Cada vez falta menos para el día clave en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decida qué hacer sobre las retribuciones al gas en materia de transporte. Surgen muchas dudas sobre la actuación del regulador, y todas indican a que podría haber tomado otro tipo de acciones.
Bajo este escenario se trata de componer una radiografía sobre la actuación de la CNMC y las prácticas formales de los ámbitos regulatorios. Para ello, MERCA2 ha tenido acceso al informe del Instituto de Estudios Económicos, ‘Las buenas prácticas regulatorias’, en el que se pone de manifiesto que el organismo presidido por José María Marín Quemada podría haber abordado el conflicto desde otro punto de vista.
En primer lugar, el informe señala como algo fundamental la seguridad jurídica y estabilidad. Esto no significa que las normas no puedan y deban evolucionar en el tiempo, indica el estudio, sino que estos cambios deben ser graduales, y evitando procedimientos de urgencia. Además, las actuaciones deben ser previsibles, en el sentido de que no supongan cambios drásticos respecto a la regulación anteriormente existente.
Cabe preguntarse si todas estas actuaciones han sido tenidas en cuenta por la CNMC a la hora de abordar los recortes regulados en el gas. Sobre todo en el marco de la seguridad jurídica y la capacidad de predecir las inversiones de futuro.
SOBRE INVERSIONES
En cuanto a las decisiones de inversión, señala el informe que hay que tener en cuenta el consecuente impacto también en términos de empleo. Las consecuencias negativas se dejan notar también por el lado de la financiación de estas inversiones, al aumentar la prima de riesgo exigida por los inversores, y, por tanto, incrementando los costes de capital para estas empresas.
Otro de los aspectos importantes que destaca el estudio, y en este caso parece haberse cumplido, tiene que ver con la accesibilidad y participación en el proceso regulatorio. Se trata de un principio básico para una buena regulación es favorecer la participación de los agentes del sector. Es conveniente que las decisiones que se vayan a adoptar sean precedidas de consultas, y seguidas de un diálogo participativo tanto de las empresas, como de las organizaciones empresariales, de manera que se puedan contrastar los diferentes puntos de vista y se analicen con transparencia las consecuencias que un posible cambio regulatorio pueda tener sobre la actividad.
Por último, una vez que se hayan tomado las medidas pertinentes, un indicador indirecto de mala práctica regulatoria es el nivel de litigiosidad que provoca. Por ello, cuando resulta posible, la regulación debe intentar hacerse en marcos de diálogo continuo con los afectados.
