El Consejo de Ministros ha prorrogado hasta el 31 de enero de 2021 algunas de las medidas del conocido como “escudo social” con un Real Decreto-ley sobre medidas sociales para proteger a los arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad, ya recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Pero esta prórroga ha sido parcial, y algunas de las medidas expiran este miércoles, como la moratoria hipotecaria o la prohibición del corte de suministros.
Con la aprobación de este Real Decreto-ley se amplía hasta el 31 de enero de 2021 el plazo máximo de suspensión de las subidas abusivas en el alquiler de vivienda, y del procedimiento de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
En una entrevista para MERCA2, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, asegura que “no había más remedio que prorrogar estas medidas, porque seis meses después de aprobarlas no solo no han desaparecido las circunstancias que llevaron a aprobarlas, sino que han empeorado”.
En este sentido, el economista matiza que el Gobierno “siempre pensó que la economía se recuperaría casi con la misma intensidad con que se deterioró. La propia ministra de Economía sigue insistiendo en que la recuperación será en ‘V asimétrica’, cuando todos los informes publicados descartan una recuperación temprana”, y añade que “desde el Foro de Economistas Inmobiliarios pensamos que la recuperación será lenta y poco vigorosa”.
Así, las medidas ahora prorrogadas solo sirvieron en un principio para “evitar una gran conflictividad social si no iban acompañadas por otras medidas de carácter estructural que sirvieran para impulsar la actividad y el empleo”.
Y lamenta que “lo que se ha hecho ha sido poner un parche que hay que ir sustituyendo por otro más grande cada cierto tiempo. Solo sirven para ganar tiempo, y a su vencimiento el 31 de enero, no habrá otra opción que volver a prorrogarlas, pero entonces será reduciendo el nivel de cobertura, como ahora se ha hecho no renovando la moratoria hipotecaria”.
PROTEGER A LOS PROPIETARIOS
El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha explicado a este medio que “nos parece bien la prórroga de las medidas aprobadas en el Real Decreto-ley del mes de marzo, siempre y cuando se siga garantizando el pago de las rentas de alquiler a los propietarios”.
E insiste en que el ‘escudo social’ debe incluir también a los propietarios particulares, que son más del 95% del mercado de alquiler en España. “Si los propietarios particulares siguen cobrando sus rentas o, en su caso, se respetan los acuerdos de moratoria que se hayan pactado con el inquilino, esta prórroga no tiene por qué ser perjudicial para los propietarios. Ahora bien, si en algún caso los propietarios están sufriendo impagos por esta situación excepcional, entendemos que la prórroga de estas medidas alargará la morosidad que están sufriendo y no podrán recuperar sus viviendas”.
EXPIRA LA MORATORIA HIPOTECARIA
El Ejecutivo dio luz verde en marzo a varios decretos en los que recogía medidas sanitarias, económicas y sociales para hacer frente a la crisis del covid-19 y las consecuencias del confinamiento tras el estado de alarma. Y ya en julio aprobó tres paquetes de medidas hasta el 30 de septiembre, y así aliviar las cargas financieras de la hipoteca, del alquiler y los suministros básicos.
Pero la ampliación del ‘escudo social’ ha sido parcial, ya que el Gobierno no ha prorrogado la moratoria hipotecaria ni la prohibición del corte de suministros como agua, luz o gas a familias vulnerables, por lo que ambas medidas vencerán este miércoles.
Desde Asval aseguran que “el Gobierno tiene que focalizar sus esfuerzos en ayudar a las familias con las rentas más bajas porque son las que realizan un esfuerzo más alto en el pago del alquiler”, e insisten en que “las moratorias planteadas desde el inicio de la pandemia no han funcionado”.
En este sentido, desde la entidad dirigida por Beatriz Toribio solicitan la creación de un fondo de ayudas directas de más de 700 millones anuales para los inquilinos más vulnerables, y señalan que un 20% de las familias vulnerables dedica el 60% de sus ingresos al pago de la renta mensual.
También critican que la solución no pasa por prolongar la prohibición de los desahucios, porque genera más inseguridad jurídica, y provocará que se contraiga la oferta y la inversión para aumentar el parque de viviendas en alquiler. “A la larga, esto dificultará el acceso a la vivienda de los inquilinos con menos recursos, como sucede con la ley catalana de precios, una norma inconstitucional”, señala Toribio.
En cuanto a los créditos ICO para el pago del alquiler, “no han funcionado. Los usuarios no quieren endeudarse para pagar el alquiler”, y afirma que también es bajo el porcentaje de inquilinos que han solicitado la moratoria durante la crisis del covid-19.
En la misma línea se mantiene la Agencia Negociadora del Alquiler, que defiende que “la vía adoptada de los créditos ICO, por la burocracia, los requisitos y la complejidad que conlleva, está dejando a muchos inquilinos fuera”.
AMPLÍAN EL ‘BONO SOCIAL ELÉCTRICO’
El Consejo de Ministros también ha decidido ampliar el ‘bono social eléctrico’ para consumidores vulnerables. Aunque Unidas Podemos quería mantener intacto el ‘escudo social’ hasta el 31 de enero, al igual que los ERTE, no ha logrado el apoyo del PSOE.
Este bono será reformado para llegar a más beneficiarios, de forma que las personas en paro, incluidos en ERTE o con jornada reducida, y otras excepciones contempladas, podrán acogerse a esta ayuda que ofrece descuentos en la factura de la luz de entre el 25% y el 50%.
