Renfe y Ferrovial negocian ‘in extremis’ para evitar el despido de 2.000 empleados

Renfe y Ferrovial han iniciado una negociación ‘in extremis’ sobre el contrato de servicio a bordo de los trenes AVE que la constructora presta para la operadora, cuya vigencia finaliza este jueves, 30 de abril, y emplea a unos 2.000 trabajadores.

Aún queda la esperanza de evitar esta medida traumática que parece inminente, tras conocerse la decisión de Renfe que rechazaba prorrogar con Ferrovial el contrato de restauración y servicio a bordo en sus trenes. Esta tensión aún puede reconducirse para salvar los puestos de trabajo en este contexto de Estado de alarma y destrucción masiva de empleo.

Ambas compañías apuestan por la negociación y pretenden buscar una solución intermedia o alternativas que minimicen el impacto de la conclusión del contrato en el empleo. El objetivo central es evitar despidos.

Renfe decidió en su consejo de administración de este martes no prorrogar este contrato, ya que actualmente no presta servicios de atención a los viajeros y restauración en el limitado número de trenes que tiene permitida su circulación desde que se inició el Estado de alarma. Además la compañía no tiene certeza de cuándo podrá reanudar esta prestación.

Ferrovial, por su parte, es la empresa encargada de realizar los servicios a bordo de los trenes de Renfe desde que en 2013 se hizo con el correspondiente contrato. Un acuerdo que en 2017 fue renovado por dos años más y, a finales de 2019, fue extendido de nuevo.

No obstante, dado que esta última prórroga del contrato vencía este jueves y no se presta el servicio, la operadora decidió no ampliarla, si bien posteriormente las dos empresas han accedido a negociar para tratar de dibujar una solución intermedia.

CONTRATO MUY INTENSIVO

El contrato de servicios a los viajeros a bordo de los trenes AVE y Larga Distancia de Renfe, es uno de los más intensivos en personal, con 2.000 empleados, pero también es uno de los mayores acuerdos que la compañía ferroviaria pública contrata con terceros, dado que está valorado en unos 400 millones de euros.

En virtud del contrato, Ferrovial presta con su personal todos los servicios a los pasajeros a bordo de los trenes, desde la atención y despedida hasta la restauración en bandeja en el asiento para los billetes que incluyan este servicio, pasando por el servicio de cafetería, el de ‘bar móvil’, las máquinas expendedoras, el servicio de megafonía y la distribución de prensa y auriculares, entre otros.

LA CRISIS AGRAVA LA PÉRDIDA DE VIAJEROS

Por otro lado, Renfe prevé que la crisis sanitaria y su impacto en el sector del transporte agudice la pérdida de viajeros que la compañía ya esperaba en sus trenes AVE en los próximos años, por la apertura a la competencia del ferrocarril de pasajeros a partir del próximo mes de diciembre.

Así lo indica la operadora pública en las alegaciones presentadas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para justificar que su contrato para operar las tres líneas AVE en las que tendrá competidores sea de diez años de duración, al igual que los de los nuevos operadores.

Renfe ya ha remitido estas alegaciones al ‘superregulador’, que inicialmente no considera que la empresa cumpla las tres condiciones que la Ley Ferroviaria establece para que estos contratos sean de diez años, y no del máximo de cinco permitido.

Sin embargo, en su respuesta a la CNMC, la compañía asegura cumplir con los tres criterios, relacionados con la existencia de contratos comerciales, las inversiones realizadas y los riesgos que asuman las empresas.

En relación a los riesgos, Renfe indica que a la «negativa evolución de la demanda de viajeros prevista durante los cinco primeros años», tras la liberalización, «se unen ahora los efectos de la crisis sanitaria, que supondrá una reducción adicional de la movilidad en el corto y el medio plazo».

«Ello hace imprescindible contar con al menos un periodo de diez años que permita paliar durante los segundos cinco años del periodo las pérdidas generadas en los cinco primeros», argumenta la operadora pública en sus alegaciones.