El ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, ha advertido de que la decisión de la Unión Europea de reducir los días de pesca de 133 a 27 provocará «el desmantelamiento del sector pesquero, con una pérdida económica anual de 85 millones de euros y la eliminación de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la Comunitat Valenciana».

El jefe del Consell ha manifestado en un comunicado su «profundo rechazo» a la decisión del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europa de «reducir drásticamente» los días de pesca y ha alertado de las «devastadoras consecuencias económicas y sociales que esta medida tendrá sobre el sector pesquero».

En este sentido, ha señalado que esta medida afecta «de forma directa» a la flota de arrastre, que comprende más de 201 embarcaciones y da empleo a más de 700 tripulantes. Y en cuanto a la afección a la flota de artes menores, son 250 buques y unos 600 tripulantes que «no serán viables sin el arrastre».

Además, según el ‘president’, las consecuencias económicas «no se limitan al sector pesquero sino también a las cofradías, las lonjas, los mayoristas de pescado, las pescaderías y un extenso tejido empresarial que depende de esta actividad. Esto se traduce en un impacto devastador para nuestra economía«, ha puntualizado.

«EFECTO DOMINÓ»

Carlos Mazón ha avisado que la medida tendrá un «efecto dominó» en sectores vinculados a la pesca: «Colapso de las cofradías y lonjas, afectación a empleos indirectos como mecánicos navales, rederos, calafates y astilleros, y el impacto en la hostelería y el turismo al perder un pescado fresco de calidad, un atractivo diferenciador para la gastronomía y el turismo costero».

«Estamos hablando de una cadena económica que sostiene no solo empleos, sino también una forma de vida y una tradición profundamente arraigada en nuestros municipios costeros», ha apuntado. Además, el ‘president’ ha subrayado que la reducción de los días de pesca puede tener «efectos irreversibles» para el sector «porque si se desmantela este tejido productivo, será muy difícil recuperarlo».

Por último, ha exigido al Gobierno de España «determinación en la defensa del sector pesquero y firmeza en la negociación en Bruselas para que revierta esta decisión. Confiamos en que el gobierno de España haya cumplido con su obligación de reunir los países necesarios para bloquear esta propuesta radical».

«No podemos permitir que la Unión Europea condene a nuestras comunidades costeras a la desaparición económica, social y cultural. Defenderemos la pesca valenciana con todos los recursos a nuestro alcance», ha concluido.

La promotora Santa Ana debutará este martes, 10 de diciembre, en el BME Growth, valorada en unos 88,03 millones de euros, convirtiéndose en la quinta compañía en lo que va de año en entrar a este mercado, según ha informado el segmento bursátil de las pequeñas y medianas empresas de la Bolsa española.

De este modo, las acciones de la compañía del exconsejero delegado de OHLA, José Antonio Fernández Gallar, comenzarán a cotizar en BME Growth bajo el ticker ‘SNTA’, tras aprobar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de salida a Bolsa.

El gestor bursátil ha informado a través de una nota de prensa que el consejo de administración de la compañía, que encargó una valoración independiente de sus acciones, ha tomado como referencia para el inicio de la contratación de las acciones un precio de 13,5 euros por acción, lo que supone un valor total de la compañía de 88,03 millones de euros.

El asesor registrado de la empresa es Orbyn Capital Markets, mientras que Singular Bank actuará como proveedor de liquidez.

Santa Ana es una empresa que se dedica a la planificación, gestión y desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios integrales en Latinoamérica, sobre el concepto de ‘microciudades’ sostenibles.

En este contexto, Santa Ana obtuvo a mediados de septiembre un compromiso de capital de hasta 20 millones de euros por parte de LDA Capital, grupo de inversión alternativa global, para fortalecer su posición financiera.

SALIDA A BOLSA

La firma indicó que esta inversión le permitiría reforzar sus planes de crecimiento y fortalecer el desarrollo de sus proyectos a medio y largo plazo, «en su condición futura de compañía cotizada», según defendió en un comunicado.

Con la salida a Bolsa, el objetivo de la compañía es captar el interés de nuevos inversores, diversificando su base accionarial, así como mejorar su acceso a los mercados públicos de capitales de cara a su crecimiento futuro.

Asimismo, el ‘listing’ permitirá a la compañía formar parte de un mercado regulado, auditado y profesionalizado, fortaleciendo su gobernanza corporativa, como muestra de su protección al inversor.

De igual modo, como consecuencia de su salida a Bolsa, Santa Ana pretende potenciar su reconocimiento de marca, fortaleciendo la credibilidad de la compañía ante sus inversores, clientes y socios estratégicos.

El presidente de Santa Ana, Jose Antonio Fernandez Gallar, ha afirmado que la aprobación del folleto marca un «nuevo gran hito» para la compañía, tan solo seis meses después de anunciar su andadura en el mercado, para apoyar su crecimiento y generar valor de la mano de sus accionistas.

«La salida a Bolsa nos permitirá escalar nuestras operaciones, atraer nuevas inversiones y consolidarnos como actores clave en un mercado que presenta oportunidades extraordinarias como es Latinoamérica», ha añadido.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SANTA ANA

El consejo de administración de Santa Ana está formado por el consejero delegado, Jaime Garbisu Miñón; el presidente, José Antonio Fernández Gallar; el vicepresidente, Gregorio Esteban Martínez; y cuatro consejeros. De estos, dos son independientes, Rafael Guardans Cambó y Emilio de la Guardia Gascuñana; y dos dominicales, David José Devesa Rodríguez y Guillermo García Ruiz.

Los miembros del órgano de administración cuentan con una experiencia y trayectoria en el sector inmobiliario que avala la viabilidad del proyecto, así como su compromiso por el cumplimiento de los requerimientos establecidos para los gobiernos corporativos.

Los sindicatos representantes de los trabajadores públicos mutualistas han convocado dos movilizaciones para la próxima semana en defensa de Muface, después de que la primera licitación del concierto sanitario quedara desierta porque las aseguradoras no se presentaron a la renovación del convenio al no considerar suficiente la subida de la prima propuestas por el Gobierno.

De esta manera, la próxima semana están convocadas dos movilizaciones para pedir un nuevo acuerdo para Muface: por un lado, el miércoles 11 de diciembre los sindicatos CCOO, UGT, ANPE, Adide, USIE, UFP, SUP, Acaip y SIAT se concentrarán por la mañana y por la tarde tanto en Madrid como en todas las capitales de provincias españolas.

Dichos sindicatos han convocado una manifestación por la mañana a las 10.30 horas en Madrid en la sede de Unespa (patronal de las aseguradoras), mientras que por la tarde, entre las 17.00 y 18.00 horas –en función de cada provincia–, se concentrarán en la sede de Muface en Madrid y en sus respectivas delegaciones provinciales.

Los sindicatos convocantes han indicado que en esta manifestación los trabajadores públicos asistidos por Muface estarán acompañados también por los funcionarios de la Justicia de Mugeju, que de igual manera están presentado complicaciones en su prestación sanitaria.

Los representantes de los trabajadores han asegurado que saldrán a la calle para exigir al Gobierno una nueva licitación de Muface y a las aseguradoras, responsabilidad para que se suscriba «lo antes posible» a un nuevo convenio que garantice la continuidad del concierto sanitario.

Por su parte, desde el sindicato CSIF también han convocado para el próximo sábado 14 de diciembre una «gran movilización» delante de la Dirección General de Muface en Madrid para la defensa del concierto sanitario.

Desde CSIF han indicado que la movilización, en la que participarán mutualistas de todas las partes de España, se realizará con el objetivo de pedir al Gobierno que saque una licitación lo «suficientemente atractiva» para asegurar la continuidad del sistema.

Además, el próximo lunes 9 de diciembre CSIF denunciará ante el Defensor del Pueblo que las clínicas están retrasando y suspendiendo citas médicas de Muface, e incluso pidiendo a los funcionarios que se sufraguen ellos mismo los tratamientos si quieren ser atendidos, mientras que el 11 de diciembre CSIF registrará en el Congreso de los Diputados «las centenares» de quejas que están recibiendo por parte de los mutualistas sobre la situación.

EL GOBIERNO ABRIÓ UNA CONSULTA A LAS ASEGURADORAS

Las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban atención en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 convocada por la dirección de Muface porque el Gobierno planteó una subida en las primas del 17,12%, por debajo de la petición de las aseguradoras, que estaba en torno al 40%.

Al quedar desierta la licitación, el Gobierno abrió un plazo de diez días hábiles, desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre, para que las aseguradoras notificaran a Muface a qué precio prestarían el servicio sanitario, especificando las primas fijas que se tendrían que abonar por cada grupo de edad para cada ejercicio del nuevo concierto (2025, 2026 y 2027).

La primera licitación para el concierto abarcaba el periodo 2025-2026, pero la consulta preliminar establece un periodo de vigencia estimado del nuevo concierto de tres años, de 2025 a 2027.

Según ha podido saber Europa Press, tras cerrarse el plazo de consulta el pasado miércoles, DKV ha trasladado a Muface que la subida de la prima por cada asegurado dentro de la licitación de asistencia sanitaria a funcionarios debería subir un 40,6% y ha pedido a la mutualidad que los fármacos o coberturas que se incluyan en el sistema público de salud no se incorporen al convenio en vigor, sino al siguiente que se firme.

Asisa también ha participado en el proceso de consulta preliminar de Muface pero, preguntado por Europa Press, ha declinado hacer ningún comentario al respecto sobre el contenido de la documentación que ha remitido a la mutualidad.

Por su lado, Adeslas, que ha estado informando a lo largo de noviembre a sus mutualistas por carta de que no se presentaría al nuevo concierto y que les facilitaría atención sanitaria hasta el 31 de enero de 2025, ha acudido a la consulta y ha trasladado «varios anexos» donde reitera la posición de la empresa, analiza las «nuevas circunstancias» y ofrece datos que «sustentan» su posición.

MUFACE ELABORARÁ UN INFORME TRAS LAS CONSULTAS

Tras finalizar el plazo de la consulta, Muface recopilará las contestaciones presentadas y si, lo considera oportuno, podrá solicitar aclaraciones a las entidades participantes.

Una vez finalizadas estas actuaciones se elaborará un informe final en el que se incluirá la información recabada durante la consulta, que formará parte del expediente y será publicado en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Estado.

Pese a quedar desierta la primera licitación, Muface ha garantizado que los 1,5 millones de mutualistas, muchos de ellos funcionarios del sector de la enseñanza, recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad, pues la Ley de Contratos del Sector Público permite prorrogar el servicio hasta nueve meses, atendiendo a circunstancias de interés público.

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso para obligar por ley a la banca a conceder a la clientela minorista una cuenta corriente básica regulada sin comisiones, a tenor de los «enormes beneficios» obtenidos por las entidades financieras y el «empeormiento del servicio prestado».

En concreto, el grupo plurinacional quiere introducir, vía enmienda, una disposición adicional nueva al proyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para este propósito.

Según consta en la enmienda, a la que ha accedido Europa Press, los de Yolanda Díaz quieren que en un plazo de tres meses el Gobierno apruebe las medidas normativas necesarias para que todas las entidades de crédito que operan en España estén obligadas a ofrecer a la clientela minorista una cuenta corriente básica regulada.

Dicha cuenta no sería remunerada, estaría denominada en euros, contaría con todos los servicios de pago vinculados (visualización digital y física y pagos en todas las modalidades) y sin comisiones. Asimismo, la enmienda estipula que la persona que tenga una cuenta corriente en el mercado libre tendrá el derecho –y el banco la obligación– de pasarse a la cuenta corriente básica regulada dentro de la misma entidad.

«Ante los enormes beneficios obtenidos por las entidades financieras y el ininterrumpido incremento de las comisiones bancarias pese al empeoramiento del servicio prestado, existe margen para la creación de una cuenta corriente regulada para toda la clientela minorista en España», explica Sumar en su propuesta.

HIPOTECA REGULADA Y CUENTA DE PAGO BÁSICAS

Sumar ha aprovechado el trámite de esta ley para registrar su conocida propuesta para diseñar una hipoteca regulada con un tipo fijo ligado a la deuda española a diez años, con un mínimo del 1% TAE y un plazo máximo de 30 años.

Otras características de esta hipoteca es que su sistema de amortización sería el francés o el alemán y contaría con un máximo de servicios vinculados al préstamo hipotecario. En concreto, la domiciliación de la nómina en la cuenta donde se giren las cuotas hipotecarias. Tampoco tendría comisiones de apertura o cancelación anticipada y el límite máximo de crédito respecto al valor de la vivienda sería del 80%.

Por otro lado, Sumar ha registrado enmiendas para establecer en el Banco de España un formulario de solicitud de apertura de una cuenta de pago básica, así como una declaración responsable.

QUE A LAS CRIPTOMONEDAS SE LES LLAME «CRIPTOAPUESTAS»

Otra de las enmiendas registradas por Sumar al proyecto de ley es una medida para que las administraciones públicas se refieran a los criptoactivos y criptomonedas que carezcan de colateral en un valor subyacente, y cuyo valor dependa exclusivamente de la especulación, como «criptoapuestas».

El grupo explica que la proliferación de criptoactivos y criptomonedas sin ese apoyo colateral ha generado un «mercado especulativo que se asemeja más a las apuestas en el juego que a la inversión en instrumentos financieros solventes.

En este sentido, los plurinacionales indican que a diferencia de los activos con respaldo, el valor de estas «criptoapuestas» no está vinculado a ningún bien tangible o activo subyacente, lo que los hace «extremadamente volátiles y susceptibles a la manipulación». «Su valor depende exclusivamente de la especulación, con una dinámica similar a la de los juegos de azar», apostilla en la justificación de la enmienda.

La banca comenzará a ofrecer transferencias de dinero instantáneas al mismo precio que las normales a partir del próximo mes, de acuerdo con el calendario que ha marcado el Gobierno para implementar esta iniciativa procedente de la Unión Europea.

En concreto, las entidades de crédito tendrán que ofrecer el mismo coste para las transferencias instantáneas dentro de la zona SEPA al mismo precio que las estándares a partir del 9 de enero de 2025.

El reglamento como tal se aprobó el pasado mes de febrero por el Parlamento Europeo por 599 votos a favor, 7 en contra y 35 abstenciones. El objetivo evitar esperas a los clientes minoristas y las empresas y mejorar la seguridad de las transferencias. Los bancos y otros proveedores de servicios de pago (PSP, en inglés) tendrán que garantizar transferencias asequibles y procesadas al momento.

Los países de la UE cuya moneda no sea el euro también tendrán que aplicar las normas, cuando las cuentas ya ofrezcan transacciones regulares en euros, después de un período transitorio más largo. Habrá una excepción especial a la obligación de efectuar el pago en un plazo de diez segundos para dichas cuentas fuera del horario laboral, por el riesgo de falta de liquidez en la divisa europea.

Para garantizar la seguridad, los proveedores de servicios de pago deben aplicar medidas sólidas y actualizadas de detección y prevención del fraude, a fin de evitar que el dinero transferido acabe por error o fraude en la cuenta equivocada y tendrán que ofrecer, sin coste adicional, un servicio de verificación de la identidad del destinatario.

No obstante, las transferencias que no son SEPA (en divisa diferente al euro, hacía países no SEPA o TARGET) quedan fuera de esta regulación, por lo que su precio no se equiparará al de las transferencias normales. Su precio dependerá de la política de cada banco.

Según ha explicado un portavoz de Banco Santander a Europa Press, en la mayoría de casos sus clientes no pagan por las transferencias ordinarias y esa política de precios «no va a cambiar. Por tanto, para esos clientes a partir del 9 de enero las transferencias inmediatas también serán gratuitas.

De su lado, según fuentes de BBVA, para sus clientes particulares «las transferencias inmediatas en banca a distancia (web y app) van a ser gratuitas a partir del 9 de enero y en oficinas se iguala la tarifa de inmediatas y transferencias SEPA estándar».

Esta es una línea de actuación similar a la que está teniendo Banco Sabadell. Según fuentes de la entidad catalana, en este mes que queda hasta el 9 de enero se está realizando la implementación tecnológica para facilitárselo a los clientes. Previsiblemente se les comunicará en los extractos de diciembre y mediante alertas a través de la aplicación móvil.

Preguntado por Europa Press, CaixaBank ha precisado que todos aquellos clientes vinculados al programa ‘Día a Día’, los clientes con cuenta ‘online’ y los clientes de Imagin (alrededor de 17 millones en total), tienen las transferencias ordinarias bonificadas y, por lo tanto, «a partir de enero también podrán efectuar transferencias inmediatas gratuitas».

«Como en todas las entidades, los clientes que no cuentan con transferencias bonificadas seguirán pagando las transferencias ordinarias y, a partir de enero, se igualará el precio de las transferencias inmediatas», ha precisado CaixaBank.

El PP defenderá esta semana en la Comisión de Trabajo del Congreso una proposición no de ley para promover entre las empresas el currículum vitae anónimo o ciego, que es un modelo sin referencias personales ni fotografías para evitar posibles discriminaciones y que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también defiende.

La formación explica que la forma habitual de preparar los currículums, con foto y datos personales, puede resultar en ocasiones «discriminatoria» para las personas que opten a un puesto de trabajo y ser eliminadas del proceso en una primera fase.

«La edad, el sexo, la raza, el estado civil o incluso el aspecto físico pueden ser un factor determinante para que el empleador, influenciado por las características y circunstancias personales del candidato, contrate a uno u otro aspirante», explica el PP en la explicación de motivos de la iniciativa, recogida por Europa Press.

Por ello, los de Alberto Núñez Feijóo instan al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para promover entre las empresas los procesos de selección de personal en los que, en su primera fase, se valore el currículum vitae anónimo o ciego de los aspirantes a un puesto de trabajo.

Este tipo de formato no supone eliminar la entrevista personal para que la empresa valore el candidato al puesto, sino que se ceñiría a una «primera criba» que atendería únicamente a la valía y aptitudes de los aspirantes, dejando al margen sus circunstancias personales.

Además de evitar posibles discriminaciones, el PP quiere con esta medida garantizar un acceso al empleo inclusivo, en igualdad de posibilidades y «más justo para todos», a la vez que beneficiar a las empresas con la contratación de los trabajadores más cualificados.

EN REINO UNIDO O FRANCIA SE UTILIZA

Esta idea no es nueva, pues desde 2006 en Francia se instauró como requisito obligatorio y su uso es también habitual en otros países como Reino Unido, Alemania, Suecia o Finlandia.

Cabe recordar que en 2017 el PP impulsó desde el Ministerio de Sanidad una iniciativa para un proyecto para el diseño, implantación y valoración de un proyecto de currículum vitae anónimo para la selección de personal, para fomentar su utilización, iniciativa a la que se adhirieron más de 78 empresas, entre las que figuraban Banco Santander, Gamesa, Endesa o Ikea.