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Cuando un pequeño inversor opta por un valor sus criterios básicos de decisión no distan mucho de los de los grandes fondos de inversión: previsibilidad, seguridad y estabilidad. Estos mismos criterios son algunas de las condiciones que los accionistas de una empresa seria y un sector previsible, seguro y sólido deben encontrar.

Sectores como la energía, la banca, las telecomunicaciones o incluso en algunos casos la tecnología y el turismo, son conscientes de la importancia del cumplimiento estricto de lo comprometido en el Plan Estratégico. Igual de importante que el hecho de tomar decisiones enfocadas en la creación de valor para los stakeholders con visibilidad a tres o cinco años en la retribución.

Decisiones todas que han llevado la cotización de las compañías que cumplen a las cotas más altas de los últimos años y a mantener de manera estable su valor en bolsa. Lo vemos en casos como Amadeus, Santander o Naturgy.

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Amadeus ha crecido en bolsa porque ha sabido cumplir, Meliá o Naturgy lo mismo, que además tiene una clara política de distribución de dividendos, algo que también ocurre en banca con Santander. Por ejemplo, el dividendo de Naturgy alcanzará los 1,59 euros al finalizar su hoja de ruta en 2022.

Naturgy es un valor seguro porque está en sector regulado, estable, predecible y con visibilidad de futuro

Naturgy, como otras empresas en sectores regulados, cuenta con una gran cantidad de accionistas pequeños que guardan sus ahorros de toda la vida porque saben que es un valor seguro en tiempos de volatilidad económica y bursátil. Y lo es porque se trata de un sector regulado, estable, predecible y con visibilidad de futuro. Más de 70.000 pequeños accionistas ahorran con Naturgy y ven esos ahorros remunerados razonablemente, que no especulativamente.

Se trata pues de un refugio seguro como el que buscan los grandes inversores. España lo viene siendo en los últimos años y el sector de la energía también. Así, los fondos han destinado 13.669 millones de euros al sector turístico español y 10.000 millones al inmobiliario sólo en 2019. A futuro, por ejemplo el sector energético español, cuyas principales empresas cuenta con fondos de inversión en sus accionariados, espera inversiones internacionales por valor de 200.000 millones en los próximos años.

Pero ya se sabe que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Cuando más necesaria es la estabilidad, España no puede permitirse amenazas regulatorias que desdibujen el panorama de seguridad que el país se ha granjeado en los mercados internacionales en las últimas décadas.

EL SECTOR ENERGÉTICO ESPAÑOL ESPERA INVERSIONES EXTRANJERAS POR VALOR DE 200.000 MILLONES

El impacto considerable que ha provocado la CNMC con sus circulares sobre la retribución provocaron miles de millones de pérdidas en cotización a sus accionistas. Estos recortes amenazan con convertir a España en el campo de la próxima batalla jurídica del sector energético a nivel mundial, como ya ha sucedido con el cambio de modelo retributivo de las energías renovables y el incesante goteo de demandas que está recibiendo España en los últimos años por este motivo.

Las empresas, el gobierno, los reguladores, en definitiva, los agentes de cada sector, deben mirar por el consumidor, sin duda. Pero también sin duda deben mirar por la economía, que sustentan las empresas y los pequeños y grandes inversores, como los 70.000 accionistas de Naturgy,  cumpliendo los criterios de rentabilidad anunciados al mercado en sus planes estratégicos basados en una regulación previsible. De nuevo, la previsibilidad.

Aún a falta de una mayor visibilidad, empresas de dimensiones como Naturgy, e incluso pequeños distribuidores como Madrileña de Gas, están haciendo esfuerzos con sus accionistas una hoja de ruta clara que ha puesto de relieve una mejora de la rentabilidad y la predictibilidad de sus ingresos, especialmente en países con marcos regulatorios bien definidos, que le han permitido ratificar las calificaciones de las principales agencias de rating.

La regulación debe, pues, ayudar a los consumidores a tener precios razonables, y a las empresas a mejorar la creación de valor para sus stakeholders y, por el otro, ser partícipes y protagonistas de una transición energética justa en el caso del sector de la energía.  

La CNMC es corresponsable de todo este esquema y sus consejeros deben tenerlo bien claro y aplicarlo con un marco estable de actuación y de seguridad jurídica.