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Las empresas propietarias de centrales térmicas de carbón en proceso cierre, Endesa, Iberdrola y Naturgy han suscrito junto a los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA, el acuerdo con el Gobierno por el que se consolidan las bases de los Convenios de Transición Justa.

El documento recoge los compromisos de cada una de las partes para apoyar a los trabajadores y los territorios de las zonas afectadas por el cierre del carbón en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Galicia, y Principado de Asturias. Los focos de actuación prioritaria de esta estrategia de transición justa son el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial, ligados al despliegue de energías renovables y otros proyectos.

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“Agradezco la responsabilidad compartida con las administraciones autonómica y local y los agentes sociales, y los esfuerzos de todas las partes para seguir trabajando y definiendo el marco de transición justa mediante la firma de este acuerdo tripartito”, ha señalado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Desde la Administración General del Estado (AGE) el pacto implica la creación de un marco para el seguimiento de los trabajadores implicados, a través del Sistema Público de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), además de planes de formación específicos y medidas orientadas a la recolocación, entre otras cuestiones.

Como propietarias, Endesa, Iberdrola y Naturgy se comprometen al desarrollo de planes de acompañamiento para las zonas afectadas, aprovechando las oportunidades asociadas a las diferentes líneas de negocio que se identifiquen para cada territorio. De igual modo, trabajarán para el mantenimiento del empleo mediante la recolocación de los puestos directos y la priorización de la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares.

El compromiso de empresas, sindicatos y Administración pública en la búsqueda colectiva de soluciones de futuro para estas zonas resulta especialmente necesario en el contexto de la crisis del covid-19.

Este acuerdo se suma a los protocolos de actuación que el Ejecutivo central está firmando con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos vinculados a las centrales térmicas en proceso de cierre para la realización de Convenios de Transición. Estos recogerán los proyectos concretos que se apoyarán en cada zona, la financiación de acompañamiento y un programa de seguimiento de lo acordado.

El primero paso para su elaboración es el lanzamiento de un proceso participativo en las diferentes zonas en transición. En este momento se están realizando de forma telemática, en cumplimiento de las medidas adoptadas para frenar el brote de covid-19.

COMPROMISOS PARA LA TRANSICIÓN JUSTA

Los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y de Trabajo y Economía Social ofrecerán apoyos para la realización de los Convenios de Transición y el mantenimiento del empleo para los trabajadores afectados, a través de formación y planes de inserción.

Ambos Ministerios se comprometen a trabajar en la búsqueda proactiva de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas, teniendo siempre en cuenta las características y las particularidades de cada territorio. Las características de cada zona serán igualmente consideradas a la hora de valorar las oportunidades que surjan en materia de política energética, favoreciendo la implantación de iniciativas empresariales vinculadas a esta actividad.

Las empresas propietarias de las centrales térmicas de carbón en proceso de cierre adjuntan a estos acuerdos una propuesta de nuevas inversiones en los mismos territorios, relacionadas, fundamentalmente, con oportunidades de negocio en generación mediante energías renovables u otras líneas de negocio cuando resulten viables.

Contemplan el diseño de planes de recolocación para el personal propio y la prioridad de la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares en las labores relacionadas con las nuevas actividades y el desmantelamiento y restauración de las centrales.

También en el marco e las condiciones acordadas creará una Comisión de Seguimiento que velará por el cumplimiento del acuerdo y que estará conformada por un número idéntico de representantes de la Administración General del Estado, las empresas y las organizaciones sindicales. Se reunirá cada seis meses para conocer los detalles relacionados con la marcha del acuerdo.