PwC
Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Hay una famosa frase que dice que la mujer del César no debe sólo serlo, sino también parecerlo. En sus orígenes se empleó para exigir a una persona pública una rectitud moral intachable. Con el paso del tiempo ha ido ampliando su campo de acción a otros ámbitos. Uno de ellos es de la auditoría, un terreno de juego donde mandan las conocidas como Big Four: Deloitte, PwC, E&Y y KPMG.

“PwC es la sociedad auditora más opaca de las Big Four. Ni siquiera hace público su balance de Responsabilidad Corporativa”, se puede leer en el informe Independencia y transparencia del auditor externo en las empresas del IBEX 35 y en las empresas aseguradoras de la Fundación Compromiso y Transparencia.

¿Tan grave es? Pues sí, si tenemos en cuenta que los informes de RC tienen una doble finalidad: por un lado, medir el grado de compromiso social y medioambiental; y, por otro, y más importante, comprobar su voluntad real de rendir cuentas a la sociedad de manera transparente.

“Pensamos que las Big Four deberían ser ejemplares y rigurosas en sus informes de RC, pues se presentan públicamente como las empresas especialistas en asesorar a otras empresas sobre estas cuestiones. Nuestro análisis de sus informes de RC confirman, en muchos casos, el dicho de que ‘en casa de herrero cuchillo de palo’”, subraya Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Compromiso y Transparencia.

PWC NO SIEMPRE PREDICA CON EL EJEMPLO

La misión que tienen las firmas auditoras es muy clara: garantizar la fiabilidad de la información financiera y patrimonial de aquellas instituciones a las que auditan. Dicho de otra forma, objetividad, independencia y veracidad de sus informes constituyen su razón de ser.

¿Es realmente así? “Cabría esperar que las Big Four que, además, venden a las empresas su expertise en los análisis de materialidad [que son los contenidos que tienen más trascendencia para un sector concreto en un momento determinado], cumpliesen lo que predican a sus clientes. Sin embargo, la realidad nos muestra que no siempre es así”, aseguran desde la Fundación Compromiso y Transparencia.

Y matizan el caso de PwC: “La información que publica en su web únicamente contiene declaraciones retóricas sobre sus compromisos, sin realizar ningún análisis de materialidad ni informar sobre su metodología de diálogo para identificar las expectativas de sus grupos de interés”.

PwC es la que sale peor parada de las cuatro grandes. Deloitte y E&Y sí publican las correspondientes memorias de RC, pero no actualizadas, cosa que sí hace KPMG. También llama poderosamente la atención, según la citada fundación, que sea PwC la única que “no cumple” con los tres criterios de responsabilidad corporativa: actualidad, claridad y relevancia.

Traducido a román paladino: no proporciona información actualizada del último ejercicio; no proporciona información concreta y precisa sobre sus principales impactos, positivos y negativos, en la sociedad; y no identifica con claridad las expectativas de sus grupos de interés relacionadas con sus impactos. El resto, o “cumple parcialmente”, o “cumple” (caso de KPMG).

Es decir, que PwC actúa como aquella persona que barre y que, en lugar de recoger la basura, la coloca debajo de la alfombra. Dicho de otra manera, los problemas siguen ahí, y no se ha hecho el trabajo correcto para eliminarlos. Se ocultan, pero no se solucionan.

“Las empresas auditoras deben percatarse de que defender su independencia es una tarea que les compete, principalmente, a ellas. Mientras no sean conscientes de que su principal activo reside en su reputación e independencia, sus esfuerzos seguirán centrados en aumentar su porfolio de servicios e ingresos”, se lamenta Martín Cavanna en el prefacio del estudio.

Por tanto, es una ingenuidad fiar el juicio a lo que las propias sociedades auditoras afirmen. “Si usted pregunta a una sociedad auditora si es independiente, ¿qué cree que le va a contestar?”, se cuestiona el director de la fundación.

Un ejemplo: el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) sancionó a PwC por haber cometido tres faltas muy graves en los trabajos de auditoría de las cuentas o estados financieros de AENA (PwC la recurrió ante los tribunales). ¿Motivo? Un incumplimiento del deber de independencia. ¿Traducido a euros? 10,49 millones. También por el incumplimiento de las normas de auditoria de las cuentas anuales y consolidadas de Banco Popular del año 2012. En este caso, la multa superó los 119.000 y los 149.000 euros, respectivamente.

“Me parece muy bien que las sanciones sean altas, atendiendo a la gravedad de los hechos, pues solo son eficaces cuando realmente son disuasorias”, opina el director de la Fundación Compromiso y Transparencia.

A estos puntos se llega porque no hay nadie que supervise los posibles conflictos de intereses. El ICAC, que debería ser el órgano encargado, no dispone de los recursos técnicos y económicos adecuados para llevar a cabo su trabajo. Sólo hay trece funcionarios para supervisar auditorías.

“En cualquier caso, la falta de recursos de los organismos reguladores, llámese CNMV, CNMC, o Tribunal de Cuentas, es una cuestión proverbial en nuestro país. No nos gustan los organismos reguladores y supervisores independientes, y la mejor prueba de ello es que están muy mal dotados todos, sin excepción”, se queja Javier Martín Cavanna.

CAMINO DE REDENCIÓN

¿Se está controlando ahora mejor a las Big Four? ¿Se les está haciendo un marcaje más estrecho? Sí, entre otras razones, por las nuevas exigencias de la Ley de Auditoría de Cuentas. Además, centrándonos en la responsabilidad fiscal, la reputación de realizar una mala praxis caía en las empresas antes de la crisis. Tras la misma, dicha reputación recae a partes iguales entre las empresas y sus asesores fiscales.

Otro paso en este caminar lo dio la Unión Europea el pasado 13 de marzo. Así, el Consejo de Europa aprobó una propuesta mediante la cual los ‘intermediarios’ (auditoras, asesores fiscales y financieros, abogados…) deben diseñar o promover esquemas de planificación tributaria más transparentes.

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Por tanto, se trata de un altavoz de dará voz a sus actividades. Unas actividades que resguardaban tras el escudo de proteger la confidencialidad de sus clientes y que justificaban bajo el paraguas de que está permitido todo aquello que no está prohibido por la ley. Los estados de la UE tienen hasta el 31 de diciembre de 2019 para trasponer esta directiva.

Pero todavía queda muchísimo camino por recorrer para alcanzar una plena redención. En otro informe de la fundación, titulado Contribución y transparencia, se menciona el estudio The big four: a study of opacity, donde se pone de relieve que las Big Four no informan de manera transparente de todas las jurisdicciones donde están presentes. Y califica el hecho de sospechoso, porque donde tienen más personal, si se compara con el tamaño de la población, es en paraísos fiscales como Luxemburgo, Islas Caimán y Bermudas.

“No hay nada menos transparente que el informe de transparencia que las empresas auditoras están legalmente obligadas a publicar cada año”, resaltan sus autores. Su contenido está repleto de “cuestiones irrelevantes e intrascendentes”. ¿Cambiarán PwC, E&Y, Deloitte y KPMG? “Esta opacidad está deliberadamente buscada para eludir el riesgo de posibles controles y evitar la rendición de cuentas”, afirman. Luz y taquígrafos para más adelante. Ahora parece ser que no toca.