Las presiones denunciadas por Pedro Sánchez por parte de Telefónica y Prisa para que no formara Gobierno con Podemos, han puesto encima de la mesa un viejo debate en España: la regulación de los lobbies y la fuerte relación que existe entre empresas y políticos. Un matrimonio fructífero, carente de transparencia, que conlleva que surjan dudas sobre “una actividad que es normal. Las corporaciones defienden sus intereses y exponen sus argumentos. Es parte de la economía de mercado en la que vivimos”, según explica Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Sin embargo, esa ausencia de transparencia es la que ocasiona los casos de corrupción, de puertas giratorias, de falta de confianza por parte de los ciudadanos. Por eso, el ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ve necesario “adoptar medidas de transparencia para que los líderes políticos puedan conocer a las empresas más importantes de un país, y saber de primera mano sus necesidades y puntos de vista sobre su sector”.

alvarez-palleteUna situación que sí se vive en el epicentro del lobismo europeo: Bruselas. Allí, con la Comisión y el Parlamento en marcha, existe un nutrido grupo de presión compuesto por más de 8.500 miembros que gastan, anualmente, más de 3.500 millones de euros en influencia. Son datos públicos, que recoge Transparencia Internacional, y a los que ha tenido acceso Merca2.es. En ellos se puede comprobar cómo es precisamente Telefónica la compañía que más reuniones ha mantenido con dirigentes de la Comisión y el Parlamento: 37 desde que arrancó el gobierno de Jean Claude Juncker.

Encuentros logrados por sus seis lobistas que se han mantenido, en su mayor parte, con el área de Economía Digital. Destacan cinco citas (de las 37 registradas) con el Comisario del área, Günther Oettinger, con el que se trataron temas relacionados con el mercado único digital.

La falta de regulación de los lobbies en España hace que resulte imposible conocer los encuentros entre grupos de interés y políticos

Le siguen, a continuación: Gas Natural Fenosa con 19 reuniones; Banco Santander (18); Iberdrola (18) y Repsol (13). En total, este Top 5 invierte 3,4 millones de euros en este tipo de acciones.

En contra de lo que puede parecer, y de que sean compañías del Ibex 35, no son las que más gastan. La palma se la lleva Secure Electronic Voting (Scytl), que se deja más de 44 millones de euros y, sin embargo, no ha mantenido ni una sola reunión. Eso sí, cuenta con un representante que trata de influir en el proyecto de reforma electoral, según confiesa la propia empresa.

Miguel Arias Cañete es el Comisario más activo en sus reuniones con los ‘lobbies’ europeos

Le siguen otras menos conocidas, aunque en el Top 5 encontramos al Real Instituto Elcano (3,3 millones) y la Asociación Española de Banca, la patronal bancaria, que presupuesta 3 millones de euros y tiene a cinco personas contratadas para ejercer presión en las leyes.

Los lobbies españoles cuentan, en total, con 113 lobistas profesionales acreditados en el Parlamento Europeo, y su presupuesto total asciende a más de 74 millones de euros.

No sólo las empresas están allí registradas. Encontramos también a patronales como la CEOE, que cuenta con 5 personas y un presupuesto de 700.000 euros; o alguna de sus territoriales como la CEOE de Tenerife, la de Teruel o la de Cantabria. Aparecen también otras como la patronal farmacéutica, Farmaindustria; la Asociación Española Hipotecaria o el sindicato Comisiones Obreras.

Por cierto, que el español Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía, es el que más encuentros mantiene con estos grupos de presión: 350 desde que llegó al cargo. Se ha visto las caras con empresas y organizaciones de media Europa, entre ellas españolas como: Acciona, Cepsa, la Asociación Española Eólica, la Asociación Española de Cogeneración, UNESA, o Gas Natural Fenosa.

Como pueden ver una publicidad que se da en Bruselas, pero que en España es imposible. Por eso, los expertos reclaman más transparencia, pero también trazar la llamada Huella Legislativa que permite seguir la trazabilidad de una norma. Los primeros pasos se han dado, con la Ley de Transparencia de la Generalitat, o con algunas normas en Madrid y Barcelona. Sin embargo, y a tenor de lo declarado por Sánchez, parece que son insuficientes y se necesita avanzar en una norma Estatal.