La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo celebrará este viernes una reunión en el Congreso con vistas a poner fin a la negociación de sus recomendaciones y dejarlas listas para someterlas a votación el próximo martes 27 en comisión.

Así, la presidenta de la Comisión, la exministra socialista Magdalena Valerio, reservó el próximo martes tras concluir la semana pasada la última revisión de las recomendaciones, quedando los grupos en celebrar un encuentro más para comprobar en papel el redactado final de los letrados con los últimos cambios.

Esta reunión estaba prevista para el pasado viernes y la votación para esta semana, cuando, según varias fuentes de la Comisión, Vox solicitó postergar los trabajos por la moción de censura de esta semana, una solicitud aceptada por Valerio. Otras fuentes señalan que no fue el único grupo que solicitó más margen.

En todo caso, todas las fuentes consultadas coinciden en que, a partir de este viernes, los grupos están emplazados a trabajar sus posiciones finales que defenderán, ya sí en público, primero en Comisión y después ante el Pleno de la Cámara.

SUBIDAS CON EL IPC Y SANEAMIENTO DE LAS CUENTAS EN TRES AÑOS

Entre las principales aportaciones del Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.

Este consistiría en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado y no desde las cuentas de la Seguridad Social.

Asimismo, las aportaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlos por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

EXCEPCIONES EN LAS PENALIZACIONES A JUBILACIONES ANTICIPADAS

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión –hasta 25 años en 2022– pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afecten a la cuantía de la pensión.

Finalmente, además de respaldar medidas para ajustar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.

En este caso, el Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.

Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.

RECHAZO A UNA “TRANSFORMACIÓN RADICAL” DEL SISTEMA

El nuevo texto, además, incluye una recomendación ‘cero’ con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una “transformación radical” del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad o incluso eventuales reformas que afecten a los mismos.

Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como “fuente básica” de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.