La privatización de las torres de control es una de las patatas calientes del sector aéreo, dividido entre los que están a favor y los que se posicionan en contra. Estos últimos, están seguros de que va a haber intentos por liberalizar este servicio durante esta legislatura, un problema por “priorizar la seguridad aérea frente a las cuestiones económicas”. Enaire –propietaria del 51% de Aena– y el Ministerio de Fomento tienen la última palabra.

Así, en nuestro país Enaire tiene el control de 21 torres de control, mientras que otras dos empresas se reparten el resto. Ferronats –empresa perteneciente a Ferrovial y creada en 2011– gestiona el tráfico de Alicante-Elche, Ibiza, Valencia, Sevilla, Jerez, Cuatro Vientos, Sabadell, A Coruña, Vigo y Córdoba.

Por su parte, Saerco tiene el servicio de control de tráfico aéreo (ATC) en los aeropuertos de Lanzarote, La Palma y Castellón; mientras que ofrece el Servicio de Dirección en Plataforma Aeroportuaria (SDP) en el aeropuerto de Barajas y el servicio de información de vuelo (AFIS) en El Hierro, La Gomera, Burgos y Huesca. Este último se trata de un sistema que no requiere de la intervención de ningún controlador, pero si de un operador. Proporciona a los pilotos información tanto de las condiciones meteorológicas como de otros tráficos presentes en las inmediaciones del aeropuerto en cuestión y otros datos relevantes.

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Como en cualquier sector, la liberalización de un servicio público levanta ciertos recelos, excepto entre las empresas que se pueden beneficiar. En el caso de las torres de control –que gestionan el tráfico aéreo– no es la primera vez que se produce este proceso. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inició este proceso en 2011, tras la huelga de controladores aéreos vivida a finales del año anterior y que supuso un antes y un después en el espacio aéreo español.

Con Ana Pastor como ministra de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy se paralizaron otras privatizaciones. El tema quedó guardado en un cajón. Y ahora, con la previsible investidura de Pedro Sánchez el proceso ha vuelto a tomar importancia avalado, además, por un informe encargado por la Comisión Europea que insta a los aeropuertos a obtener servicios de control de torre mediante contrato o licitaciones competitivas porque considera que la liberalización puede ofrecer ganancias en eficiencia. Además, el gran pastel está en los aeropuertos grandes como Barajas y El Prat.

Motivo por el cual colectivos como la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) creen que volverán los intentos por privatizar las torres de control. “Va a depender de las decisiones políticas”, explican. Desde Aena, precisamente, se quitan de en medio para redirigir la cuestión a Fomento, que no ha contestado las preguntas de MERCA2.  

PROBLEMAS DE LA PRIVATIZACIÓN

Para la portavoz de USCA, Susana Romero, la privatización “solo beneficia a los proveedores de servicio”. Para las tasas de aterrizaje se fija un precio unitario independiente del volumen de tráfico y Aena recauda los ingresos. De esta forma, las torres de control reciben un pago fijo mediante contrato, independiente del tráfico. “A menor coste de servicio hay más margen de beneficios”, apuntan.

Estos también critican que la seguridad aérea “no se puede dejar en manos de empresas privadas con intereses económicos”. De hecho, el Congreso de EEUU manifestó en 2018 estar en contra de la privatización, mientras que en Reino Unido el plan de liberalización está paralizado.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó otro informe en el que aseguraba que en todos los aeropuertos en los que se ha privatizado el servicio se ha registrado una ganancia de eficiencia, con una caída media del coste por movimiento próxima al 60% entre 2012 y 2017.  Según los controladores las tarifas crecieron un 4,4%. Una guerra de cifras que Aena zanja alegando que “el nivel de calidad y el servicio son los mismos”.

No son los único a favor de esta decisión. Recientemente, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, pidió en la asamblea de la organización un segundo paso en la liberalización de las torres de control al próximo Ejecutivo. Así, el debate está servido. Y es el Gobierno quien tomará la decisión final.