Movilidad electrica
Foto: Bloomberg.

El coche eléctrico es el futuro, la contaminación ahoga las grandes ciudades españolas, pero desde el Ejecutivo central el impulso por la movilidad eléctrica destaca por su ausencia cuando no supone una traba para aquellas empresas y entidades públicas que quieren instalar puntos de recarga.

El mes pasado se matricularon en España un total de 1.006 vehículos eléctricos, un 51 % más con respecto al mismo mes de 2017, según los datos proporcionados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). El crecimiento es significativo, aunque solo representa el 0,76 % de las 131.176 unidades totales.

Para todos aquellos que están pensando o han comprado un vehículo 100 % eléctrico, después de afrontar una generosa inversión, la duda que se genera siempre es la misma: ¿dónde lo recargo? Para trayectos cortos diarios no hay problema porque particulares y empresas suelen instalar puntos de recarga lentos para dejar su coche enchufado toda la noche. Las mayores complicaciones aparecen cuando el viaje supera los kilómetros de autonomía del vehículo.

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LOS MUROS A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

Muchos ayuntamientos se han planteado instalar puntos de recarga como un servicio con valor añadido para sus vecinos. La idea se vende muy bien al electorado, queda bonito en los medios locales y páginas web de los consistorios, presenta al partido en el gobierno como preocupado por el medioambiente… Perfecto. Adelante. Dos conceptos legales emergen cual muro fortificado y foso con cocodrilos para disuadir a curiosos: gestor de recarga y término de potencia.

El gestor de recarga es, según que establecido en el Real Decreto-ley 6/2010 del 9 de abril, “aquel agente del sector eléctrico que, siendo consumidor, está habilitado para la venta de energía eléctrica destinada a la recarga de vehículos eléctricos, así como para el almacenamiento de energía eléctrica para una mejor gestión del Sistema Eléctrico”. Por tanto, si un hotel o un ayuntamiento quieren ofrecen puntos de recarga de pago a sus clientes o ciudadanos deben estar inscritos como gestores de recarga. Si la ofrecen gratis, no. “Se ideó para acotar mucho quién podía participar en este nuevo segmento; básicamente redactaron la ley para que los puntos de recarga fueran solo para las eléctricas, quienes ya son gestores”, explica Javier Julve, Business Development de la start-up Electromaps.

El segundo concepto es el de término de potencia. Al igual que en un domicilio particular, es la cantidad fija que se paga en cada período de facturación (estipulada por el Gobierno en el BOE), en función de la potencia contratada, por el hecho de poder disponer de dicha potencia cuando se desee, consumas o no. “En muchos casos, el término de potencia supongo el 60 % de tu factura final y en el caso de los puntos de recarga rápida significa un gasto anual en torno a los 8.000 euros por punto (de recarga)”, expone Javier Julve. Con estos costes fijos, más la instalación, “no salen los números, a día de hoy no hay modelo de negocio”.

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Las diferentes asociaciones que trabajan para favorecer la movilidad eléctrica están trabajando para que el Gobierno reduzca el término de potencia y resulte más económico instalar puntos de recarga. Para Arturo Pérez de Lucia, director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE), la principal prioridad es “establecer una estrategia a nivel estatal de impulso a la movilidad eléctrica que contemple un plan de incentivos y fiscalidad adecuado, coherente y con continuidad temporal para vehículos e infraestructura”. Asimismo, añade, “una reforma regulatoria en torno a la figura del gestor de cargas y la revisión de impuestos como el término de potencia, que actualmente retrotraen la inversión privada para el despliegue de puntos de carga rápida”.

Ante esta situación legislativa, ayuntamientos y empresas toman tres caminos:

1.- Ofrecer gratis la electricidad. Algunos hoteles tienen en sus aparcamientos este servicio gratuito para sus clientes como un valor añadido y de diferenciación. En Baleares y Barcelona, por ahora la regalan, aunque el gobierno balear ya ha avisado que lla recarga eléctrica será de pago en 2019.

2.- Cobrar por la electricidad. Un ejemplo es el Ayuntamiento de Madrid. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) es la propietaria de los puntos de recarga y está inscrita como gestora de recarga. “Han visto que es la mejor manera de hacerlo y ahora están vendiendo electricidad para los vehículos”, indica el ejecutivo de Electromaps. Del mismo modo, la Comunidad Valenciana va a publicar una ley en septiembre para instalar puntos de recarga rápida de pago para el usuario.

3.- Guardar la idea en el cajón y esperar tiempos mejores.

ESPAÑA Y EUROPA EN MOVILIDAD ELÉCTRICA

El ex ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, quiso actualizar la ley antes de que saliera adelante la moción de censura promovida por el PSOE. Sin embargo, para aprobarla necesitaba el apoyo del PNV. Votó en contra. Casualmente, Ibil, primera empresa inscrita como gestor de carga en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la que tiene mayor inversión en red pública de recarga, es propiedad a partes iguales de Repsol y el Ente Vasco de la Energía. “Es una situación irreal ya que la petrolera no quiere favorecer el vehículo eléctrico, aunque tenga la mayor red de puntos de recarga rápida”, ironiza Javier Julve.

“El anterior gobierno siguió publicando las del MOVELE y MOVEA, si bien estos incentivos no han sido lo eficaces que pretendían ser por falta de ambición económica, disrupción temporal entre la finalización de un plan y el arranque del siguiente y lo farragoso de su tramitación”, revela Arturo Pérez de Lucia.

Sigue vigente el Plan Movalt promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica (Ministerio de Energía, turismo y Agenda Digital en el momento de su tramitación) para coches e infraestructuras. Los cinco millones de euros destinados en la convocatoria de 2017 a la compra de vehículos de energías alternativas se agotaron en 24 horas. En el caso de las infraestructuras, las ayudas de quince millones de euros (ampliados hasta 20 millones) tampoco superaron las 24 horas y quedaron en lista provisional de reserva aproximadamente otros 10,5 millones de euros.

¿Las ayudas son muchas, pocas, suficientes? El Gobierno de Reino Unido, por ejemplo, ha abierto a finales de julio la licitación de un fondo de inversión para infraestructuras de carga eléctrica con un presupuesto de 400 millones de libras (casi 450 millones de euros). El fondo permitirá que las empresas accedan a la financiación necesaria para construir más puntos de recarga. Esta medida se une al lanzamiento de la estrategia global Road to Zero que establece el plan a largo plazo del ejecutivo británico para que al menos la mitad de los automóviles nuevos sean de emisión ultrabaja en 2030 y todos los automóviles y furgonetas nuevos sean de cero emisiones reales en 2040.

“Hay una serie de países que ven estratégica la movilidad eléctrica y están invirtiendo recursos tanto en la compra de vehículos como en la instalación de puntos de recarga”, declara Javier Julve. En este grupo el experto incluye Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia y Holanda. Luego están los estados en los que no hay ningún tipo de pensamiento ni estrategia a futuro o medio plazo, entre los que coloca a España, Italia y la mayoría de las naciones del este de Europa.

El nuevo gobierno llega con un talante muy positivo y la necesidad de acometer una ley de cambio climático y transición energética ambiciosa”, apunta el director gerente de la AEDIVE. Por ahora, la asociación se ha reunido con la titular del Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y ha mostrado un talante muy positivo “para atender a cada una de las asociaciones involucradas, entender la realidad de los sectores y todo ello en un clima de colaboración mutua, cosa también muy de agradecer”. Otro asunto es si tendrá tiempo material y recursos para cambiar la situación actual.