Abertis no sabrá hasta 2021 si cobra los 2.000 M€ que reclama a Fomento

El Tribunal Supremo no ha dictado sentencia y ha decidido aplazar hasta agosto de 2021 el pago de 2.061 millones que Abertis reclama al Ministerio de Fomento. La compañía exige esa cantidad después de aplicar descuentos en el peaje de un tramo de la autopista AP-7 en Cataluña, tras un acuerdo alcanzado con el Gobierno en 2006 y que se aprobó en aquel momento por Real Decreto.

En su sentencia, el Alto Tribunal considera que no debe pronunciarse sobre el fondo de la interpretación de este acuerdo hasta que no finalice el contrato de concesión de la vía en agosto de 2021.

Así lo indicó Abertis en un comunicado, en el que indica que la resolución de esta sentencia no tendrá impacto alguno en las cuentas de la compañía, actualmente controlada por Atlantia y ACS.

El Supremo se pronuncia de esta forma sobre el grueso del total de casi 3.000 millones de euros que el grupo de concesiones reclama a Fomento por la AP-7.

Abertis reclama este importe al Estado por las inversiones y los descuentos del peaje que la compañía realizó en un tramo de la autopista AP-7 en Cataluña en virtud de dicho acuerdo con el Gobierno en 2006

De este importe, 890 millones corresponden a las obras de mejora y ampliación que el grupo, a través de su filial Acesa, realizó en la vía, y que el Estado tendrá que abonarle en 2021, cuando termine la concesión de la autopista y regrese a la esfera pública.

Los 2.061 millones de euros restantes corresponden a la compensación que Abertis considera se debe recibir por el descenso del volumen de tráfico registrado en la vía, un importe al que Fomento rechaza hacer frente. El grupo de concesiones cuenta con una sentencia a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el Ministerio recurrió al Supremo.

ORIGEN DEL CONFLICTO, EN 2006

El contencioso entre el grupo de autopistas y Fomento tiene su origen en el acuerdo que en 2006 el grupo firmó con el Ministerio entonces dirigido por Magdalena Alvarez y aprobado por Real Decreto en Consejo de Ministros.

En virtud de este pacto, la empresa se comprometió a realizar obras de ampliación y mejora en estos tramos de la AP-7 y a aplicar descuentos en sus peajes mientras que, de su lado, el Estado se avenía a asumir el riesgo de tráfico de la autopista en caso de que el número de usuarios no alcanzara ciertos niveles.

No obstante, en 2011, tras el cambio de color del Gobierno, Fomento comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico.

A partir de entonces se abrió un infructuoso intercambio de consideraciones e informes entre Abertis y el Gobierno, y el contencioso finalmente derivó en los tribunales.

En la sentencia que emite ahora el Supremo, el Alto Tribunal argumenta que no debe pronunciarse sobre el fondo de la interpretación de este convenio de 2006 hasta que en agosto de 2021 finalice el contrato de concesión que Abertis tiene sobre la autopista y se proceda a practicar la liquidación definitiva del saldo de compensación.

FIN DE OTRA CONCESIÓN Y RPA

Abertis y Fomento afrontan así dos años más para la consecución del multimillonario contencioso mientras a finales de este año 2019 la compañía y el Ministerio tendrán que gestionar la conclusión del contrato de concesión de otro tramo de la AP-7, el que discurre entre Tarragona, Valencia y Alicante.

De su lado, el Ministerio gana tiempo para saber si finalmente tendrá que afrontar esta compensación mientras actualmente trabaja en calcular la ‘factura’ que deberá pagar el Estado por las nueve autopistas que quebraron durante la crisis y ‘rescatadas’ por Fomento el pasado año.

El Ejecutivo estima este importe en 2.000 millones y asegura que, por los contratos de concesión, no podrá superar los 3.300 millones, mientras que las exconcesionarias de las vías, entre ellas Abertis, y los fondos que se quedaron con su deuda lo elevan a hasta 5.000 millones.