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“Esto es una locura”, exclama exhausto un directivo de una pequeña firma dedicada al desarrollo de parques renovables. Unas palabras que sorprenden cuando vienen de alguien acostumbrado a vivir en un sector que se mueve muy rápido. Pero esta semana es especial. Así, el próximo viernes 25 de septiembre entra en vigor oficialmente el Real Decreto 23/2020 de Fomento de la Energías Renovables, tras tres meses de moratoria para elaborar la nueva regulación. Una norma que se ha convertido en un antes y un después en el sector, pero a un coste muy alto: “Se han cargado miles de proyectos”, concluyen distintas fuentes a Merca2.

El epicentro de la discordia son los ‘famosos 10 kilómetros’, como ya se conocen en el sector. El nuevo marco legal prevé que el parque renovable proyectado no puede estar a más de esa distancia del punto de conexión. Una longitud que podría parecer suficiente, pero que no siempre lo es. “En muchos proyectos no es fácil, de hecho, nosotros hemos tenido que modificar dos desarrollos porque el único suelo disponible real estaba a cincuenta kilómetros”, explican desde una promotora española que con experiencia internacional.

Un problema es el de reestructurar los planes iniciales para desarrollar los proyectos, que además se agrava por la lentitud administrativa. Así, cada desarrollo renovable en marcha debe contar con dos requisitos imprescindibles: el primero es el llamado informe de viabilidad, conocido como IVA, en el que la compañía explica el proyecto. Un documento en el que es extremadamente difícil de conseguir la luz verde, dado que puede tardar hasta 21 meses. El segundo es el pago de una cantidad como aval, que son 40.000 euros por cada MW, en el que se incluye una prima.

LOS PEQUEÑOS DESARROLLADORES, LOS QUE MÁS PERDERÁN

Obviamente, los cambios legislativos decretados por la ministra Teresa Ribera ha obligado a los desarrolladores a rehacer ambos. “El mismo día 23 a media noche, que ya se conoció el RD 23/2020, se cancelaron en España proyectos por valor de 14 GW, de los cuales un 65% era solares y el resto eólicos”, explican fuentes del sector. Las mismas calculan que el roto final ascenderá a los 100 GW y que incluyen a grandes y pequeñas firmas en el negocio. Entre las que están Endesa, Iberdrola o Repsol, aunque explican que ninguna de ellas ha visto modificados sus proyectos ya en marcha. De hecho, el impacto se limita a proyectos potenciales que estaban en estudio.

Pese a que el impacto sobre ellas ha sido mucho más limitado, más de una ha levantado la voz al Gobierno. “Alguna de las más afectadas ha metido presión estos meses a la ministra Ribera” de cara a esa nueva regulación que se está entretejiendo, explican fuentes del sector sobre la tensión vivida. Aunque al final, el golpe más severo se lo han llevado los más pequeños. En primer lugar, porque tener que hacer todo el papeleo para presentar un nuevo informe de viabilidad es lo más cercano a un calvario.

En segundo lugar, porque la devolución de los avales no incluye la prima, un pago del 1% del total, que para firmas más pequeñas es una losa sobre sus jóvenes cuentas. “Para las grandes compañías del sector, el hecho de perder la prima y renunciar por un tiempo al dinero del aval no son más que moneditas. Pero para un desarrollador pequeño puede ser la diferencia entre sobrevivir y quebrar“, explican fuentes financieras.

EL REAL DECRETO SOLO HA GENERADO UN PARÓN PARCIAL

El mazazo ejecutado por Ribera ha forzado un parón que ha logrado su objetivo principal: frenar la terrible especulación que rodeaba al sector. De hecho, en el propio Real Decreto se explicaba que el volumen de solicitudes de acceso y conexión en trámite presentados en los últimos 16 meses era de “más de 430.000 MW de potencia de nueva generación con avales depositados”. Además, el ritmo de nuevas solicitudes se ha ido incrementando hasta alcanzar cifras cercanas “a los 30.000 MW solicitados cada mes”.

Para hacerse una idea del enorme descontrol y desconexión con la realidad, la cifra anterior (de 430.000 MW) supone más del cuádruple de la potencia instalada a final de 2018. Además, de esa capacidad total en el país, que son 105.000 MW, solo 30.000 MW corresponden a eólica y solar, por lo que supone multiplicar por 14 las instalaciones renovables actuales. Pero el parón no durará mucho, de hecho, una vez entre en vigor el RD se espera que todos esos megavatios que han ido desapareciendo estos meses se recuperen (con proyectos nuevos) antes de que acabe el año.

De hecho, la propia ministra señaló que el decreto ganaba relevancia en el actual contexto de la crisis económica provocada por la pandemia. “El despliegue de las energías renovables va a ser uno de los factores tractores para la generación de empleo perdurable y la competitividad industrial”, defendió Ribera. De hecho, España se ha convertido en el país de Europa que mayor número de megavatios tiene en construcción o desarrollo. Aunque el coste recaerá, de nuevo, en mayor medida en los más pequeños, mientras los grandes (que trabajan con proyectos ya avanzados) sufrirán menos.