para cargo público. Desde esa sentencia, una catarata de condenas por las que acumula 32 años y cuatro meses de inhabilitación. El 31 de julio el Tribunal Supremo condenó a Vicente Jesús Bartolomé con la pérdida definitiva de su condición de funcionario de carácter estatal. La última condena que ha recibido en su baqueteado expediente penal el ex secretario municipal ha tenido lugar hace solo unos días. Las condenas son por delitos continuados de prevaricación, relacionados por lo general con asuntos urbanísticos.
Yaiza es el municipio más al sur y al oeste de la isla de Lanzarote. Se trata de un lugar de enorme atractivo turístico jalonado además con varios espacios naturales, como el Parque de Timanfaya, en torno al volcán del mismo nombre. La zona más explotada turísticamente es Playa Blanca, precisamente donde se han dado los escándalos de corrupción urbanística que han perseguido hasta los tribunales tanto a Vicente Jesús Bartolomé como a dos alcaldes y varios concejales. Todos han tenido que abandonar el convulso Ayuntamiento de Yaiza según han ido cayendo las condenas, producidas por hecho que tuvieron lugar en los comienzo de los años 2000.
La última condena contra Vicente Jesús Bartolomé ha tenido lugar precisamente hace solo una semana y media, el pasado 27 de enero. A pesar del pacto a que llegó con la Justicia, el ex funcionario fue condenado a 14 años de inhabilitación y cuatro meses de prisión, además de 5.000 euros de multa, por delitos de prevaricación y contra el territorio. Este último escándalo se ha llevado por delante además a la actual alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que como consecuencia de la condena a inhabilitación tendrá que dejar el cargo. La política de Nueva Canaria es además diputada autonómica, lo que ha provocado un considerable escándalo político en las islas. La condena está relacionada con los permisos para la instalación de la bodega Stratvs, cuyos propietarios han sido absueltos de la acusación de tráfico de influencias.
Ajenos a cualquier circunstancia penal, el Cabildo de Gran canaria convocaba plazas para cubrir interinamente o en contrataciones temporales plazas de funcionarios técnicos en gestión. El concurso se anuncia en enero de 2017, y en el mismo anuncio se publica la lista de aspirantes aceptados, entre los que está Vicente Jesús Bartolomé. La única salvedad que hace este anuncio en torno al funcionario largamente inhabilitado es que e formulario web que había rellenado carecía de certificado digital.
A finales de año salen los resultados de los exámenes y el concurso para lograr estas plazas. Como número uno además, con ventaja sobre los otros opositores, el ex secretario inhabilitado. En consecuencia, el cabildo de Gran Canaria, de la mano de su departamento de recursos Humanos –cuya consejera es María Isabel Santana–, integró en septiembre de 2017 en su plantilla a un condenado a cárcel e inhabilitado por varios tribunales. El presidente del tribunal opositor que dio el visto bueno a la candidatura de Vicente Bartolomé fue el jefe del Servicio de Inspección de la Consejería de Transportes del Cabildo de Gran Canaria, Eduardo de la Guardia.
Vicente Bartolomé paradójicamente está destinado ahora mismo en el Servicio de Formación y Prevención del Cabildo. Se trata de un servicio que depende directamente además de la Consejería de Recursos Humanos del Gobierno de Gran Canaria.
