Este jueves 3 de abril entra en vigor la enmienda de La Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada a finales del año pasado en el Congreso de los Diputados y contemplada dentro de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Esta situación, de facto, implica que se comenzarán a celebrar en España los llamados juicios exprés que permitirán desalojaren un plazo de alrededor de 15 días a los okupas que hayan cometido los delitos de allanamiento de morada y usurpación.
Hace unos días también fue noticia que el PSOE cedió ante Junts per Catalunya y aceptó tramitar en el Congreso una proposición de ley para agilizar los desahucios y desalojar okupas en un plazo de 48 horas. Previsiblemente, los socialistas finalmente maniobrarán en las próximas fechas para acabar frenando esta medida.
OKUPACIÓN: ALGO MÁS QUE EL MANTRA QUE REPITEN LAS TELEVISIONES
La okupación en España es un fenómeno social y urbano que ha adquirido gran relevancia en las últimas décadas. Se refiere al acto de ocupar un inmueble vacío sin el consentimiento de su propietario, lo que ha generado un debate constante sobre sus implicaciones legales, sociales y económicas.
Este fenómeno ha tenido lugar principalmente en áreas urbanas, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. En ambas urbes, la escasez de vivienda y el aumento de los precios han favorecido el crecimiento de este tipo de prácticas. Una de las principales razones detrás de la okupación es la crisis de vivienda que afecta al Estado español.
A pesar de ser un derecho reconocido por la Constitución, el acceso a una vivienda adecuada se ha vuelto cada vez más dificultoso para una parte importante de la población. El aumento de los precios de alquiler, la precariedad laboral y la especulación inmobiliaria han dejado a muchas personas vulnerables sin poder acceder a una vivienda digna.
En este contexto, algunos recurren a la okupación como una forma de solucionar temporalmente sus problemas de alojamiento. Y otros, los menos y lo más conocidos por televisión, se organizan de forma delincuencial para hacer negocio con la propiedad ajena.
El perfil de las personas que okupan varía considerablemente. En muchos casos, se trata de personas jóvenes, sin recursos o con ingresos limitados, pero también existen okupas que actúan de forma organizada, integrados en colectivos sociales que buscan reivindicar el derecho a la vivienda.
En ocasiones, los inmuebles ocupados son utilizados como centros de actividades culturales, asociaciones o espacios autogestionados. Estos colectivos defienden la okupación como una forma de lucha contra el sistema económico que consideran injusto y excluyente. Por otro lado, la okupación también ha provocado una gran controversia.
Muchos propietarios, especialmente aquellos que tienen inmuebles vacíos, denuncian la ocupación ilegal de sus propiedades y demandan una mayor protección legal. En estos casos, la ocupación de viviendas se percibe como una violación de los derechos de propiedad y, en ocasiones, de la seguridad de los vecinos.
LA OKUPACIÓN EN LAS TELEVISIONES
En los magazines matinales han abundado en los últimos años las denuncias contra la okupación. Las grandes vendedoras de alarmas se publicitan en este tipo de espacios de actualidad que estigmatizan a los colectivos más vulnerables.
El periodista Jonathan Martínez explicó en 2020 en el medio Naiz que «cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. En verano de 2017, los jóvenes señalaban la luna de la precariedad laboral y los medios miraban el dedo de las pintadas. Ahora, los activistas señalan la luna de los desahucios mientras los medios atienden al dedo de los vecinos conflictivos».
Añadía el columnista que «la mirada extraviada de la prensa no responde a ninguna clase de necedad sino a una calculada estratagema. La defensa del gran propietario. La demonización de la pobreza. El odio inducido del penúltimo contra el último».
