La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado una sanción de la Policía Local de Sevilla por la captación de clientes en la vía pública por parte de un vehículo VTC de Uber.
Se trata del resultado de un recurso presentado por Ares Capital (empresa de Uber) contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla (TSJA), que avalaba la actuación de la Policía Local de esta ciudad al inmovilizar uno de sus vehículos que circulaba en zonas de demanda de servicios sin tener un servicio previamente contratado.
LOS VTC
El objetivo de ese recurso por parte de Uber era suprimir esta limitación –contratar el servicio con antelación–, que todavía está vigente en las comunidades que más han abierto el mercado a las VTC, como Madrid y Andalucía.
La normativa vigente en materia de Transporte prohíbe el estacionamiento de vehículos VTC en zonas de gran afluencia de viajeros (como estaciones de tren) para captar clientes, por lo que la inmovilización es una medida cautelar y que no atenta contra el principio de libre empresa ni sobre la ley de garantía y unidad del mercado.
La normativa vigente en materia de Transporte prohíbe el estacionamiento de vehículos VTC en zonas de gran afluencia de viajeros (como estaciones de tren) para captar clientes
«A través de Antaxi y junto con el Ayuntamiento de Sevilla, hemos defendido esta medida coercitiva que las VTC incumplen sistemáticamente y que ha sido refrendada por el Tribunal Supremo porque, recordamos, las calles no son de uso exclusivo de las VTC y de sus propias normas», ha señalado el presidente de Antaxi, Julio Sanz.
OTROS TEMAS
Las 1.000 licencias de VTC cuya aprobación devolvió el Tribunal Supremo al gobierno autonómico de Madrid es algo que solo le conviene a Cabify y a Vecttor, la empresa que maneja los permisos del unicornio. Al menos, eso se desliza cuando se revisa la opinión de la competencia, los taxistas e incluso de la principal patronal del sector: Unauto VTC, cuyo presidente ejecutivo nacional, Jose Manuel Berzal, ha señalado los riesgos que estas licencias representan para el mercado de transporte de la región, que a su criterio ha conseguido un equilibrio entre las nuevas plataformas, el transporte público y los taxis y estima que con la llegada de los nuevos conductores y vehículos de Cabify se sobrecargará.
«En la Comunidad de Madrid no caben las 25.000 nuevas licencias de VTC que quiere Cabify», sentencia el presidente en conversación con MERCA2 sobre todas las licencias que ha solicitado el unicornio español. Sin embargo, aclara que no tiene que llegar a ese número y que simplemente con que se aprobaran las 1.000 licencias que el supremo ha enviado de vuelta a la Comunidad de Madrid para su revisión sería suficiente para generar un problema en la capital. «A nuestro criterio no caben 25.000, ni 2.000, y 1.000 nuevas licencias en la CAM», sentencia.
«La demanda que existe actualmente en la CAM está satisfecha tanto por la VTC como por el taxi, con lo cual se generaría un desequilibrio innecesario en el mercado», explica Berzal. El director espera que el criterio de la Comunidad tome la decisión correcta con base en su criterio, como asegura que siempre lo ha hecho antes de aclarar que no es que ‘Unauto VTC’ tenga una posición en contra de Cabify, Vecttor o cualquier otra de las plataformas del sector. «Nosotros simplemente defendemos un modelo de ciudad», asegura.
Para el presidente de esta patronal, la aprobación de un alto número de estas licencias podría desembocar en una guerra de precios dañina para todo el sector. Es posible que con demasiada competencia para la demanda existente, esto obligue a las propias plataformas que operan en Madrid, Uber, Bolt y, por supuesto la propia Cabify, tengan que bajar demasiado los precios lo que complicaría la facturación de las empresas del sector y de los conductores.
Más allá de los contratos actuales y de la negociación actual para el convenio colectivo de las VTC de Madrid, los conductores tienen que cumplir con unas condiciones mínimas de facturación para recibir sus bonificaciones. Por tanto, es un peligro no solo para las pequeñas, medianas y grandes empresas, sino también para los trabajadores que muchas veces pasan hasta 12 horas trabajando para poder cubrir la facturación necesaria para recibir estas bonificaciones.
«Se podría iniciar una guerra de precios que al final afectaría la calidad del servicio», recuerda además el directivo. Sin embargo, los riesgos no terminan en la situación de los consumidores, sino también en la negociación actual del convenio de VTC de Madrid
