Caixabank

La última junta de CaixaBank en solitario se ha parecido bastante a la de Bankia. Aunque se han celebrado con dos días de diferencia, ambas han sido en el Palacio de Congresos de Valencia. También en las dos, los accionistas han respaldado el proyecto de fusión.

Sin embargo, lo más característico ha sido el turno de palabra en el que accionistas y sindicatos han podido hablar. Tanto en una, como en otra, han dejado bastante claro la preocupación por el futuro de los 51.000 empleados, los ajustes y las negociaciones, insistiendo que se lleven a cabo de manera no traumática y con las mejores condiciones posibles.

Algo muy peculiar de estos encuentros ha sido la petición por parte de CCOO de que se cumplan “las 4 R”. Tanto el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, como el de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri han explicado en sus juntas que en el nuevo banco se darán las “3 R”: robustez, rentabilidad y revolución tecnológica. Pero el sindicato destacaba que tres “no eran suficientes” y se necesitaba una más, “la R de responsabilidad social” con la plantilla.

ACABAR CON “MIEDOS Y TEMORES”

En la junta de CaixaBank, CCOO también solicitaba que la nueva entidad sirva de “modelo y ejemplo” para otras empresas, pues hasta ahora “solo se ha hecho el reparto de sillas en el Consejo de Administración”, pero nadie ha garantizado las condiciones laborales de la plantilla.

“Recuerden que detrás de los números están las personas, las familias y proyectos de vida, es necesario acabar con los miedos y temores. El nuevo CaixaBank debe ser solvente y rentable, pero sobre todo humano”, añadía la portavoz.

Desde UGT ponían el foco en la exclusión financiera, además de “la destrucción masiva de puestos de trabajo” que está por llegar. “Parece que destruir empleos es la salvación, pues incide en la cuenta de resultados, pero no nos engañemos”, comentaban desde el sindicato.

Reducir personal influye en la calidad del servicio, pues a menos empelados, más volumen de negocio y la sobrecarga de trabajo “implica menos motivación de la plantilla”, añadían. Respecto a la exclusión financiera, abogaban por mantener el mayor número de sucursales posibles en determinadas zonas, en lugar de seguir cerrando oficinas de menor tamaño.

“NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE”

Desde el Sindicato Independiente de Baleares ponían de relieve que se dé más información a los medios de comunicación, que, a los representantes sindicales, sobre el proceso de la fusión.

También que, aunque el banco presuma de ser líderes en materia digital, “no es oro todo lo que reluce”, refiriéndose a que muchos clientes siguen necesitando acudir a una oficina.

Otros sindicatos han denunciado que las fusiones solo traen la destrucción de miles de trabajos y favorecen el oligopolio. Y esto solo disminuye la competencia y afecta a los usuarios del sistema bancario.

LAS RESPUESTAS DE CAIXABANK

Jordi Gual explicaba que la futura CaixaBank continuará presente en pequeños municipios e intentará “acompasar la digitalización”. El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, iba más allá y aseguraba que no abandonarán los pequeños municipios. En solitario, CaixaBank tiene 3.900 oficinas repartidas en 2.000 municipio y en 190 de ellos son la única entidad, pero tras la fusión llegarán a 2.200 municipios y en 290 serán la única entidad.

Sobre el “reparto de sillas”, Gortázar puntualizaba que muchos consejeros abandonan la entidad y eso era de una “generosidad extrema”.

Respecto a los ajustes, el CEO insistía en su compromiso de “dejarse la piel” para alcanzar acuerdos con los sindicatos, aunque defendía que de no llevarse a cabo ajustes, se pondría en peligro la sostenibilidad de “todos los puestos de trabajo”. También justificaba que “prefieren anticiparse que llegar tarde” y eso es lo que están haciendo. “Los miopes solo verán reducciones de puesto, los que tengan la vista a largo plazo verán todo lo que hacemos en este país”, puntualizaba.

En todo caso, garantizaba que no van a dejar “ni un resquicio” que imposibilite llegar a acuerdos con los representantes sindicales y ha asegurado que todos los trabajadores tendrán “las mismas oportunidades”, procedan de la entidad que procedan, y que los criterios para determinar las salidas se basarán en la “meritocracia”.