La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) negocia con el Gobierno para que pongan en marcha un plan de emergencia nacional, pues la situación ha empeorado y España se enfrenta a la segunda ola de la pandemia. “Las administraciones no deberían estar de vacaciones, porque hay restricciones y limitaciones a la actividad en todas las Comunidades Autónomas” denuncia Celia Ferrero, vicepresidenta de la asociación en una entrevista con MERCA2.
En su opinión, deberían estar trabajando en reactivar la economía de nuevo, pues a diferencia de lo que pasó durante el estado de alarma, actualmente, las limitaciones a la actividad (por ejemplo, el ocio nocturno) no van acompañadas de ayudas económicas y muchos hosteleros han tenido que cerrar su negocio de un día para otro, “por eso se deberían tomar medidas”, explica.
Durante “la primera ola”, el Ejecutivo puso en marcha la prestación extraordinaria por cese de actividad, que llegó a más del 50% de autónomos y pudieron acogerse aquellos que no podían abrir sus negocios por causas de fuerza mayor, o los que aun siguiendo trabajando perdieron más del 75% de ingresos. Después llegó la desescalada y con ello la esperanza, pues el 90% de los autónomos “creía que el virus había dado un respiro”.
NUEVA NORMALIDAD
En la “nueva normalidad” el Gobierno cambió la prestación extraordinaria por una ordinaria compatible con la actividad hasta el 30 de septiembre, pero solo pueden acceder a ella los autónomos que llevaran más de 12 meses de actividad.
Aquí llegaron los primeros problemas, pues “la falta de comprensión” ha dejado a muchos fuera. De hecho, solo un 5% la ha solicitado. Hay quienes pensaban que podían ir de una a otra de manera automática, otros no preveían que su facturación fuera a caer tanto y ahora no quieren tanta carga burocrática para un mes. Además, esta prestación deja fuera a los que han estado enfermos o han sido madres en los últimos meses.
El problema es que no ha hecho falta que llegue septiembre, pues los rebrotes invaden todo el país y las CCAA han tenido que aplicar restricciones. De manera que ha vuelto a caer la actividad, pero ahora los trabajadores por cuenta propia no tienen una prestación que les respalde.
PLAN DE EMERGENCIA
El plan de emergencia que propone ATA consiste en la suspensión directa de la cuota de autónomos y la recuperación de la prestación extraordinaria para los negocios que estén obligados a cerrar.
Además, plantean que los ERTE (que llegan hasta el 30 de septiembre) se prorroguen hasta abril de 2021, al igual que las ayudas económicas en general pues “dadas las circundanticas, no van a mejorar las cosas de aquí a un mes”, afirma.
En su opinión, también deben modificarse los plazos de devolución de los créditos ICO, a los que ya han accedido un 36% de autónomos, pero hay otro 15% que tiene intención de solicitarlo. Ferrero destaca que muchos empresarios tienen problemas de solvencia y habrá problemas de devolución, por eso piden que se amplíe el periodo de carencia entre 18 y 24 meses.
LOS INGRESOS VUELVEN A CAER
Los autónomos dependen de la demanda interna, pero el consumo ha caído y se está ingresando muy poco dinero, “un 19% no ingresa nada”, aclara. Por eso “es necesario” que se amplíen los periodos de carencia y se estimule el consumo bajando el IVA en el turismo, la hostelería, las peluquerías o los gimnasios “como en otros países”.
ATA propone una reducción del 50% del tipo actual en los sectores con situación dramática. Y desde el punto de vista de fiscal, que se puedan aplazar impuestos como ocurrió en la primera oleada. Además de una a reducción del impuesto de sociedades, pues hay “un 25% de autónomos que mantiene su plantilla a pulmón y se merece una recompensa”.
Y añade que el sector del transporte, necesita acabar con la incertidumbre sobre con qué régimen seguirá tributando y de la misma forma, que la renuncia al sistema de módulos de manera temporal se extienda hasta 2021.
RESPALDO JURÍDICO
Celia Ferrero entiende que todo se ha descontrolado, pues durante el estado de alarma había un instrumento jurídico que permitía hacer restricciones y legislar sobre medidas económicas, pero ahora son las CCAA quienes tienen que hacerlo.
Por eso, se necesita un instrumento jurídico “que ponga en marcha el plan de emergencia”. Y hay que hacerlo “cuanto antes” pues ya hay un 80% de autónomos que dice que su facturación va a caer más del 75%. Aunque en su opinión, las ayudas deben ir a todos los que pierdan más del 40%, que es el requisito para el ingreso mínimo vital.
ATA revela que ya un 80% están en situación de vulnerabilidad económica, y reclaman que se amplíen ayudas “en un contexto que va a peor”. Saben que el Ejecutivo las está estudiando, y la Seguridad Social ha hecho una comisión de seguimiento, por lo que esperan “que se convoquen rápido”, pues ya estamos otra vez en una situación extraordinaria.
