El próximo 11 de noviembre de 2026 la AP-68 pasará a manos públicas después de 50 años de explotación privada y, con ello, la mayor parte de sus peajes desaparecerán. Sin embargo, los conductores que circulen por los 77,5 kilómetros del tramo vasco —gestionado por las diputaciones de Bizkaia y Álava— tendrán que seguir pagando. Euskadi se convertirá así en la única comunidad con peajes en sus vías de alta capacidad, mientras el resto de España avanza hacia la gratuidad total.
La AP-68 pasa a manos públicas el 11 de noviembre: así cambia el mapa de peajes en España
La AP-68, que une Bilbao con Zaragoza, es la última gran autopista de peaje que caduca. El Gobierno central y el navarro asumirán los tramos de Aragón, Navarra, La Rioja y Burgos y eliminarán el canon. Esto significa que, salvo para algunos vehículos pesados en situaciones puntuales, se podrá circular sin coste por la mayoría del trazado. Pero en los segmentos vizcaíno y alavés la historia es distinta. Las haciendas forales, amparadas por el Concierto Económico, mantendrán un sistema de pago que, en el caso de Álava, se reducirá un 70% respecto a la tarifa actual, según anunció la Diputación alavesa. Bizkaia, por su parte, aún no ha desvelado sus planes concretos, aunque fuentes forales apuntan a que la cuantía no variará drásticamente porque los ingresos se destinarán a modernizar la autopista y a financiar el mantenimiento del resto de la red viaria del territorio, que cuesta 120 millones de euros al año.
El resultado es que un conductor vizcaíno tendrá que pagar para ir a Vitoria o a San Sebastián, pero podrá llegar gratis a Andalucía o a la Comunidad Valenciana. La paradoja refleja el divorcio entre la filosofía del Gobierno central —que desde 2016 ha liberado más de 2.000 kilómetros de autopistas de pago— y la estrategia fiscal de las diputaciones vascas, que consideran los peajes una herramienta para recaudar fondos destinados a conservación y no «ganan dinero» con ellos, como subrayó el diputado foral de Infraestructuras de Bizkaia, Carlos Alzaga.
Por qué el País Vasco se convierte en una isla de peajes
Con la liberación de la AP-68, España pasará de tener más de 3.000 kilómetros de autopistas de peaje en 2016 a menos de 900, una reducción histórica impulsada por la presión social y la caducidad de las concesiones. Euskadi, en cambio, con esta decisión, mantendrá puntos de canon no solo en la AP-68 sino también en la A-8 hacia Gipuzkoa, los túneles de Artxanda y la Variante Sur Metropolitana, lo que refuerza su condición de isla. La UE defiende que «quien contamina, paga», pero ha dejado en manos de cada país la decisión última sobre sus autopistas.
Cómo pagará el conductor: tarifas, tecnología ‘free flow’ y el registro en Interbiak
Para cobrar el canon, Bizkaia implantará un sistema de peaje abierto sin ticket basado en la tecnología free flow, que ya funciona en la Supersur y en las carreteras convencionales para camiones. Un lector de matrículas registrará la entrada y salida al tramo de la AP-68 y calculará el coste según los kilómetros recorridos. Esto obliga a los conductores a darse de alta en el sistema de Interbiak, la sociedad pública gestora. Queda por ver si se mantendrá algún punto de pago físico para quienes no estén registrados. La Diputación formalizó en abril un contrato de tres millones de euros para integrar la autopista en su red de peajes, cuyo centro de control está en Peñaskal.
El conductor vizcaíno pagará para ir a Vitoria pero no para atravesar España; la decisión refleja la singularidad del Concierto, pero también aísla a Euskadi de la tendencia nacional hacia la gratuidad.
Las razones económicas y de seguridad detrás del peaje vasco
La respuesta combina argumentos económicos y de gestión. El Gobierno foral recauda anualmente unos 80 millones de euros por el uso de carreteras y aunque tiene un peaje social que bonifica a los usuarios intensivos del territorio, necesita esos ingresos para sufragar los 120 millones de coste de mantenimiento vial; por ley, todo lo recaudado debe revertirse en infraestructuras. Por otro lado, advierten de que liberalizar la AP-68 podría desbordar el tráfico de camiones —como ocurrió en la AP-1 o en Cataluña, donde tras eliminar peajes el tráfico pesado creció un 80%—, lo que deteriora el asfalto y alarga los tiempos de viaje. La Asociación Española de la Carretera ya alertó de que el déficit de inversión en conservación ha pasado de 7.000 millones en 2018 a 13.500 millones en 2024 en toda España.
Análisis E-E-A-T: el peaje vasco, una decisión controvertida pero con lógica financiera
La medida aísla a Euskadi del resto del país, pero tiene una coherencia interna que ningún otro territorio puede replicar. El Concierto Económico obliga a las haciendas forales a autofinanciarse, y los peajes son una fuente estable que permite mantener una red viaria de calidad sin depender de transferencias del Estado. La reducción del 70% en Álava es un gesto hacia los conductores, pero la indefinición de Bizkaia —que juega con la posibilidad de mantener tarifas altas para financiar otras carreteras— genera incertidumbre. Para los viajeros esporádicos, el sistema free flow puede resultar práctico, aunque la obligación de registrarse en Interbiak supone una barrera burocrática que muchos desconocen. En el debate de fondo, la decisión vasca choca con la tendencia hacia la gratuidad total y con el principio de que el coste de la movilidad debe asumirse vía impuestos generales. Sin embargo, mientras el déficit de conservación se dispara, apostar por el pago directo del usuario puede ser una solución pragmática. Lo que está claro es que, a partir de noviembre, ningún conductor que atraviese el País Vasco podrá olvidar que circula por una isla de peajes.
🚨 Ficha de la Normativa
- Infracción / Novedad: Traspaso de la AP-68 a gestión pública y mantenimiento de peajes en los tramos vascos (Bizkaia y Álava).
- Sanción económica: No aplica (no es una sanción, sino un canon de uso que se pagará por kilómetro).
- Puntos del carnet: No aplica.
- Entrada en vigor: 11 de noviembre de 2026.
