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Las energías renovables han aparecido como una de las pocas soluciones para la maltrecha economía española. Además, con dos bolas extras. La primera es que tanto por clima como por geografía, España está llamado a ser líder mundial. La segunda es que eso no solo lo piensan los políticos de aquí, sino también los del resto de países. Incluso, también en las instancias más altas del mundo financiero. Y lo mejor es que todos ellos están dispuestos a poner dinero. Pero como pasa con todo lo que florece en este país, antes deberá pasar por una prueba de fuego: avanzar con éxito por la espesa (y a veces desesperante) burocracia patria.

Sin ir más lejos, los trabajadores del sector descubrieron este miércoles 23 de septiembre que la administración había cambiado los requisitos para poder pedir la anulación del punto de evacuación y la devolución del aval en el Ministerio para la Transición Ecológica. De tal manera que ahora el proceso también incluye pasar por el filtro de Red Eléctrica, que debe verificar la solicitud de anulación. El problema no fue el cambio en sí, sino que se produjo a 24 horas de la fecha clave. “Increíble, todo son chapuzas”, señala un directivo de la industria.

“La burocracia y el papeleo es un mal genérico de este país”, explica José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables). Pero más allá de la ya habitual lentitud de la administración en cualquier tema, la situación llegó a ser traumática para muchos actores. De hecho, la aprobación de alguno de los informes remitidos por las firmas (como el del informe de viabilidad) para el desarrolló de proyectos se han llegado a demorar hasta 21 meses, frente a los 90 días en otros países como Reino Unido.

“LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA” COMO REQUISITO ESENCIAL

La polémica acerca de la excesiva lentitud de la administración en materia de proyectos renovables, se ha acrecentado a medida que llegan las horas decisivas para el sector. En la actualidad, el Ministerio de Transición Ecológica que lidera Teresa Ribera, junto con la CNMC, están trabajando para sentar las bases del futuro de la industria. Así, ambos están en plena redacción de una nueva normativa sobre el acceso y conexión a las redes eléctricas. El primero, que lleva la voz cantante, se encarga de la elaboración de un Real Decreto (ya se hizo pública una primera propuesta en julio), mientras que el segundo está desarrollando una circular.

Ambos, deberían estar listos a finales de octubre y servirán de guía en el desarrollo del sector. Por eso, es tan importante que dicha base “construyan unos cimientos concisos, claros y sanos en la industria”, señala José Donoso, director general de UNEF (Unión Española Fotovoltaica). Para Donoso, la “simplificación administrativa” y la “racionalización de los tiempos” son elementos claves que deberá incluir la nueva estructura del sector. Aunque esos primeros pasos ya se han ido dando. Así, desde la UNEF se valora “positivamente” ese esfuerzo, pero su director general no esconde que se necesita de mayor ambición de cara al futuro.

Aunque Donoso apunta a que eso no significa, como muchos piensan, una regulación más laxa. Más bien, todo lo contrario. En el fondo, lo que se pide desde las asociaciones como UNEF o APPA Renovables es una mayor simplificación del papeleo, la posibilidad de realizar varias fases del proyecto en pararlelo (una alternativa que agiliza los procesos como se ha visto en el mundo farmacéutico) o dotar de mayores recursos a la administración para que los expedientes se traten de forma más rápida. Al final, el caos de los últimos días ha demostrado “que muchos procedimientos no estaban bien engrasados”, concluye González Moya.

OTRO PROBLEMA REGULATORIO: LAS CCAA

Pero la lentitud de la Administración estatal a la hora de dar luz verde a los proyectos es solo el primer problema burocrático al que se enfrenta el sector. El segundo es que existe otra capa regulatoria más que se debe atravesar, en esta ocasión autonómica. “Si ya es difícil avanzar proyectos con todas las trabas que te ponen desde Red Eléctrica o el Ministerio, añádele que debes hacer prácticamente lo mismo con el gobierno autonómico de turno“, explica un directivo de una compañía española del sector.

Un problema con el que solo se puede lidiar con voluntad política y desde la región en cuestión. “Hay comunidades autónomas que tienen muy claro que el sector renovable es una apuesta de futuro, por lo que han apostado por agilizar los procesos y dar facilidades a las empresas. Mientras, otros prefieren mirar a otro lado. Ambas posiciones explica en cierta medida el desarrollo desigual en las regiones de España”, advierte Donoso. Al fin y al cabo, este deseo explica el despegue de Extremadura como potencia o porqué Cataluña es actualmente un solar y los proyectos en Aragón se han disparado.

En definitiva, la política se ha vuelto a topar con el potencial desarrollo de un sector económico en España. Un hecho que se espera se limite una vez las nuevas reglas de juego sean claras en los próximos meses, pero que de no ser así seguirá siendo un tapón muy importante para generar inversión y empleo en España. Un flaco favor para los ciudadanos en estos tiempos, ya no solo por motivos económicos, sino también de salud y medioambiente. ¿Será España capaz de dejar atrás ese mal nacional que es la excesiva burocracia?